LA TENDENCIA PIQUETERA REVOLUCIONARIA ANTE LA LEY ANTITERRORISTA

Comunicado de Prensa de la TPR
Jueves, 29 de diciembre de 2011

“Con la Ley Antiterrorista, Cristina se arrodilla ante el imperialismo y le da la espalda al conjunto de las organizaciones populares y de derechos humanos del país”

VAMOS POR UN PLAN DE LUCHA PARA CONQUISTAR LA ANULACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA

MARCHA A PLAZA DE MAYO
JUEVES 29/12 A LAS 17HS, DESDE AV. DE MAYO Y AV. 9 DE JULIO

En el día de ayer, miércoles 28 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que promulga la Ley Antiterrorista. Frente a esto, Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), declaró que “durante los últimos días, decenas de organizaciones, algunas de las cuales apoyan al gobierno nacional, expresaron su oposición a la ley y, en algunos casos, le reclamaron a Cristina el veto a la misma. Entre esas decenas de organizaciones se encuentran las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el SERPAJ, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la CTA-Micheli, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, e incluso el propio juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Con la promulgación de la Ley Antiterrorista, Cristina decidió darles la espalda a todos ellos. Como ya lo hizo con el tarifazo y el anuncio de los topes salariales, Cristina vuelve a colocarse en oposición a los intereses del 54% de los argentinos que la votaron el 23 de octubre y del conjunto del pueblo argentino”.

ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE DDHH Y EL IMPERIALISMO, CRISTINA ELIGE AL IMPERIALISMO

“El gobierno nacional no ha tenido ningún empacho en reconocer que la aprobación de la Ley Antiterrorista obedece a una indicación directa del imperialismo. Aníbal Fernández dijo que se trató de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional para que Argentina siga formando parte del grupo. En esa misma línea, Miguel Pichetto, senador del Frente para la Victoria, señaló que la Ley Antiterrorista es un requisito del G-7, que reúne a las principales potencias imperialistas, y Jorge Landau, apoderado del PJ, afirmó públicamente en la televisión que para seguir participando del G-20, el gobierno tenía que aprobar la ley. A todo esto se le agrega la información, de público conocimiento, que indica que Obama le pidió a Cristina la aprobación inmediata de la ley en la reunión que mantuvieron hace pocas semanas. De esta forma, el gobierno confiesa su impotencia para enfrentar al imperialismo y su decisión de someterse a los dictámenes del mismo. Por todo esto, desde la TPR podemos decir que, entre las organizaciones de derechos humanos por un lado, y las potencias imperialistas por el otro, ya sabemos con quién se queda Cristina” señaló Marino.
PARA EVITAR UN GOLPE DE MERCADO NO HAY QUE ATACAR LA LIBERTAD DE PRENSA, HAY QUE NACIONALIZAR LA BANCA BAJO CONTROL OBRERO Y POPULAR, Y ESTABLECER EL MONOPOLIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y EL CONTROL DE CAMBIOS
Marino agregó que "Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, confesó que el gobierno utilizará la ley para atacar la libertad de prensa, con el pretexto de evitar un posible golpe de mercado promovido por los medios de comunicación. A pesar de que luego la plana mayor del gobierno salió a desautorizar a Sbatella, lo cierto es que la ley efectivamente contempla este ataque a la libertad de prensa cuando establece que la difusión de noticias falsas que impacten sobre el mercado cambiario o financiero pueden ser reprimidas con penas de hasta 4 años y con la inhabilitación por 5 años. Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión, dado que a partir de ahora los jueces y el gobierno tienen la capacidad de definir qué noticias son falsas y cuáles no, y en función de eso criminalizar a sus autores. Sin embargo, poco y nada puede servir esto para enfrentar un eventual golpe de mercado y bloquear el lavado de dinero. No por nada algunos de los principales especuladores y lavadores de dinero del país, los bancos agrupados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), festejaron con bombos y platillos la aprobación de la ley. Sin ir más lejos, hoy la vice-presidencia segunda de ABA está en manos del Citibank, que protagonizó un escándalo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico de México en 2001 y un escándalo por coimas a funcionarios públicos en 1994. Esto, sumado al hecho de que, con el gobierno de Cristina, la banca y los pulpos capitalistas siguen contando con el marco legal necesario para llevar adelante la fuga de capitales y el giro de dividendos que vacían la economía nacional y generan una presión devaluacionista. Lejos de enfrentar este saqueo, el gobierno de Cristina está buscando la aprobación del imperialismo para reingresar al mercado de endeudamiento externo, y es también por eso que aprueba la Ley Antiterrorista. Es decir que los bancos aplauden la ley porque quieren montar un enorme negociado con el endeudamiento del Estado nacional. Las medidas adoptadas por el gobierno, como el control de la compra y venta de dólares por parte de la AFIP, no han podido frenar en absoluto el saqueo en curso. El gobierno se ha negado a ir más allá por su política de capitulación frente al imperialismo, la banca y los pulpos capitalistas. En oposición a la política de Cristina, es necesario señalar que la forma de enfrentar un golpe de mercado y defender la economía nacional no es atacando la libertad de prensa, sino nacionalizando la banca bajo control obrero y popular, no pagando la deuda externa, y estableciendo el monopolio estatal sobre el comercio exterior y el control de cambios. La clase obrera tiene que romper con la política del gobierno nacional e intervenir de forma independiente con este planteo para defender al país frente al saqueo imperialista".
LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO A LA AMIA NO TOLERAMOS QUE NOS UTILICEN PARA JUSTIFICAR UNA LEY REPRESIVA DICTADA POR EL IMPERIALISMO

