11 dic 2019

PRML: FIN DE AÑO SIN DEJAR LA CALLE - YA SALIÓ NT 147



Fin de año sin dejar la calle

Una crisis en desarrollo

La crisis que atraviesa América Latina no puede entenderse por fuera de su base económica. La guerra comercial entre EE.UU. y China condiciona los procesos políticos de  países que, a su vez, cierran una década en la que la baja de los precios internacionales de los commodities marca una tendencia contraria al impulso de los años anteriores. Así, si Macri había vendido la ilusión de “integrarse al mundo” al comienzo de su mandato, en sus últimos días “el mundo” le retribuyó, en la persona del presidente yanqui Trump, con el restablecimiento de los aranceles para el aluminio y el acero, medida que también impacta en Brasil y que en nuestro país golpea a los gigantes del sector como Techint y Aluar.
Por supuesto que esta decisión va a pesar sobre todo en el gobierno entrante, que sin romper lanzas mantiene una actitud de prudencia hacia EE.UU. Alberto Fernández salió al cruce de Trump por el golpe en Bolivia y el peronismo operó para que nuestro país no reconociera al gobierno de facto de Añez. En cambio, mantiene una posición discreta respecto de los sucesos en Chile: se trata de un escenario que le queda bastante más incómodo. El desafío abierto a Piñera -presidente constitucional del país-, el enfrentamiento constante con las fuerzas de seguridad, el veto al sostenimiento de la desigualdad como motor de la política: el contenido de la rebelión chilena y su fuerza de masas no encajan con proyectos que buscan administrar el capitalismo monopólico y dependiente.
De un lado Chile, Colombia y Ecuador; del otro el golpe en Bolivia, con el antecedente del fracasado intento en Venezuela. La crisis económica es la base para choques de clase que tienden a resolverse por la fuerza. Es también el contexto para que tome forma el proyecto del antiimperialismo revolucionario capaz de orientar a la clase trabajadora y los pueblos hacia salidas de fondo.

Escenario muy difícil

En su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández se mostró conciliador, tanto hacia el gobierno saliente como para con los reclamos populares. El “pacto social” fue rebautizado como “Acuerdo Básico de Solidaridad en la Emergencia”. Se anunciaron medidas para resolver los problemas de la falta de trabajo, de la pobreza y de la vivienda, para proteger el medio ambiente y para atender las demandas de las mujeres, entre otras, aunque sin muchas precisiones de cómo se van a implementar. Pero lo más sustancioso estuvo en su declaración antes de dirigirse al Congreso: “Quiero que entendamos que el escenario que tenemos es muy difícil, mire por donde se lo mire”.
La frase está más que justificada. El nuevo gobierno recibe un país al borde del colapso financiero. Según datos oficiales, la deuda pública bruta terminará el año por encima de los 337.267 millones de dólares, cifra que representa el 80,7% del PBI. Según el acuerdo en vigencia, de los U$D200.000 millones a pagar durante los próximos cuatro años, solo en 2020 deberá desembolsar U$D63.000 millones. Para ello, recibe reservas líquidas por alrededor de U$D10.000 millones, además de una economía en recesión. Con el default a la vuelta de la esquina, el equipo económico negociará quitas de capital, de intereses o extensión de plazos, maniobrando para no verse obligado a descargar un nuevo ajuste. Tanto al FMI como a los acreedores privados se les hablará de la poca viabilidad política de ajustar a un pueblo que viene sufriendo pérdida de poder adquisitivo, inflación y estancamiento económico. Sin desestimar las razones políticas, parafraseando a un ex ministro de Economía de los ’80, no hay que olvidar que los tenedores de deuda piensan con el bolsillo y no con el corazón. A este respecto, el periodista Carlos Pagni (La Nación, 28/11) recapitulaba que para hacer frente al tema deuda, el gobierno de Menem contó con “las joyas de la abuela” -la privatización de las empresas de servicios públicos- y el de Kirchner con la soja a cotización record. ¿Tiene algún colchón la economía en tiempos de Alberto? No habrá que perder de vista la política del nuevo gobierno hacia los recursos naturales del país. Por lo pronto en Chubut -la provincia de la pelea por los salarios atrasados-, la semana pasada hubo una represión, con detenciones incluidas, hacia los asambleístas que se manifestaban en la Legislatura contra los proyectos favorables a la megaminería.
La situación de las provincias no es mucho más alentadora. En Buenos Aires, el primer año de mandato de Kicillof afrontará vencimientos de deuda por U$D2 mil millones. A ello deberá hacerle frente con un Banco Provincia virtualmente vaciado. La gestión económica entrante denuncia que en un año y medio, el financiamiento del 50% a las compras de supermercado tuvo un costo de más de $8.000 millones. Las patas cortas de una política que benefició a consumidores pero sin tocar los intereses de las grandes cadenas.
Este es el centro del problema que el peronismo en el poder tiene por delante: cómo resolver las inmensas necesidades del pueblo sin romper una matriz económica monopólica y dependiente, donde son los grupos concentrados los que le fijan las reglas al gobierno y no al revés. Valga el ejemplo de la banca local, que cerrará 2019 con ganancias superiores a los $200.000 millones, lo que en cuatro años de macrismo da la suma de $466.801 millones.

