10 feb. 2017

NO TRANSAR: LA INTERVENCION POPULAR ESCOLLO PRINCIPAL DEL AJUSTE

La intervención popular escollo principal del ajuste

Martes, 7. Febrero 2017
Las primeras grietas de una reactivación postergada
El gobierno produjo cambios en el equipo dispuesto a recuperar la iniciativa perdida al cierre de 2016 y a su vez verticalizar la voz de mando. Tras un diciembre sin es¬tallido pero desbordado por cortes y movi¬lizaciones, el inicio de 2017 fue prologado por el desarrollo de la contienda, abierta de hecho, entre la consolidación del proyecto y el escollo mayor que representa la lucha de los trabajadores. Aquel enero tranquilo que oficialismo y oposición esperaban se transformó en un pliego de reivindicaciones donde sobresale la lucha mapuche en el sur junto a la toma de fábrica de los obreros de Clarín-AGR en Capital contra los despidos. Fueron impactados los mismos enemigos que usurparon las tierras de los pueblos ori¬ginarios y explotan las riquezas petroleras, asociados a los que hoy despiden preten-diendo reducir salarios y cambiar la legisla¬ción laboral.
Por otro lado, fue quedando claro que el fracaso de la reactivación anunciada y las voces disonantes fueron determinantes en la expulsión de Prat Gay y luego de Melco¬nián. “No hay lugar para vuelo propio” fue la señal del presidente, y mientras vuelve a estirar los plazos de salida del pozo rece¬sivo hasta fines del primer trimestre, apela a los decretos de urgencia (DNU) especu¬lando con el receso legislativo para producir cambios pro-patronales en la ley de ART y en política migratoria.
El paso atrás en los feriados móviles, sobre todo el 24 de marzo, no alcanza para ocultar el compromiso con aquellos intereses que estuvieron detrás del golpe militar, como sí lo hizo explícito luego su amigo Gómez Centurión, actual jefe de Aduana.
Aquellos anuncios sobre “oportunidad histórica”, la construcción del Paseo del Bajo porteño o la sonoridad que se pre¬tendió con el “acuerdo petrolero”, fueron opacados por el clima social adverso, agudizado por incendios e inundaciones, a la vez que se registra un crecimiento en la consideración de sectores medios principalmente sobre el contenido anti¬popular y entreguista de esta política. Se perfilan las elecciones de medio término en octubre y en lugar del despegue lo que llega son nuevos aumentos, despi¬dos y represión.
La instrumentación del protocolo anti-pi¬quetes sobre los manteros del Once for¬ma parte de una política que considera redituable, cuando mezcla aviesamente los temas de inseguridad con la repre¬sión abierta sobre reclamos justos de trabajadores u otros sectores más vulne¬rables. También en la condena a Milagro Sala por escrachar o acampar en la pla¬za -independientemente de otras acusa¬ciones- están reflejadas las intenciones de aleccionar al movimiento de masas. La reinstalación del tema de bajar la im¬putabilidad a los jóvenes de 16 a 14 años y modificar el régimen penal juvenil, ade¬más de reaccionaria es claramente opor¬tunista, en la medida que apunta a con¬formar una franja de su propio electorado y mostrarse ante los inversores como ga¬rante de autoridad con paz social. De ser consecuentes con esa lógica tan fascista pronto estarán colocando patrulleros de custodia en las escuelas primarias y lue¬go, como no habrá solución a la inseguri¬dad, también en los preescolares.
