Buenos Aires, 8 de abril de 2009
CORREPI SUR
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional-Sur
-Gacetilla de prensa-
10 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL ASESINO DE DAVID VERA PINTO
En el día de ayer, 7 de abril, tuvo lugar la lectura de la sentencia en el juicio oral por el asesinato de David Vera Pinto. Haciendo lugar al planteo de la querella, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 de San Isidro resolvió condenar al cabo Fabricio Gabriel Mazzuchelli a diez años de prisión y ordenó su inmediata detención. Se consideró probado que a David lo fusilaron en absoluto estado de indefensión.
En un clima de gran expectativa por parte de los familiares y amigos de la víctima, que llegaron a esta instancia después de ocho años de intensa lucha por justicia, se leyó ayer el veredicto en el juicio por el asesinato de David Vera Pinto. Tal como planteó la querella, representada por el Dr. Martín Alderete (CORREPI SUR), el tribunal entendió que no existió en este caso ningún enfrentamiento armado que pudiera dar lugar a una acción de “legítima defensa” por parte del acusado. De este modo, los jueces resolvieron condenar a Fabricio Mazzuchelli por el delito de homicidio simple, al encontrarlo responsable del asesinato de un joven de 16 años que se encontraba indefenso, desarmado y acorralado en el interior de un automóvil. Un típico caso de “gatillo fácil”.
De 1983 a la fecha, son más de 2500 las muertes a manos de las fuerzas policiales, de las cuales más de mil ocurrieron en los últimos seis años. El gatillo fácil, aplicado en su gran mayoría a jóvenes pobres, es la cara más perversa de la política de criminalización de la pobreza. Política que se ve promovida por las constantes campañas de “mano dura”, que intentan justificar esta suerte de limpieza social. Desde Ruckauf y su “meta bala” hasta el proyecto por parte del actual gobierno kirchnerista de reincorporar personal exonerado, hay una clara continuidad de la política represiva del Estado.
La vida de David no la devuelve nadie. Pero la lucha incansable de sus familiares logró romper con el encubrimiento policial y la pasividad judicial, casi siempre determinantes en estos casos para garantizar la impunidad de los asesinos. El cabo Fabricio Mazzuchelli fue condenado a diez años de prisión, y haciendo lugar al pedido de la querella, quedó detenido luego de la lectura de la sentencia. En una causa plagada de irregularidades y maniobras de encubrimiento, la organización y la lucha consiguieron vencer a la impunidad.
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURA Y REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO!
Contactos de prensa:
155-499-2811 (Dr. Martín Alderete)
El caso
El 7 de marzo de 2001, los efectivos de la policía bonaerense Omar Horacio Olivera y Fabricio Gabriel Mazzuchelli se encontraban patrullando en la zona de Villa Adelina (partido de San Isidro). Según consta en sus declaraciones, quisieron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol, entre los que se encontraba David Elías Vera Pinto, por tener una “actitud sospechosa”. Al no acatar la orden de alto, los policías iniciaron una persecución hasta el interior del Barrio Santa Rita (Boulogne), donde se detuvo el Volkswagen y descendieron del mismo tres de sus cuatro ocupantes, quedando en el interior David Vera Pinto. El patrullero frenó detrás y Mazzuchelli se acercó al Volkswagen empuñando su arma, abrió la puerta del conductor y apuntó contra David, quien se encontraba recostado sobre los asientos, con las manos levantadas y pidiendo por su vida. La respuesta del policía fue una descarga de cinco disparos, de los cuales uno impactó en su cabeza y los restantes en la zona abdominal. El menor fue trasladado al Hospital Boulogne y luego derivado al Hospital de San Isidro, donde falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
Inmediatamente después se sucedieron las usuales operaciones de encubrimiento. Sin mediar testigos y aún antes de que llegaran al lugar de los hechos patrullas de refuerzo, Mazzuchelli y Olivera “secuestraron” un arma supuestamente perteneciente a David, a fin de simular un enfrentamiento. Dos de los proyectiles que habían quedado alojados en el cuerpo de la víctima desaparecieron misteriosamente. Lo mismo ocurrió con las ropas de David que estaban depositadas en la comisaría de Boulogne a disposición de la Fiscalía , y que constituían elementos indispensables para deducir la distancia de los disparos. Hubo pericias balísticas contradictorias y el Volkswagen no fue correctamente examinado, perdiéndose así pruebas fundamentales. Por si no bastara, se presentaron “espontáneamente” numerosos testigos que lo único que hicieron fue intentar desprestigiar a la víctima y entorpecer la investigación. Por otra parte, el fiscal que intervino en primera instancia decidió prematuramente archivar el expediente por considerar que no había nada que investigar.
Sin embargo, gracias a la incansable voluntad de hacer justicia por parte de la madre de David, querellante en la causa y patrocinada por abogados de CORREPI SUR, se pudo determinar que no existió ningún enfrentamiento y que el joven fue asesinado a sangre fría mientras rogaba con las manos alzadas. Fueron siete largos años de lucha y de búsqueda incesante de testigos, en una investigación plagada de irregularidades, durante la cual los imputados no pasaron ni un solo día tras las rejas.
Debe destacarse además que este caso de gatillo fácil se dio paralelamente a la actuación del “Escuadrón de la Muerte ” en Don Torcuato, y a la denuncia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense sobre 60 casos de jóvenes asesinados por la policía provincial en supuestos enfrentamientos, gran parte de ellos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Es decir, si bien la práctica institucional de violaciones a los derechos humanos por parte de la bonaerense no ha cambiado nunca, durante los años 1999, 2000 y 2001 actuó en un clima de impunidad casi absoluto, en el cual jueces y fiscales del norte del conurbano avalaban con el “sobreseimiento fácil” a la enorme cantidad de hechos en que eran asesinados menores por parte del personal policial.
En el contexto actual, ante una nueva embestida de las recurrentes campañas a favor de la “mano dura”, resulta indispensable señalar que casos como el de David siguen siendo moneda corriente en los barrios pobres del conurbano, donde el gatillo fácil funciona efectivamente como pena de muerte aplicada en los operativos policiales.
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