4 nov. 2018

MST: ELIMINAR LA TOTALIDAD DE LOS APORTES DEL ESTADO A LA IGLESIA

El lunes 5 de noviembre se realizará la 116º Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino en la localidad bonaerense de Pilar. Se extenderá hasta el viernes 9 y reunirá al Nuncio Apostólico, 93 obispos  (diocesanos y auxiliares), 43 obispos eméritos, entre otros miembros de la Curia Católica.
Según lo informado por medios nacionales y teniendo de fondo la fuerte campaña que venimos realizando desde Alternativa Docente, la agrupación Juntas y a la Izquierda y el MST, junto a muy amplios sectores para lograr la separación de la Iglesia y el Estado (campaña identificada con los pañuelos naranja y negros), los obispos volverían a anunciar una renuncia paulatina y gradual sobre el aporte económico que reciben del Estado.
Se trata de casi $180 millones del Presupuesto nacional, es decir de los impuestos que pagamos todes, que el gobierno de Macri destina a pagar los sueldos de obispos, sacerdotes y seminaristas, así como a las obras, reparaciones y mantenimiento de sus edificios[1].
Pero en verdad, la Iglesia debería dejar de recibir los más de $ 36.000 millones que recibe en subsidios, exenciones y privilegios de parte del Estado (ver cuadro abajo). Y no solo los 140 millones que se anuncian ahora.
El malestar en la sociedad y el reclamo por separar la Iglesia y el Estado cobró mayor fuerza con la lucha y debate por conquistar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Además de los escándalos de pedofilia y encubrimientos que pesan sobre la Curia. Es por eso que la Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno de Macri venían abriendo el paraguas y empezaron a dar pasos para ver cómo reducir de forma paulatina, esta porción del suculento sostenimiento económico del Estado al culto católico.
Así lo habían ratificado en la reunión de la Conferencia Episcopal de agosto. Y por eso funcionaría desde mayo una comisión mixta entre gobierno e Iglesia para analizar distintas alternativas y consensuar una propuesta. En ella participan la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto de la Nación, junto a obispos, sacerdotes, contadores, abogados y técnicos. Pero aún no hay medidas concretas…
Es que la Iglesia se vio beneficiada por 5 decretos-ley[2] de la dictadura militar genocida, los que siguen vigentes hasta hoy, ya que no fueron derogados por ninguno de los gobiernos posteriores, electos en esta democracia para ricos. Uno es la Ley 21.950 de 1979, firmada  por el dictador Jorge Rafael Videla que establece que obispos y arzobispos gocen de una “asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia”.

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