El
Ministro de Planificación Julio De Vido y el Ministro de Economía Axel
Kicillof, anunciaron una quita de hasta el 20% del subsidio estatal a
los servicios de agua y gas,quedando exentos los jubilados, los
beneficiarios de planes sociales y los usuarios que están bajo la línea
del Río Colorado (Patagonia). Pero también están exentos los sectores
industriales, con el supuesto objetivo de sostener la competitividad y
la producción de la industria nacional.
No se trata de una medida aislada, sino
que pertenece a un paquete económico que se viene aplicando. La
devaluación, los acuerdos con el CIADI y el FMI, el pago a Repsol, la
búsqueda de reendeudamiento, el intento de contener los aumentos
salariales en las paritarias, entre otras medidas, marcan el momento
político-económico de ajuste que estamos viviendo. En ese contexto
entendemos que esta quita de subsidios va a golpear en el bolsillo del
pueblo trabajador, ya lastimado por la inflación, independientemente de
que sea correcto que determinados sectores de la población no reciban un
beneficio del Estado que no necesitan.
Ante las dificultades económicas, en
primera instancia creemos que si la plata tiene que salir de algún lado,
tiene que ser de los que más tienen. Hablamos de los grupos económicos
concentrados, de las empresas sojeras y megamineras, de los banqueros o
los empresarios negreros. Ahí es indudable que plata hay, lo que falta
es la voluntad política de convocar al pueblo a las calles acumular
fuerzas y poder afectar esos intereses.
Por otro lado, es totalmente inverosímil
y roza el cinismo pensar que un recorte va a instalar la cultura del
ahorro energético. Con mucha más razón cuando la boleta del combustible
que importa todos los días nuestro país es un pesado fardo en las
cuentas públicas y en el mismo momento en que le estamos pagando una
millonaria indemnización a Repsol, una de las multinacionales
responsables de esa situación. Un plan serio para ir hacia una matriz
energética sustentable implicaría como piso avanzar en el control
público del conjunto del mercado de los hidrocarburos, con una
planificación lo más amplia y consensuada posible por parte de la
comunidad. Todo lo contrario del acuerdo entre YPF y Chevron para la
explotación del yacimiento de Vaca Muerta, mediante la contaminante
técnica del fracking.
Lo cierto es que tanto las principales
empresas de servicios públicos como el transporte público siguen en
manos de empresarios privados que enriquecieron sus cuentas bancarias en
esta década, mientras el servicio que recibe nuestro pueblo es
totalmente deficiente. Este esquema, heredado de los años noventa, es la
discusión de fondo que el gobierno se niega a encarar, y que trasciende
cualquier debate sobre la “equidad” o el “redireccionamiento” de
subsidios.
Por otro lado, la mayor parte de la
oposición y las corporaciones patronales aplaudieron esta medida, tras
años y años de reclamar que termine lo que ellos llaman la “fiesta de
los subsidios”, el “populismo” del gobierno, o lisa y llanamente la
intervención del Estado en la economía.
Desde el Frente Popular Darío Santillán –
Corriente Nacional y MAREA Popular sostenemos que nuestro punto de
vista es exactamente el opuesto: para garantizar servicios públicos
baratos y de calidad para el pueblo trabajador lo que hace falta es un
Estado presente al servicio del pueblo terminando con las
privatizaciones y encarando una gestión pública democrática y
transparente que involucre también a usuarios, consumidores y
trabajadores.
Creemos en la construcción de un
proyecto alternativo de país, con amplia participación de las mayorías y
el desarrollo de una economía sustentable que descanse sobre la plena
soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales. Entendemos que para
pensar un país socialmente justo y políticamente independiente debemos
avanzar sobre las ganancias de los grandes grupos económicos, generar
los cambios estructurales necesarios y nunca dar la espalda al pueblo.
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