Descender a los límites del horror: eso hizo el fiscal ad hoc Patricio Rovira cuando bajó al sótano del ex centro clandestino de detención de la base militar que operó en el predio donde antes había funcionado el ingenio Santa Lucía, en Tucumán.
El lugar había sido descripto por varios sobrevivientes. Y una inspección ocular, en septiembre pasado, había dado cuenta de su existencia, pero nunca se había podido acceder. Hasta que la erosión de la tierra dejó un hueco y la semana pasada se pudo entrar por un acceso alternativo.
El lugar fue usado durante el Operativo Independencia -la acción represiva contra el ERP en el monte tucumano- y luego durante la última dictadura cívico-militar.
El sótano fue construido a fines del siglo XIX por los dueños del lugar. El lugar está ubicado debajo de lo que fue la administración del ingenio, cerrado en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. “Entre ese año y el ‘76 el ingenio no funcionó y después se instaló la base militar de Santa Lucía”, explicó el fiscal Patricio Rovira. La zona, dentro del departamento de Monteros, fue una de las más calientes del monte tucumano, donde se llevó adelante una represión feroz.
“Esto es el comienzo, son pruebas de la investigación y van a formar parte de la megacausa por el Operativo Independencia, en la que ya quedó firme el procesamiento de 16 imputados”, afirmó el fiscal. La identificación de este centro es una prueba documental central para ratificar todos los testimonios de víctimas y sobrevivientes que estuvieron en el lugar.
En el marco de la investigación penal que lleva adelante la justicia, la semana que viene empezará a trabajar parte del Laboratorio Químico de la Policía Federal para detectar la existencia de fluidos humanos (como sangre o saliva) para su eventual identificación.
Desde que descubrió el lugar, se evaluaron las mejores formas de entrar y qué equipo debía hacerlo. Sin aberturas e íntegramente sellado por fuera, era una especie de fortaleza. Todo cambió con una llamada: una mujer, responsable del comedor comunitario que funciona en el lugar, se comunicó el miércoles por la tarde con la justicia. Contó que partes del terreno se habían desplazado y permitían un acceso.
A primera hora del día siguiente al llamado, Rovira hizo los 50 kilómetros que separan San Miguel de Tucumán de Santa Lucía y se puso a trabajar. La noticia revolucionó al pueblito de cinco mil habitantes. El lugar estaba repleto de gente: curiosos y algunos familiares de desaparecidos. Rovira se tomó el tiempo de explicarles que se trataba de una medida judicial, una inspección ocular que formaba parte de una investigación.
El primero en entrar fue un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), después Rovira y por último un testigo que colaboró en la causa. Adentro los esperaba la oscuridad absoluta. “Tuvimos que pedir unas luces de emergencia porque no se veía absolutamente nada. El piso es como de barro y las paredes están todas húmedas, mojadas. También había tachos volcados con alquitrán y cemento”, explicó. El fiscal dijo que el olor en el lugar era similar al de una curtiembre.
La construcción es rectangular, de 20 x 10 metros. El techo es abovedado, de 2,5 metros de altura y las paredes de ladrillo a la vista. Sin ventanas: tenía dos probables aberturas, una era una escalera que llevaba a la planta baja y que estaba sellada con cemento. “Nos sorprendió la instalación eléctrica que quedó de esa época. Se ven los aisladores, las cajas eléctricas, todo quemado, con las marcas de las llamaradas. Todo muy frágil”, explicó Rovira.
“Muchos testigos hablaban de túneles y galerías, de hecho en un entrepiso del galpón donde funciona el comedor había como una tarima en la mitad, donde se dejaban a presos”, señaló Rovira. La conexión con uno de los probables túneles que llevaran a los sótanos de otras de las construcciones del lugar, también sería investigada en los próximos días.
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