Por su parte, Luciana Ginsberg, dirigente de la TPR e hija de José Enrique Ginsberg, víctima del atentado a la AMIA, denunció a “Aníbal Fernández y a los medios oficiales, como Tiempo Argentino, por utilizar la causa AMIA para justificar la aprobación de la Ley Antiterrorista. Resulta indignante que digan que gracias a esta ley se podrán evitar nuevos casos como el atentado a la AMIA y que se podrá sancionar como corresponde a los ejecutores, cuando desde su asunción en 2003 los sucesivos gobiernos kirchneristas se han negado a abrir los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia, garantizando la impunidad al Estado argentino, responsable del atentado. Lejos de servir para que avance la causa AMIA, la ley va a ser utilizada para criminalizar a los que luchamos para que el gobierno de Cristina abra los archivos secretos, con el argumento de que estaríamos obligando al gobierno a realizar un acto determinado. Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA repudiamos los dichos del asesino de Kosteki y Santillán, Aníbal Fernández, y no vamos a tolerar que nuestra lucha sea utilizada para justificar la política pro-imperialista y represiva del gobierno nacional”.

CRISTINA GOBIERNA CON EL CÓDIGO PENAL EN LA MANO

Marino agregó que “ahora, todos los escribas oficiales se están empeñando en ocultar el carácter represivo de la ley. En la editorial de Tiempo Argentino del día de ayer, se afirma que no se va a criminalizar la protesta social con el argumento de que el nuevo texto legal es un agravante de conductas que ya se encuentran tipificadas como delito en el Código Penal, cuando fue el propio Aníbal Fernández quien en 2007 dijo que los Kirchner gobernarían con el Código Penal en la mano contra los luchadores. Los escribas oficiales parten del supuesto falso de que este es un gobierno que no reprime y no criminaliza la protesta social, ocultando lo que Cristina Fernández de Kirchner dejó bien en claro en su discurso de asunción calificando las luchas obreras y populares como actos extorsivos contra el gobierno. Sin ir más lejos, los compañeros Alejandro Furman e Ignacio Perriconi, militantes de la TPR, están procesados acusados del delito no excarcelable de extorsión, cuya pena va de 5 a 15 años, por apoyar una manifestación sobre las vías de trabajadores vendedores ambulantes del Ferrocarril Roca quienes le reclamaban trabajo digno al Ministerio de Trabajo. Como la nueva legislación impone la duplicación de las penas, cualquier manifestación por las reivindicaciones obreras al Ministerio de Trabajo puede implicar la criminalización de los manifestantes y su encarcelamiento por más de 10 años. El argumento oficial de que no hay que preocuparse por la ley dado que este sería un gobierno que no reprime, queda absolutamente desmentido por el hecho de que en Argentina y con el gobierno de los Kirchner, hay más de 5000 luchadores procesados. El verso de Carta Abierta, que ahora se ha atrevido a afirmar a través de Horacio González que la crisis política abierta y el repudio popular a la ley se deben solamente a la terminología supuestamente poco agraciada utilizada para denominar a la ley, es una provocación y un acto de subestimación política e intelectual hacia las organizaciones de derechos humanos de nuestro país y todos los que luchamos contra la criminalización de la protesta”.
LA LEY ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA QUE JUECES Y GOBERNADORES REPRIMAN A LOS LUCHADORES
