Frente al justo reclamo del sindicato de Camioneros de un aumento en el mínimo no imponible por el impuesto a las ganancias y contra los recortes a las asignaciones familiares, el gobierno de Cristina Kirchner respondió con un operativo represivo que incluyó la movilización de la Gendarmería y el inicio de causas penales por amenazas y cortes de ruta, ordenadas directamente por la presidenta.
Días después el gobierno nacional envió al secretario de seguridad de la Nación, el militar Sergio Berni, al frente de las fuerzas de Gendarmería a reprimir la lucha de los trabajadores petroleros de Cerro Dragón en Chubut, quienes reclaman contra los despidos y exigen ser incluidos en el convenio de la actividad y no en el de la construcción.
Estos hechos ponen en evidencia el doble discurso del gobierno y la continuidad de una política de criminalización de la protesta social, como ocurre con los trabajadores de la empresa Kraft Foods quienes aún continúan procesados acusados de diversos delitos por haber enfrentado más de 150 despidos en el año 2009, momento en que golpeaba fuerte la crisis económica mundial que hoy vuelve a afectar nuestra economía.
Si el gobierno nacional no tiene problemas en iniciar causas penales contra el secretario general de la CGT ¿qué le puede esperar a un trabajador o delegado de base que lucha por su salario?
Por eso apoyamos el derecho de todos los trabajadores a movilizarse por sus reclamos y exigimos el fin de la persecución judicial por parte del gobierno nacional.
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