La persecución política para la resistencia y las organizaciones populares es bien conocida. A lo largo de los años ha tomado distintas formas. La represión y la cárcel siguen siendo moneda corriente en cada punto de nuestro país. Pero recientemente, esa persecución se ha tornado claramente en criminalización. Y al mismo tiempo, del otro lado, cada día más, la impunidad de los que tienen el poder se hace más evidente y se va reforzando.
La criminalización es transformar las organizaciones populares y su acción política en delito. Para lo que se llama “justicia”, si hay corte de calles: causa judicial, si hay manifiestación con caras tapadas: posibles delincuentes, si hay escrache: delito contra la propiedad. Para ellos, el que rompe la ley debe pagar. Pero se trata de sus leyes.
Así, el que ordenó una represión, donde fue asesinado un docente por reclamar por justicia y dignidad, queda impune. Porque era gobernador de Neuquén, millonario y de la clase política. Jorge Sobisch. Hoy están yendo a prisión los decrépitos milicos genocidas. Es un hecho. Pero no están siendo juzgados sus socios civiles, empresarios, periodistas, políticos de ayer y de hoy. Los que siguen tejiendo conspiraciones y golpes de mano, ahora institucionales. Tampoco están siendo juzgados los entregadores de la Argentina del presente. No están siendo juzgados los corruptos de la política y la economía, los que hacen negocios a costa del hambre y la miseria de millones de argentinos. Y no están siendo juzgados los responsables de tantos argentinos muertos por manifestarse. Entonces estamos ante la manipulación descarada de las leyes, o las leyes que dicen que son de los argentinos, son en verdad las de y para los poderosos.
Un tribunal para Quebracho
Son momentos que ante la avanzada del golpismo proimperialista y de las agendas represivas sostenidas por exponentes como Duhalde y Macri, el juicio a Quebracho se constituye en un laboratorio complejo de disputa. Por un lado con el grado de autonomismo que fueron ganando algunos sectores judiciales ante la certeza del ocaso del kirchnerismo, y que empiezan a trabajar en sintonía con lo que ellos creen que se viene. Por otro lado está la necesidad de algunos sectores de construir una condena o una absolución que pueda probar o desmoronar la idea de que Quebracho puede andar impune por la calle. Ahí es donde sectores del gobierno nacional auspician nuestra condena azuzados por el macrismo y el duhaldismo. A la vez, nos pretende juzgar con peligro de prisión a nuestros compañeros, una tribuna cuyos miembros tienen probadas y reconocidas relaciones con el régimen genocida quienes no dudaron en hacer oídos sordos y vista gorda a las violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura o de los regímenes institucionales: los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons.
.Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores a copamiento del cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos (despostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes), por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial.[1] Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.[2]
.Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. Su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.[3]
.Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros. Por ejemplo, dispuso la captura de ex miembros de esa organización basándose en una conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura.[4] También inició una causa contra el poeta y periodista Juan Gelman acusándolo de asociación ilícita, ordenando su captura y declarándolo en rebeldía. Sin embargo, el 7 de enero de 1985, la Cámara Federal de la Capital Federal modifica la resolución de este juez Pons y exime a Gelman de prisión.[5]
Estos son las personas que hoy se erigen como tribunal que intentará juzgar a 14 militantes populares. Estos son los jueces que a pesar de ser responsables de cosas que deberían preocuparnos mucho más que una vidriera y unos muebles rotos, hoy no están siendo exhortados ni sentados en el banquillo por eso. Una muestra más de la impunidad de los de arriba.
La agenda de los poderosos o la toma del poder por el Pueblo
Hoy, los de arriba, siguen teniendo las riendas del poder y siguen imponiendo la agenda a los de abajo. Esto es un logro más de la dominación. La opinión de los de arriba se sigue imponiendo a los de abajo. Lo que piensan ellos debe ser parte de la conciencia de todos. Ellos deciden que es legítimo y que no lo es. Parte de esa agenda y forma de conciencia suele decir: los que deben hacer política son sólo ellos, sólo “los políticos”, los de traje. No los jóvenes, no los pobres, no los trabajadores. Desde arriba han logrado imponer que para el Pueblo hacer política es sólo votar, acatar y esperar; que política en nuestro país son las dádivas que Ellos dan, los discursos desde los estrados o los actos del aparato político, la telenovela cotidiana del Congreso o la ronda a los programas periodísticos de la TV.
Y nosotros decimos que la política la tiene que protagonizar el pueblo organizado. Que el pueblo en sus diversas expresiones, debe organizarse, movilizarse, meterse “de prepo” en la política de donde está proscripto y pasar a formar parte de las decisiones de Estado. Que la clase política, esos que “son todos iguales”, que ya los conocemos, que vienen y regresan una y otra vez, no decidan más por nostros. Porque si deciden por nosotros, están ejerciendo el poder por nosotros y sobre nosotros.
Por eso, otra vez, somos enjuiciados. Quieren encarcelar a los que resisten, a los que intentan mostrar otro camino de la política y para una Argentina justa, digna y soberana.
Pero seguiremos en el camino de aportar a la construcción de una alternativa política que tenga por base el ejercicio del poder por parte del Pueblo. No ceder más, gobernar no “por intermedio de nuestros representantes”, sino de manera permanente, cotidiana. Poder Popular, Democracia Directa, Democracia de Masas. Sólo si desde el campo popular comenzamos a hablar y a hacer en estos términos, donde la Unidad de las organizaciones populares, el antiimperialismo y la lucha contra el Saqueo sean pilares del proceso de cambio, sólo así lograremos comenzar la construcción del Socialismo como política de Estado.
