Tiempo atrás (según lo denunció el diario Perfil) el Ministerio de Defensa de la Nación habría anunciado que el gobierno arrendaría un terreno de casi 2.000 hectáreas que el Ejército posee en la localidad de Ordoñez, en la Provincia de Córdoba.
Aunque la noticia parezca contradictoria con el discurso de Cristina, que es la jefa política de la ministra de defensa Nilda Garré, el destino de ese predio sería "sembrar soja o trigo".
Esa noticia no es más que un nueva muestra de cómo la demagogia "antisoja" y "antioligárquica" del gobierno es sólo "cháchara" al servicio de confundir a las tribunas y a algunos izquierdistas despistados, mientras que su verdadera política pasa por impulsar la liquidación de los pequeños productores, de manera de concentrar las tierras y la producción agropecuaria en manos de cada vez menos dueños.
Por eso no es casualidad que a mediados del año pasado el titular de la Federación Agraria le haya reclamado a la ministra de Defensa Nilda Garré que ese predio no le sea entregado a Gustavo Grobocopatel, que es justamente uno de los magnates de la soja.
Este oligarca no sólo hace negocios en la Argentina, donde siembra más de 100.000 hectáreas con soja, sino que ha acompañado reiteradamente a Néstor y a Cristina en sus viajes "comerciales" a otros países, como Venezuela o Brasil, en los cuales firmó ventajosos acuerdos comerciales.
Si algo falta para entender la relación de la familia K. con la "patria sojera" basta con saber que las oficinas de Puerto Madero desde las cuales Néstor Kirchner conduce los destinos de Cristina y del país, son propiedad de la gente de Cresud, uno de los agronegocios sojeros más importantes del país.
Estos oligarcas, que al igual que Grobocopatel nunca promovieron el paro del campo ni cortaron rutas, cuentan con 449.991 hectáreas propias en la Argentina, 162.000 de las cuales están sembradas con granos (fundamentalmente soja). Además alquilan 53.000 hectáreas y crían más de 90.000 cabezas de ganado vacuno.
Estos modernos terratenientes son, junto con los monopolios del petróleo, la pesca, la industria y las empresas de servicios privatizadas, los verdaderos dueños del país y principales beneficiarios de la política antiobrera y antipopular de los Kirchner.
La izquierda y las organizaciones combativas tienen que tener esto en claro para, no sólo impulsar las luchas obreras por sus reivindicaciones específicas, sino asumir la necesidad de unir estas peleas con todos los sectores acorralados por el ajuste, como los pequeños productores agropecuarios.
Esta alianza obrera, campesina y popular es la que hace falta para preparar el nuevo Argentinazo que derrote a los de arriba e imponga una salida democrática a la crisis terminal del sistema capitalista semicolonial argentino.
Aunque la noticia parezca contradictoria con el discurso de Cristina, que es la jefa política de la ministra de defensa Nilda Garré, el destino de ese predio sería "sembrar soja o trigo".
Esa noticia no es más que un nueva muestra de cómo la demagogia "antisoja" y "antioligárquica" del gobierno es sólo "cháchara" al servicio de confundir a las tribunas y a algunos izquierdistas despistados, mientras que su verdadera política pasa por impulsar la liquidación de los pequeños productores, de manera de concentrar las tierras y la producción agropecuaria en manos de cada vez menos dueños.
Por eso no es casualidad que a mediados del año pasado el titular de la Federación Agraria le haya reclamado a la ministra de Defensa Nilda Garré que ese predio no le sea entregado a Gustavo Grobocopatel, que es justamente uno de los magnates de la soja.
Este oligarca no sólo hace negocios en la Argentina, donde siembra más de 100.000 hectáreas con soja, sino que ha acompañado reiteradamente a Néstor y a Cristina en sus viajes "comerciales" a otros países, como Venezuela o Brasil, en los cuales firmó ventajosos acuerdos comerciales.
Si algo falta para entender la relación de la familia K. con la "patria sojera" basta con saber que las oficinas de Puerto Madero desde las cuales Néstor Kirchner conduce los destinos de Cristina y del país, son propiedad de la gente de Cresud, uno de los agronegocios sojeros más importantes del país.
Estos oligarcas, que al igual que Grobocopatel nunca promovieron el paro del campo ni cortaron rutas, cuentan con 449.991 hectáreas propias en la Argentina, 162.000 de las cuales están sembradas con granos (fundamentalmente soja). Además alquilan 53.000 hectáreas y crían más de 90.000 cabezas de ganado vacuno.
Estos modernos terratenientes son, junto con los monopolios del petróleo, la pesca, la industria y las empresas de servicios privatizadas, los verdaderos dueños del país y principales beneficiarios de la política antiobrera y antipopular de los Kirchner.
La izquierda y las organizaciones combativas tienen que tener esto en claro para, no sólo impulsar las luchas obreras por sus reivindicaciones específicas, sino asumir la necesidad de unir estas peleas con todos los sectores acorralados por el ajuste, como los pequeños productores agropecuarios.
Esta alianza obrera, campesina y popular es la que hace falta para preparar el nuevo Argentinazo que derrote a los de arriba e imponga una salida democrática a la crisis terminal del sistema capitalista semicolonial argentino.
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