LA COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS SE PRONUNCIA LUEGO DEL JUICIO CONTRA LOS COMPAÑEROS DE LA LEGISLATURA

Ya pasados 2 años y medio de la escandalosa audiencia del 16 de Julio de 2004 en la que se avanzó hacia la aprobación del Código Contravencional de Buenos Aires, una obra de arte en represión y persecución de pobres, luchadores y militantes; en el día de ayer, se concluyó en Comodoro Py con el Juicio Oral y Público que se llevó a cabo contra 15 compañeros que en su momento fueron detenidos por la concentración de aquel fatídico día en puertas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos 15 trabajadores y trabajadoras, la mayoría de ellos vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, y simples manifestantes, debieron pasar 14 meses injustamente detenidos. Mientras ellos sufrían las represalias de la “justicia”, los pulcros legisladores sancionaban el código más represivo que tuviera aquella ciudad, peor aún incluso que los famosos edictos policiales.

Las manifestaciones y las actividades de solidaridad, en el marco de las campañas por la liberación de estos y otros compañeros presos, llevaron a que, finalmente fueran liberados, aunque se mantuviera hasta ayer el procesamiento en su contra.

A estos 15 laburantes se los acusaba de violentos, por resistirse a la política del gobierno que arrincona en la marginalidad y tilda de delincuentes a todos los que deben encontrar formas de subsistencia que los hagan escapar de la miseria de este modelo de hambre. Violentos a ellos, que pedían entrar a la audiencia que legislaría sobre su futuro y el de sus familias, mientras los legisladores habían decidido tomar estas decisiones a puertas cerradas. Violentos a los que protestan, mientras el Ministerio del Interior mandaba groseramente a reprimir con personal de civil, a perseguir y a detener, usando como siempre el código penal para calmar sus ansias de represión al pueblo.

A 2 años y medio de aquello, y después de las irreparables secuelas de 14 injustos meses de cárcel, los 15 compañeros debieron una vez más enfrentar los ridículos argumentos de los fiscales. Ahora le parecía a la fiscalía excesiva la figura de privación de la libertad, tal como los habían acusado inicialmente, pero no tuvo ningún empacho en sostener las acusaciones por daños y coacción agravada.

Quienes creemos que no hay violencia más repudiable que la del Estado que arroja a sus habitantes a la miseria, que los persigue, que los reprime y los encarcela, nos preguntamos... ¿Desde qué lugar el fiscal puede seguir acusando a estos trabajadores después de haber sido sabida esta causa como uno de los máximos ejemplos de la criminalización de la pobreza? ¿Desde qué lugar el tribunal puede hacerle lugar a estas acusaciones?

Está claro que esto pasa desde el único lugar que reconocen estos tipos. El de tratar de mantener el pueblo a raya. Porque todos recordamos que estos 15 compañeros fueron víctimas de la más descarada política de criminalización que montó el gobierno nacional, que arrojaba para fines de 2004, la mayor cantidad de presos políticos desde el advenimiento democrático.

Finalmente ayer, 13 de Noviembre, Maria del Carmen Ifran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuni Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano y Antonio Medina fueron declarados inocentes por los delitos de "privación ilegítima de la libertad", "coacción agravada", y "daños calificados".
Sin embargo, Javier Daniel Scaramela y Cesar Emilio Gerez fueron condenados por daños calificados y sentenciados a prisión por 1 año y 10 meses y 1 año de ejecución condicional, respectivamente.

Mientras saludamos la absolución del grueso de los compañeros, repudiamos la hipocresía del tribunal que encontró en estos 2 manifestantes, la excusa de hacer valer el peso de la injusticia con que gobiernan.

Por eso, exigimos el inmediato desprocesamiento de todos los compañeros que han estado injustamente detenidos en esta causa, seguros de que no hay posibilidad de reconocer justicia en un tribunal que, después de haber visto las graves irregularidades de esta causa judicial, no sólo no busca reparar semejante atropello como la detención arbitraria de 15 personas, sino que ni siquiera se detiene a pensar en el derecho supremo de todos los trabajadores a mantener sus fuentes de vida y de trabajo.


Libertad y desprocesamiento
para Scaramela y Gerez

Basta de judicializar la protesta
Basta de presos políticos

Coordinadora por la Libertad
de los Presos Políticos