Con la pobreza no hay pacto posible

Con el aumento a las jubilaciones y el “bono selectivo” para salarios bajos, las primeras medidas a tomar por el gobierno van en dirección a aliviar un poco el fin de año en materia económica, con énfasis especial en contener la pobreza. Se trata de un plan que tuvo su primera foto en la reunión con los Cayetanos junto a la Pastoral Social, con quienes se discute la gestión de la emergencia alimentaria y la puesta en marcha de emprendimientos que impulsen la generación de “empleos de baja calificación”, según las palabras de sus propios promotores, como Emilio Pérsico del Movimiento Evita y Sebastián Salvia del observatorio social de la UCA.
En cuanto al sindicalismo, que tanto trajinó Alberto F. siendo candidato, los primeros chispazos aparecieron semanas antes de la toma de mando, cuando Camioneros salió a reclamar un bono de fin de año. El reclamo tomó temperatura con la protesta de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo y la amenaza de paro. El propio presidente electo se involucró para enfriar la situación, sentándose a negociar con el moyanismo posibles espacios en el futuro gabinete. Más allá del arreglo económico que el gremio pueda conseguir, el principal valor de la movida es político. Justo días después de que Daer coincidiera en sus declaraciones con el vicepresidente de la UIA José Urtubey, ambos diciendo que el pedido de un bono de fin de año era inapropiado. Moyano no se ahorró críticas para el jefe cegetista: esta diferenciación le permitió tomar distancia de los sectores más obsecuentes de la CGT -gobierne quien gobierne-, al tiempo que le pone palos en la rueda a unidad sindical por la que tanto viene trabajando el gobierno aun desde antes de asumir.
Más allá de las intenciones que animen a Moyano, es de notar el buen olfato para oler que el horno no está para pactos con una pérdida salarial que llega a picos del 30%, con una inflación anual que cerrará arriba del 55% y con la pobreza encima del 40%; cuestión de la que deben tomar nota las direcciones y los reagrupamientos del sindicalismo antiburocrático y combativo, además de los movimientos de desocupados y demás organizaciones populares.
También hay que observar que los triunfos electorales otorgan fortaleza y siembran expectativas, pero no emiten cheques en blanco. Eso lo está viviendo en carne propia Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño, reelecto en primera vuelta, sufrió un freno en seco a su prepotencia política con la rebelión de los residentes y concurrentes. El parazo de la salud hizo retroceder al gobierno en una ley aprobada por la Legislatura. La bronca popular está dispersa y sin eje, pero cuando se concentra en un punto es de muy difícil contención.

No abandonar la calle

Se retiró el gobierno más antipopular desde el final de la dictadura. Ello es motivo para el festejo genuino de importantes sectores de masas. Pero la alegría se ve matizada por el tendal de problemas que agudizó en sus cuatro años, y cuya resolución por parte del nuevo gobierno va a ser sumamente difícil. Las medidas de emergencia de los primeros días deben ser aprovechadas para sobrellevar la actual situación, sin dejar de advertir sobre esta fragilidad estructural en la que se apoyarán. No se trata de que en algunos años haya menos pobres, sino de terminar de una vez con la pobreza.
En este punto, el fin de año se presenta para que el reclamo callejero de trabajadores ocupados y desocupados marque la agenda de lo que va a venir, reclamando en lo inmediato soluciones para la emergencia. En esa dirección fue importante la jornada del frente de lucha piquetero en Desarrollo Social, y la movilización de la CUBa-MTR y otros movimientos por el centro porteño en reclamo de los haberes no pagados en varias provincias. Más discreto, el acto de la coordinación del sindicalismo antiburocrático y combativo en obelisco aportó en la misma dirección. Iniciativas que van en el sentido de poner sobre la mesa las necesidades para exigirle al gobierno que las resuelva: recomposición salarial para todos los trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, congelamiento de precios a enero de 2019, basta de despidos, emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional.
En el corto plazo la movilización se debe desarrollar sin perder de vista que el recambio presidencial genera expectativas en franjas amplias. Pero también recordando que la expectativa es tan grande como los problemas a resolver. Las mejoras inmediatas son de corto alcance si no van en camino hacia tomar medidas de fondo que resuelvan los temas estructurales: no pago de la deuda, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos.
Por otra parte, no hay que olvidar que, aunque las elecciones hayan ordenado la transición, la coyuntura latinoamericana y de otras latitudes habla de una tendencia que va en dirección a crisis más grandes. Sobre el cierre de 2019 la paciencia de los pueblos no cotiza en alza. Si bien hasta el momento, salientes y entrantes han confluido en apaciguar el descontento social, en algún momento habrá que dar respuestas al mandato de cambio profundo y el escenario no ayuda. Se achica sensiblemente el margen de tolerancia para seguir acumulando decepciones, y las masas tienden a expresar su bronca por la vía de la lucha directa. A la par de las reivindicaciones urgentes, un proyecto que se plantee transformaciones de fondo debe tener esta premisa como su orientación principal.

Agustín Damaso

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