En busca de respaldo financiero
El gobierno celebró la obtención antici¬pada del 70% de los U$S 20.000 millo¬nes de fondos frescos que se requieren para cubrir demandas en un año electo¬ral. El ministro de finanzas Luis Caputo cerró acuerdos por U$S 6.000 millones con la banca internacional representada por el Morgan Stanley y ubicó la emisión de bonos por otros U$S 7.000 millones. Las necesidades financieras, en reali¬dad, ascienden a U$S 40.000 millones, pero se consideran solo U$S 20.000 millones como deuda nueva; el resto, con intereses y vencimientos refinancia¬dos, pasan a engrosar el saldo total de lo que adeuda el país. Dicho festejo no alcanza para ocultar que las inversiones genuinas y generadoras de nuevos em¬pleos, que tanto ponderó el presidente en la Mini-Davos local, hasta la fecha brillan por su ausencia. El cambio de rumbo en la tendencia del gran capital y los fondos de inversión hacia los países centrales luego de asumir Trump en Es¬tados Unidos, aumentó la incertidumbre y sumó tensiones en los llamados países emergentes. Con lo cual todo el plan ofi¬cial basado únicamente en el ajuste para controlar la inflación pierde sustentabili¬dad y legitimidad en el tiempo. El recurso de la sola emisión puede ilusionar con resultados electorales pero, sus conse¬cuencias, son generadoras también de respuestas populares, aún frescas en la memoria, como el Rodrigazo de 1975, el Hambreazo de 1989 y el Porteñazo de 2001. Tendrá que graduar Macri con sus colaboradores hasta dónde se puede lle¬gar con la ostentación de una falsa for¬taleza o subestimando la capacidad de repuesta popular.
Ahora tarifazos
Los aumentos de tarifas son parte sus¬tantiva del plan y el sentido de la opor¬tunidad en su aplicación deben ocurrir en estos primeros meses, lo más lejos posible de octubre. No solo por los efec¬tos catastróficos en el bolsillo popular; también porque su seguro traslado a precios elevará más los índices inflacio¬narios. Primero las naftas e impuestos inmobiliarios, ahora luz (61 al 148%), peajes, prepagas, inmobiliarios, y luego otra vez gas, agua, transporte, etc. Pudo conocerse que los subsidios energéticos a petroleras, gasíferas y empresas eléc¬tricas fueron en 2016 de U$S 13.000 mi¬llones, o sea 53% más que en 2015, sin que se haya demostrado cuáles fueron las mejoras comprometidas contractual¬mente. La novedad no está en la alevo¬sía de los aumentos, propios del ajuste monopólico, sino en el hecho que a partir de la complicidad brindada por la oposi¬ción política y sindical, el gobierno apro¬vecha entendiendo que puede avanzar sin pasar por los ahogos que sufrió con el tarifazo del gas en abril pasado.
Ahora precios transparentes
Los llamados “precios transparentes” fracasaron antes de salir. El esperado descuento por pago al contado no su¬cedió y los financiados, en 12 como en 18 cuotas, resultan más caros porque han sumado mayores intereses. Preten¬der que los precios se regulen a la baja defendiendo la competencia del libre mercado en una economía monopoliza¬da por cinco cadenas comerciales, es al solo efecto de tapar responsabilidades compartidas en la generación de los au¬mentos, entre gobierno, grandes empre¬sas y financieras. Detrás de la confusión quedó expuesta la intención de utilizar como base de referencia para determi¬nar el índice de inflación el precio de contado una vez deducido el 20%, cosa que nunca se produjo. En todo caso el volumen de ventas lo determinan la rece¬sión que se prolonga y los precios que no bajan, contradiciendo el discurso oficial. Con precios “cuidados” o “transparentes” siempre ganan los monopolios.
El rebote técnico, luego que la recesión toque fondo, supone en el cálculo oficial un crecimiento del PBI de 3% en el año, apenas suficiente para compensar la caí¬da de 2,2% del anterior. La disponibilidad de $200.000 millones para obras públi¬cas e infraestructura son determinantes en esa recuperación, donde el gobierno juega todo su futuro electoral. El ex ase¬sor económico de Scioli, Miguel Bein, fue más bondadoso y estimó una recu¬peración del 5%, aclarando que 2 puntos devendrían de la obra pública y los otros 3 del consumo, en tanto y en cuanto los salarios le ganen a la inflación. Encruci¬jadas del capitalismo dependiente donde casi el 80% de la actividad, hoy afectada por despidos y baja salarial, depende del consumo.