"A diferencia de lo que dicen los escribas oficiales, que llaman a los luchadores a no preocuparse por la aprobación de la ley, con la Ley Antiterrorista el gobierno nacional le ha dado un cheque en blanco a jueces y gobernadores para que repriman a discreción. Dado que modifica el Código Penal, cualquier juez, gobierno provincial o empresario podrá acusar a los luchadores de terroristas, y la decisión final quedará en manos de la justicia argentina, autoridad de aplicación del Código Penal. La misma justicia que, mientras tiene a más de 5000 compañeros procesados, le ha garantizado la impunidad a la mayoría de los militares que ejercieron el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Ahora, jueces como Armella, que pretende desalojar a las miles de familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, pueden acusar de terroristas a quienes se resistan a los desalojos y luchen por vivienda. Ahora, gobernadores como Maurice Closs, el radical K de Misiones cuya policía acaba de torturar y encarcelar a Ines Lorenzetti, militante del Foro de la Agricultura Familiar, podrán acusar de terroristas a los agricultores que se resisten a la expropiación de sus tierras en manos de especuladores. Lo mismo con Gildo Insfrán, el asesino de los compañeros QOM, que podrá acusar de terroristas a los pueblos originarios que luchan por la tierra. Casos como este se van a repetir en toda la extensión del territorio nacional, y esto por exclusiva responsabilidad del gobierno de Cristina que, con la ley, ha dado vía libre para que se desarrolle una virulenta campaña de criminalización de la protesta social en Argentina" declaró Marino.
UNA LEY CONTRA LAS LUCHAS Y LOS LEVANTAMIENTOS OBREROS Y POPULARES

“La Ley Antiterrorista es aprobada en un momento en el cual se está produciendo un proceso de ruptura entre los trabajadores y el gobierno producto del ataque que Cristina prepara contra el movimiento obrero a través de los topes salariales, el tarifazo e incluso la posibilidad de la estatización de las obras sociales. El discurso de asunción de Cristina, rabiosamente anti-obrero, buscó preparar las condiciones políticas para montar este ataque en toda la línea contra la clase obrera y los explotados. El gobierno es consciente de que las luchas obreras que se avecinan van a empalmar con los grandes levantamientos populares que se vienen desarrollando durante 2010 y 2011, y por eso aprueba la Ley Antiterrorista para derrotar estas grandes luchas e imponer el tarifazo, los topes salariales y el pago de la deuda. Por eso, para derrotar el viraje derechista del gobierno, es necesario también luchar por la anulación de la Ley Antiterrorista” destacó el dirigente de la TPR.

VAYAMOS POR UN PLAN DE LUCHA HASTA CONQUISTAR LA ANULACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA

Para finalizar, Juan Marino señaló que “la decisión de Cristina de imponer la Ley Antiterrorista ha desatado una crisis al interior de las propias filas del kirchnerismo. A las organizaciones de derechos humanos que apoyan al gobierno nacional, se les ha sumado hasta el ultra-menemista ahora reconvertido en kirchnerista Jorge Yoma, que en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados votó en disidencia al dictamen de la ley, con el argumento de que se trata de una adaptación a las presiones del GAFI y que la ley permite todo tipo de discrecionalidad a los jueces. Esta crisis política se ubica luego de la crisis abierta entre Cristina y Moyano, la que implica un principio de escisión de la CGT frente al gobierno nacional. El viraje de Cristina hacia la derecha producto de la bancarrota capitalista y la crisis fiscal, limita su capacidad de arbitraje y cooptación sobre las organizaciones populares. Desde la Tendencia Piquetera Revolucionaria llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos a sacar las conclusiones que se desprenden de esta situación, romper con la política del gobierno que elaboró y promulgó la ley, y desarrollar un plan de lucha junto con el conjunto de las organizaciones de lucha de los trabajadores hasta conquistar la anulación de la Ley Antiterrorista. En esa misma línea, convocamos a todas las organizaciones obreras y populares a movilizarse el día de hoy a la Plaza de Mayo con este planteo”