CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO

NÚMERO 518 - 14 de abril de 2009
Sumario:
1. Dos historias, una misma justicia.
2. Policía borracho, apresado por su auto.
3. Detenido por robar, libre por asesinar.
4. De La Rúa sobreseído: "La casa está en orden".
5. Los muros no detienen la pobreza.
6. Premio por fusilar.
DOS HISTORIAS, UNA MISMA JUSTICIA
Nelson Farías, de 19 años fue asesinado con dos balazos el 28 de octubre de 2006, en inmediaciones de la disco “La Paca” de Lanús Oeste. Según relata su madre, Nelson, había ido a bailar con su hermano y un grupo de amigos aquella noche, cuando se produjo una discusión con un joven que acompañaba a Sergio Alejandro Aguirre, ex efectivo de la división Drogas Peligrosas de la Departamental Sur, acusado de ser el responsable de efectuar los dos disparos que terminaron con la vida de Nelson.
Después de la discusión, los jóvenes ingresaron al lugar y transcurridas algunas horas, Nelson se habría apartado para ir a orinar a la vuelta del boliche, cuando Aguirre, quien se encontraba fuera de servicio, pero portando su arma reglamentaria, lo persiguió y le disparó.
Al momento de ser detenido el ex policía declaró que el joven le había querido robar, y como siempre, “había disparado para defenderse”.
Por supuesto, como ocurre en la mayoría de los casos, que bien conocemos en CORREPI, apareció “misteriosamente” un arma a los pies de la víctima, que no sirve ni para asustar a una laucha.
La semana pasada, el día en que se desarrollaban una serie de nuevas pericias ante el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Lomas de Zamora, el ex policía se encargó de intimidar a los familiares de la víctima riéndose y mirándolos de manera desafiante. Después de una larga jornada, el ex policía Aguirre decidió relajarse un rato y tomar un aperitivo junto a sus “custodios”, antes de regresar a su domicilio, donde debe cumplir arresto domiciliario desde hace seis meses.
Esta misma semana, el ex sargento Salvador Cuffaro “convenció” al juez Luís Giraudo de que actuó imprudentemente, cuando hizo desaparecer el arma con la que mató a Leticia Repetto, una joven de 15 años, asesinada en el garaje de su casa.
Al parecer el ex sargento ocultó el arma y guardó silencio. Pero siete días después fue detenido y dijo que había confundido a la chica con un ladrón.
Dos años después, pese a la carga incriminante de todo ese ocultamiento, el relato del ex policía parece haber resultado convincente, el juez lo condenó a sólo 3 años y medio de prisión porque entendió que no tuvo voluntad de matar, sino que cometió una imprudencia. El ex sargento había sido acusado de un crimen intencional pero fue condenado por homicidio culposo. Hoy se encuentra en libertad tras haber tramitado el cese de prisión por cumplirse dos años en espera de sentencia. De todos modos, la pena que le impusieron le permite gozar de esa condición por el tiempo que transcurrió en la cárcel. Privilegios de pertenecer a las fuerzas de seguridad en tiempos de “inseguridad”.
Dos historias, dos familias, que una vez más están obligadas a recordar que la justicia, esa que debe favores y que otorga privilegios a cambio, no es más que otra pata de la mesa donde se negocia a costa de la sangre de los que no tienen voz.
POLICÍA BORRACHO, APRESADO POR SU AUTO
Reproducimos nota del diario Página/12: “El policía de copas: Un policía de San Luís, en estado de ebriedad, ingresó a una casa porque supuestamente buscaba a un delincuente. En la vivienda golpeó a una mujer, subió al techo y comenzó a hacer disparos al aire hasta que fue detenido. El protagonista de la noche de copas fue el oficial Jorge Alcaraz, quien tuvo que ser apresado por sus propios compañeros de la seccional novena de Villa Mercedes, según confirmó con vergüenza ajena el subcomisario Carlos Pereira, jefe de Relaciones Policiales. La denuncia contra el oficial la hizo una familia de apellido Cordón. En la casa, el policía empujó a una anciana que al caerse se golpeó la cabeza. Alcaraz había escapado en un Peugeot 206 y lo persiguieron hasta la localidad de Fraga, a 30 kilómetros de Villa Mercedes. Pudieron recapturarlo porque el auto que conducía volcó”.
¿Tendrá la familia Cordón que agradecer el vuelco del auto que impidió a los compañeros de Alcaraz dejarlo escapar por segunda vez? Salvaron la vida esta vez, pero en los barrios de trabajadores donde los allanamientos ilegales se multiplican, saben que el peligro de ser fusilados por las balas policiales de ebrios y abstemios es permanente.
DETENIDO POR ROBAR, LIBRE POR ASESINAR
El oficial Juan Pablo Adin Mindurry fue detenido por robar ropa de un exclusivo local de Alto Palermo. Dejó sus ropas en el local y se llevó puesta la ropa robada. Cuando las alarmas del local comenzaron a sonar, corrió hasta que fue alcanzado en la calle por dos policías de la federal.