No nos sacarán de la huella.
La criminalización es transformar las organizaciones populares y su acción política en delito. Para lo que se llama “justicia”, si hay corte de calles: causa judicial, si hay manifiestación con caras tapadas: posibles delincuentes, si hay escrache: delito contra la propiedad. Para ellos, el que rompe la ley debe pagar. Pero se trata de sus leyes.
Así, el que ordenó una represión, donde fue asesinado un docente por reclamar por justicia y dignidad, queda impune. Porque era gobernador de Neuquén, millonario y de la clase política. Jorge Sobisch. Hoy están yendo a prisión los decrépitos milicos genocidas. Es un hecho. Pero no están siendo juzgados sus socios civiles, empresarios, periodistas, políticos de ayer y de hoy. Los que siguen tejiendo conspiraciones y golpes de mano, ahora institucionales. Tampoco están siendo juzgados los entregadores de la Argentina del presente. No están siendo juzgados los corruptos de la política y la economía, los que hacen negocios a costa del hambre y la miseria de millones de argentinos. Y no están siendo juzgados los responsables de tantos argentinos muertos por manifestarse. Entonces estamos ante la manipulación descarada de las leyes, o las leyes que dicen que son de los argentinos, son en verdad las de y para los poderosos.
Un tribunal para Quebracho
Son momentos que ante la avanzada del golpismo proimperialista y de las agendas represivas sostenidas por exponentes como Duhalde y Macri, el juicio a Quebracho se constituye en un laboratorio complejo de disputa. Por un lado con el grado de autonomismo que fueron ganando algunos sectores judiciales ante la certeza del ocaso del kirchnerismo, y que empiezan a trabajar en sintonía con lo que ellos creen que se viene. Por otro lado está la necesidad de algunos sectores de construir una condena o una absolución que pueda probar o desmoronar la idea de que Quebracho puede andar impune por la calle. Ahí es donde sectores del gobierno nacional auspician nuestra condena azuzados por el macrismo y el duhaldismo. A la vez, nos pretende juzgar con peligro de prisión a nuestros compañeros, una tribuna cuyos miembros tienen probadas y reconocidas relaciones con el régimen genocida quienes no dudaron en hacer oídos sordos y vista gorda a las violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura o de los regímenes institucionales: los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons.
.Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores a copamiento del cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos (despostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes), por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial.[1] Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.[2]
.Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. Su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.[3]
.Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros. Por ejemplo, dispuso la captura de ex miembros de esa organización basándose en una conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura.[4] También inició una causa contra el poeta y periodista Juan Gelman acusándolo de asociación ilícita, ordenando su captura y declarándolo en rebeldía. Sin embargo, el 7 de enero de 1985, la Cámara Federal de la Capital Federal modifica la resolución de este juez Pons y exime a Gelman de prisión.[5]
Estos son las personas que hoy se erigen como tribunal que intentará juzgar a 14 militantes populares. Estos son los jueces que a pesar de ser responsables de cosas que deberían preocuparnos mucho más que una vidriera y unos muebles rotos, hoy no están siendo exhortados ni sentados en el banquillo por eso. Una muestra más de la impunidad de los de arriba.
La agenda de los poderosos o la toma del poder por el Pueblo
Hoy, los de arriba, siguen teniendo las riendas del poder y siguen imponiendo la agenda a los de abajo. Esto es un logro más de la dominación. La opinión de los de arriba se sigue imponiendo a los de abajo. Lo que piensan ellos debe ser parte de la conciencia de todos. Ellos deciden que es legítimo y que no lo es. Parte de esa agenda y forma de conciencia suele decir: los que deben hacer política son sólo ellos, sólo “los políticos”, los de traje. No los jóvenes, no los pobres, no los trabajadores. Desde arriba han logrado imponer que para el Pueblo hacer política es sólo votar, acatar y esperar; que política en nuestro país son las dádivas que Ellos dan, los discursos desde los estrados o los actos del aparato político, la telenovela cotidiana del Congreso o la ronda a los programas periodísticos de la TV.
Y nosotros decimos que la política la tiene que protagonizar el pueblo organizado. Que el pueblo en sus diversas expresiones, debe organizarse, movilizarse, meterse “de prepo” en la política de donde está proscripto y pasar a formar parte de las decisiones de Estado. Que la clase política, esos que “son todos iguales”, que ya los conocemos, que vienen y regresan una y otra vez, no decidan más por nostros. Porque si deciden por nosotros, están ejerciendo el poder por nosotros y sobre nosotros.
Por eso, otra vez, somos enjuiciados. Quieren encarcelar a los que resisten, a los que intentan mostrar otro camino de la política y para una Argentina justa, digna y soberana.
Pero seguiremos en el camino de aportar a la construcción de una alternativa política que tenga por base el ejercicio del poder por parte del Pueblo. No ceder más, gobernar no “por intermedio de nuestros representantes”, sino de manera permanente, cotidiana. Poder Popular, Democracia Directa, Democracia de Masas. Sólo si desde el campo popular comenzamos a hablar y a hacer en estos términos, donde la Unidad de las organizaciones populares, el antiimperialismo y la lucha contra el Saqueo sean pilares del proceso de cambio, sólo así lograremos comenzar la construcción del Socialismo como política de Estado.
No nos sacarán de la huella.
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