Romper los techos salariales
Está abierta la puja salarial y si los to¬pes estatales pretendidos por el ministro Triaca se rompen -puestos en eviden¬cia en la reunión de gobernadores para que los sueldos docentes no superen el 18%-, será por la lucha de los trabaja¬dores y no por las bondades del plan. Si las petroleras fundaron el aumento últi¬mo en las naftas para compensar lo que no pudieron trasladar el año anterior, por qué no se debería compensar el 10% de salario real perdido que hoy se reclama. Hablar de techos salariales para conte¬ner la inflación en medio de una ola de aumentos tarifarios y de productos de la canasta exacerba mucho más la bronca popular.
La profundización del ajuste en esta fase contó con la pasividad interesada de la burocracia de la CGT. En lugar de asu¬mir la defensa de los trabajadores cuyos sueldos, en gran parte, no superan los $8.000, el rechazo a los despidos y sus¬pensiones o bien la pelea por formalizar un mercado laboral en negro que as¬ciende ya al 35%, la dirigencia sindical celebró el acuerdo flexibilizador firmado por Pereyra con las petroleras para la ex¬plotación del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta en Neuquén. El llamado costo laboral que tanto reclama el capi¬tal monopólico, apuntando a modificar los convenios también en automotrices y frigoríficos bajo el argumento de un mayor empleo, no es más que un nuevo intento para reducir el salario y agravar las condiciones de explotación obrera. El retorno de las pasantías o el proyecto de Trabajo Joven, así como el reciente “encuadre petrolero”, están muy lejos de ser una legislación moderna. Fueron impuestos en tiempos de dictadura mi¬litar y fundamentalmente en los ‘90 del menemismo, con resultados desastro¬sos para los trabajadores y el país. Por otro lado las intenciones de premiar a las empresas que generen empleo con recursos dispuestos en la reciente ley de Emergencia Social para complemen¬to de un salario mínimo, no es más que institucionalizar el trabajo precarizado y descomponer el reclamo de trabajo ge¬nuino impuesto por las organizaciones territoriales.
Preparar y elevar las condiciones para una salida popular
La conflictividad en ascenso, cruzada por el rechazo a los despidos, a los tari¬fazos y a la represión, encuentra en el re¬clamo salarial y en la solidaridad popular la oportunidad de unificar la lucha y abrir un curso distinto para que las demandas de los trabajadores y el pueblo sean el dato principal en los cambios políticos. En la toma del CONICET que obligó al gobierno a retrocerder parcialmente, en la resistencia y despliegue que expresan los trabajadores de AGR, en la solidari¬dad contra la represión de los originarios en el sur y en el no inicio que podrían definir los docentes en todo el país jun¬to a otros estatales que vienen parando, están las bases para elevar la lucha y la unidad en las distintas formas, coordi¬nadoras, multisectoriales, sindicatos, pi¬queteros, etc. En este marco el llamado a un paro nacional activo de la CGT es una buena oportunidad. Pero supeditar todo ese mar de fondo a una convocato¬ria que llega tardía y que aún puede le¬vantarse en arreglos de altura, debilitaría las iniciativas movilizadoras que surgen desde abajo y la oportunidad de avanzar en espacios de unidad para fortalecer el combativismo y los que luchan. Allí don¬de se depende de los tiempos de la bu¬rocracia o de conducciones vacilantes no habrá lugar para quebrar el ajuste. La lu¬cha es el único recurso que disponen los trabajadores y su despliegue constituye un factor de peso político.
Frente a un gobierno que pretende avan¬zar sobre los que menos tienen y a su vez sospechado de su capacidad para asegurar la gobernabilidad, la conflictivi¬dad creciente abona en el sentido de una acumulación rebelde y de un protagonis¬mo popular que no depende de candida¬turas. Ello implica también, trabajar por una construcción de unidad política que se diferencie de quienes pretenden que la suerte del país y del pueblo se juega en octubre. Más importante que asegu¬rar la gobernabilidad de las instituciones que perpetúan las políticas de hambre, ajuste y endeudamiento, es atreverse a marchar por un camino distinto y opues¬to donde se garanticen las demandas de los trabajadores en primer lugar, como base de una nueva democracia revolu¬cionaria, antimperialista y popular.
Andrés Zamponi
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