Este policía trabajaba en Zárate, lugar de donde se tuvo que ir de a raíz de las responsabilidades emergentes por la muerte de un joven, Juan Manuel "Cuchuchu" Bordenave, ya que él era el Jefe Distrital y su coterráneo de Arrecifes, Federico Pita, el responsable directo de la comisaría al momento del hecho. Juan Mindurry no fue separado de la fuerza, sino como se acostumbra cuando un caso no resuelto pesa sobre algún funcionario, fue trasladado a Pergamino.
Juan Manuel Bordenave había salido la noche anterior con un grupo de amigos. Durante la noche, estuvo en una casa de campo en la zona industrial, hasta bien entrado el día siguiente. Hay una laguna entre esa madrugada y el mediodía del sábado 7 de junio de 2008 en un calabozo de la 1ª, donde apareció ahorcado.
Una parrilla de las inmediaciones llamó al 101 porque Bordenave habría estado provocando disturbios. Los investigadores tomaron testimonios a quienes pudieron estar con la víctima antes de la detención policial, para determinar el estado físico y psíquico en el que se encontraba antes de la intervención policial. Pocas horas después de ser alojado en un calabozo clausurado, se lo encontró sin vida, aparentemente ahorcado con un trozo de frazada.
La autopsia realizada en Lomas de Zamora probó que Juan Bordenave no estaba alcoholizado ni drogado al momento de su muerte.
Como vemos, es más fácil que un policía vaya preso por robar ropa de marca en un shopping que por la muerte de un preso en su comisaría. La propiedad vale más que la vida de una persona, mucho más si es la de un joven... y si el responsable es integrante de una fuerza represiva del estado.
DE LA RÚA SOBRESEÍDO: "LA CASA ESTÁ EN ORDEN"
Algunos sospechamos que algo se estaba cocinando en los tribunales cuando el ex presidente Fernando De La Rua apareció en la primera fila del cortejo fúnebre de Alfonsín, con los brazos entrelazados con el vicepresidente Cobos y el resto del radicalismo. Pocos días después, se anunció su sobreseimiento en la causa por la represión del 20 de diciembre y en la causa del jardinero que, pagado con dineros oficiales, trabajaba en su domicilio particular.
Cuando, después de mil y una vueltas, logramos que De La Rua fuera indagado por los fusilamientos, dijo: “...Me dijeron, no recuerdo quién, que la televisión hablaba de muertes, y se lo pregunté al Dr. Enrique Mathov, que consultó al jefe, y me dijeron que no. (...) Al retirarme vi sobre Paseo Colón policías apostados, pero no ya incidentes.(...) El Presidente no recibía partes, ni había un canal o medio preorganizado para informarme, siendo que además nadie pensaba en hechos graves. Estaba absorbido por la crisis institucional y la decisión de renunciar a la presidencia de la Nación, algo bastante serio en la vida de una persona...”, y aclaró que no miró TV en todo el día, ni se asomó por las ventanas.
Jueces y camaristas se dedicaron por años a determinar si era cierto que no sabía que, a metros de su despacho, la policía federal disparaba balas de plomo contra los manifestantes. En palabras de la Cámara, “Lo que se investiga en esta causa es (...) si [el ex presidente] conocía o no la situación de riesgo que representaba el despliegue de un gran operativo policial para contener a ciudadanos que deseaban manifestarse. De allí que es crucial la determinación de quién le dio la orden al Jefe de Policía de “mantener la plaza libre de manifestantes y producir detenciones puntuales...”
El 22 de octubre de 2007, acorralado por las denuncias de varios querellantes, como CORREPI, representando a Marta, la mamá de nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, y el CELS, por el peligro de que prescribiera la acción penal, el juez Bonadío procesó a Fernando De La Rua admitiendo que: “No existen muchas dudas para sostener que Fernando De La Rua, conocía el desarrollo de los acontecimientos, que no puso un límite al desborde represivo, y que una vez ocurridos los hechos buscó a partir de una pretendida ignorancia o desinformación evadir las responsabilidades propias de su función, en un intento de morigerar su situación procesal”.
Nuevamente la Cámara concurrió en auxilio del ex presidente, reclamando que se probara “cuáles fueron las actividades, reuniones, llamados u otras cuestiones a cuya atención en concreto estuvieron abocados ese día el Presidente y su entorno”. Conclusión, como no hay registros escritos o filmados de lo que hizo o dejó de hacer el ex presidente el 20 de diciembre de 2001, ahora el juez concluyó que “Pese a las dudas que puedan llegar a suscitar las explicaciones brindadas por el imputado mencionado, lo cierto es que, a más de ocho años de iniciada esta investigación, el Tribunal no cuenta con ningún elemento que permita presumir un accionar delictivo por parte de Fernando De La Rua”. Desde luego que estamos trabajando, como las demás querellas y la fiscalía, en la apelación.
