CORREPI SUR: EXIGIMOS CÁRCEL A LOS ASESINOS DE DAVID VERA PINTO

Buenos Aires, 1º de abril de 2009


CORREPI SUR
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional-Sur


-Gacetilla de prensa-


EXIGIMOS CÁRCEL A LOS ASESINOS DE DAVID VERA PINTO

En el día de ayer, 31 de marzo, tuvieron lugar los alegatos finales en el juicio oral por el asesinato de David Vera Pinto. La querella, a cargo de abogados de CORREPI SUR, pidió 16 años de cárcel para el cabo Fabricio Gabriel Mazzuchelli, mientras que la fiscalía solicitó solo cuatro años de prisión. Llamó la atención durante el desarrollo del debate la aparición de afiches de una organización denominada “Unión de Policías Falsamente Incriminados” (UPOFI) y una nutrida presencia de efectivos de civil que apoyaba a los dos policías acusados por el homicidio de Vera Pinto. El próximo 7 de abril el tribunal dará a conocer su veredicto sobre este caso de “gatillo fácil”.

Finalizada la etapa de declaraciones testimoniales el 30 de marzo, las partes presentaron ayer sus conclusiones al tribunal. El fiscal de juicio, Dr. Ricardo Juan, consideró probado que existió un enfrentamiento entre el patrullero en el que se desplazaban los policías Olivera y Mazzuchelli y el automóvil en que ocupaba David Vera Pinto junto a otros tres jóvenes, en virtud de lo cual entendió que el homicidio fue producto de un “exceso en legítima defensa”, solicitando así la pena de cuatro años de prisión para Mazzuchelli.

La querella, representada por el Dr. Martín Alderete (CORREPI SUR), sostuvo en su alegato que no había prueba alguna de un enfrentamiento armado: ningún testigo lo refirió así y las pericias realizadas tampoco lo demostraron. Por el contrario, el abogado afirmó que ni siquiera existían elementos que acreditaran que el menor estuviera armado o hubiera intentado agredir al personal policial, desbaratando de este modo la teoría del enfrentamiento y de la actuación en legítima defensa por parte de Mazzuchelli.

Además, Alderete dio por probado que Mazzuchelli se acercó al auto donde estaba David empuñando su arma reglamentaria, y apuntó hacia adentro mientras el joven se hallaba recostado sobre los asientos traseros, acorralado y en situación de indefensión. Fundamentándose en los dichos del testigo presencial del homicidio, el letrado agregó que el policía tuvo tiempo de decirle "ahora te mato hijo de puta" antes de realizar los cinco disparos que le provocaron la muerte a la víctima. En base a este análisis, Alderete solicitó la condena a 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Mazzuchelli, por el delito de homicidio simple. Asimismo, solicitó la inmediata detención del acusado para evitar la posible fuga, ya que los dos policías imputados llegaron a esta instancia judicial en libertad. En cuanto al sargento Omar Horacio Olivera, expresó que, sin perjuicio de que existía la convicción de su participación en el hecho, no existía prueba suficiente para solicitar una condena en su contra.

Por otro lado, el abogado querellante subrayó el contexto de este caso de “gatillo fácil”, ocurrido en el año 2001, el mismo en el cual la misma Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires denunció a través de la Acordada 3012 la muerte de 60 menores en supuestos enfrentamientos que no eran tales, la mayoría en la zona norte del conurbano. Pocos meses más tarde, en marzo de 2002, la Procuración General provincial realizó un informe con varios de esos casos entre los que se encontraba el de Vera Pinto, señalando la gran cantidad de irregularidades en la causa. Alderete mencionó también sendos documentos del CELS y de Amnistía Internacional que hacen referencia a esta problemática, todos estos datos que, sumados a los más de 2500 casos de personas asesinadas por las fuerzas policiales y de seguridad desde 1983 a la actualidad, permiten demostrar la existencia de una práctica institucional sistemática.

La defensa, por su parte, solicitó la absolución de Mazzuchelli por entender que actuó “en legítima defensa y cumplimiento del deber”.