Pero, cuestiones aparentemente “jurídicas” de lado, no parece casual que, el mismo día que De La Rua fue sobreseído en las dos causas, se tomara la misma resolución en Santa Fe, respecto del fusilador provincial, Carlos Reutemann. Se vienen las elecciones, y la casa de la “democracia” debe estar en orden.
LOS MUROS NO DETIENEN LA POBREZA
Durante el desarrollo del capitalismo, distintos estado modernos fueron recreando los muros que la historia construyó con el fin de resguardarse de otros pueblos… pueblos que no podían resguardarse de los constructores de muros… ni defenderse… solo rebelarse…
Los muros, reales o políticos, identifican al enemigo de clase. Protegen a los de adentro, y garantizan la explotación a distancia de los de afuera, a través de fábricas que pagan salarios de esclavo, o de la explotación legitimada contra los pocos invasores que logran atravesarla, también con salarios de miseria por los servicios de albañiles, sirvientas o trabajadoras sexuales.
Como ocurre en los más de 1.100 km en la frontera entre Estados Unidos y México, o los 1.700 entre España y Marruecos, o los 650 km entre Israel y Palestina, por poner algunos ejemplos.
Pero para ejercer la dominación no solo es necesario tener un enemigo externo. En las sociedades modernas, es casi imprescindible que los estados cuenten con enemigos internos, los pobres, sean inmigrantes de países extranjeros o inmigrantes internos que van a las zonas urbanas y ricas para poder sobrevivir.
En la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, también construyen muros contra la pobreza. El objetivo es que las favelas no se expandan por la ciudad, como si la pobreza estructural dejara de crecer gracias a un muro. Para eso, tres metros de hormigón armado, que costarán 13.000 millones de euros, han comenzado a levantarse en favelas como Babilônia y Vidigal; Morro dos Cabritos o la Rosinha, la mayor favela de América Latina, que contará con el muro más extenso: 2.800 metros.
Los enemigos internos, los pobres, son recluidos en cárceles, comisaría, reformatorios… y también son encerrados en sus propios barrios pobres para pobres.
Como ya ocurrió varias veces en la villa 31 de Retiro, con gobiernos militares o con Ibarra como jefe de gobierno, hoy sucede Villa Jardín, San Fernando, un barrio obrero urbanizado que dista sólo 400 metros de La Horqueta, San Isidro, una de las zonas más lujosas de la provincia de Buenos Aires.
"No tenemos otra intención más que cuidar a nuestra gente y debemos cumplir con nuestro deber que es estar al lado del vecino", explicó el intendente Posse. Como bien lo aclara, él está para cuidar a su gente, y levanta el muro para “estar al lado del vecino”. Lo que no aclaró –no hace falta- es de qué vecinos se trata.
Por más que la justicia, la presidenta y sus ministros tilden al muro como discriminatorio, derribado o en pié no va impedir que la pobreza crezca, que los niños se mueran de hambre, que el paco que introduce la policía mate chicos y jóvenes, que la desocupación los mate de a poco, que los policías le disparen más rápido, que los medios los tilden de ladrones, ni mucho menos que el capitalismo deje de necesitar de su pobreza y su trabajo para seguir existiendo.
PREMIO POR FUSILAR
El 8 de abril, en Mendoza, una mujer policía de 25 años, que lleva cinco años como policía y hace dos que está en la Policía Rural de la provincia, mató de dos balazos en el abdomen a Pedro Aníbal Ledesma (26), quien habría intentado robarle en la parada de un colectivo. Hasta ahí, una más de tantas noticias policiales, calcadas una sobre otra, de estos curiosos intentos de arrebato contra policías en los que sistemáticamente se encuentra junto al muerto un arma inservible. En este caso, fue un pistolón que la propia fiscal de la causa reconoció que era "para amedrentar a la víctima, más que para ser usada".
Pero el hecho merece destacarse porque, enseguida, sucedieron dos cosas. Por una parte, la Asociación Mutual del Personal Policial (AMUPPOL) reclamó "más seguridad para los policías". Con toda claridad, su titular declaró a los medios “El Gobierno tiene del deber de proteger a la Policía". Y en simultáneo, el gobierno provincial cumplió con la exigencia, anunciando que se premiaría el acto heroico de la mujer policía con su ascenso inmediato al grado superior, mientras la fiscal cerraba la causa en tiempo más que récord.
Lejos de preguntarse, por ejemplo, si la mujer policía hubiera podido tomar otra acción menos lesiva en lugar de tirar a matar, o, simplemente, si evitar un arrebato (aun en su propio perjuicio) es suficiente excusa para ejecutar a una persona, la impunidad viene, en este caso, acompañada de aplauso oficial y ascenso. Nada muy diferente a las viejas legislaciones provinciales que premiaban con un puñado de monedas a quienes presentaban un par de patas de cotorra como prueba de que habían baleado un ejemplar de las aves declaradas plaga en los sembradíos.