Es de destacar que desde el primer día del juicio aparecieron, en los alrededores de los Tribunales de San Isidro, afiches firmados por una organización denominada “Unión de Policías Falsamente Incriminados” (UPOFI) que rezaban “Por la seguridad que San Isidro se merece. Basta de delincuencia que envía policías a la cárcel”, convocando a movilizarse a los tribunales bajo la consigna “Todos somos Mazzuchelli y Olivera”. Asimismo, otros carteles mencionaban a CORREPI SUR acusando a este organismo de Derechos Humanos de promover causas penales contra “policías inocentes”. Por otro lado, existió una nutrida presencia de policías de civil, y también de uniformados, apoyando a los imputados.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 de San Isidro (Ituzaingó 340 piso 11) darán a conocer su veredicto el próximo martes 7 de abril. CORREPI SUR convoca a todas las organizaciones y medios de prensa a hacerse presentes desde las 9 horas para acompañar a los familiares y amigos de David Vera Pinto y exigir justicia.

¡BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURA Y REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO!

Contactos de prensa:
155-499-2811 (Dr. Martín Alderete)


El caso
El 7 de marzo de 2001, los efectivos de la policía bonaerense Omar Horacio Olivera y Fabricio Gabriel Mazzuchelli se encontraban patrullando en la zona de Villa Adelina (partido de San Isidro). Según consta en sus declaraciones, quisieron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol, entre los que se encontraba David Elías Vera Pinto, por tener una “actitud sospechosa”. Al no acatar la orden de alto, los policías iniciaron una persecución hasta el interior del Barrio Santa Rita (Boulogne), donde se detuvo el Volkswagen y descendieron del mismo tres de sus cuatro ocupantes, quedando en el interior David Vera Pinto. El patrullero frenó detrás y Mazzuchelli se acercó al Volkswagen empuñando su arma, abrió la puerta del conductor y apuntó contra David, quien se encontraba recostado sobre los asientos, con las manos levantadas y pidiendo por su vida. La respuesta del policía fue una descarga de cinco disparos, de los cuales uno impactó en su cabeza y los restantes en la zona abdominal. El menor fue trasladado al Hospital Boulogne y luego derivado al Hospital de San Isidro, donde falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Inmediatamente después se sucedieron las usuales operaciones de encubrimiento. Sin mediar testigos y aún antes de que llegaran al lugar de los hechos patrullas de refuerzo, Mazzuchelli y Olivera “secuestraron” un arma supuestamente perteneciente a David, a fin de simular un enfrentamiento. Dos de los proyectiles que habían quedado alojados en el cuerpo de la víctima desaparecieron misteriosamente. Lo mismo ocurrió con las ropas de David que estaban depositadas en la comisaría de Boulogne a disposición de la Fiscalía, y que constituían elementos indispensables para deducir la distancia de los disparos. Hubo pericias balísticas contradictorias y el Volkswagen no fue correctamente examinado, perdiéndose así pruebas fundamentales. Por si no bastara, se presentaron “espontáneamente” numerosos testigos que lo único que hicieron fue intentar desprestigiar a la víctima y entorpecer la investigación. Por otra parte, el fiscal que intervino en primera instancia decidió prematuramente archivar el expediente por considerar que no había nada que investigar.

Sin embargo, gracias a la incansable voluntad de hacer justicia por parte de la madre de David, querellante en la causa y patrocinada por abogados de CORREPI SUR, se pudo determinar que no existió ningún enfrentamiento y que el joven fue asesinado a sangre fría mientras rogaba con las manos alzadas. Fueron siete largos años de lucha y de búsqueda incesante de testigos, en una investigación plagada de irregularidades, durante la cual los imputados no pasaron ni un solo día tras las rejas.

Debe destacarse además que este caso de gatillo fácil se dio paralelamente a la actuación del “Escuadrón de la Muerte” en Don Torcuato, y a la denuncia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense sobre 60 casos de jóvenes asesinados por la policía provincial en supuestos enfrentamientos, gran parte de ellos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Es decir, si bien la práctica institucional de violaciones a los derechos humanos por parte de la bonaerense no ha cambiado nunca, durante los años 1999, 2000 y 2001 actuó en un clima de impunidad casi absoluto, en el cual jueces y fiscales del norte del conurbano avalaban con el “sobreseimiento fácil” a la enorme cantidad de hechos en que eran asesinados menores por parte del personal policial.

En el contexto actual, ante una nueva embestida de las recurrentes campañas a favor de la “mano dura”, resulta indispensable señalar que casos como el de David siguen siendo moneda corriente en los barrios pobres del conurbano, donde el gatillo fácil funciona efectivamente como pena de muerte aplicada en los operativos policiales.


CORREPI SUR
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