Un nuevo ataque a la Universidad Pública
La denuncia del Fiscal Marijuan contra todas las Universidades nacionales es una burda maniobra que pretende desprestigiar a la Universidad Pública.
El
gobierno nacional aplica el ajuste sobre los salarios al quedar los
incrementos salariales por debajo de la inflación. El actual presupuesto
universitario ya de por si insuficiente fue también carcomido por la
devaluación, inflación y aumento de tarifas.
El presupuesto 2017 presentado al congreso es un presupuesto que promete mas ajuste sobre
las universidades y los distintos organismos de ciencia y técnica.
Ante
ello desde la CONADU Histórica junto al conjunto de la docencia
universitaria y los trabajadores de los otros organismos de ciencia y
técnica nos movilizamos en rechazo a estas medidas con cada vez mayor
repercusión en la sociedad. Justo en este momento el fiscal Marijuan
realiza una denuncia penal por malversación de fondos a todas la
universidades nacionales por sospechas de mal uso de las partidas
presupuestarias giradas sobre fines del año pasado.
Esta
denuncia tiene que ver centralmente con una maniobra de desprestigio
hacia el conjunto de las universidades para justificar el ajuste sobre
la educación, la ciencia y la tecnología. Desprestigiar a la educación
pública para avanzar en las políticas de elitizacion, mercantilización,
achicamiento y arancelamiento de la Universidad Publica. Este es el
proyecto del actual gobierno.
Desde
la CONADU Histórica siempre hemos denunciado a las autoridades
universitarias que junto a los sectores de poder toman como botin a las
instituciones universitarias, se han convertido en verdaderas patronales
siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e
incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo
tipo de prebendas y negocios
.
El gobierno actual utiliza los escándalos del pasado inmediato para justificar el ajuste del presente y la reconfiguración
de los distintos sectores dominantes en la disputa por el dominio de las estructuras universitarias. Hoy
en la UBA se está por consumar el enésimo negocio con el hospital de
clínicas por lo menos por 130 millones de dólares. Ya por estos negocios
con el Hospital tuvo que renunciar en su momento el decano de la
facultad de ciencias económicas, envuelto en el escándalo.
El
reciente nombramiento del productor televisivo Avila como coordinador
de los hospitales universitarios a nivel nacional es una puerta a los
negociados con la salud en el sistema universitario? Ya Avila fue
propuesto
como Secretarios de Politicas Universitarias al inicio de este gobierno y
el rechazo contundente de la comunidad universitaria lo impidió.
También
han salido a la luz pública la utilización de las universidades para
tercerizar la contratación de trabajadores en otras dependencias del
estado. Escandaloso ha sido el caso de la UTN “”elegida”” para derivar
mas de 4.000 millones de pesos a Yacimientos Carboníferos Fiscales en
Santa Cruz.
Durante 19 años
la Universidad Nacional de Tucuman fue socia privilegiada de la
megaminería contaminante de la Alumbrera. Con esas “rentas” se
financiaron obras (muchas inconclusas) con sobreprecios a tal nivel que
el ex rector Cerisola está imputado por la justicia federal.
Los negocios
audiovisuales nos llenaron estupor a todos cuando se supo que la universidad de
San Martín pagó $36 millones a Andrea del Boca para realizar una novela.
Las
universidades son un botín disputado por los sectores dominantes no
solo por intereses económicos de manejar de acuerdo a sus intereses y
con sus negocios
el presupuesto y la estructura universitaria sino además para
orientar la formación e investigación en función del modelo de país que
pretenden imponer. Desde los
gobiernos se utiliza la distribución presupuestaria arbitraria para
subordinar a la universidad para estos fines.
La
todavía vigente Ley de Educación Superior fue la base legal que
potencia esta verdadera apropiación de la universidad. Es la Ley que
permite que los sueldos de las autoridades universitarias se definan en
cada universidad “”con autonomía”” y hoy implica que hay rectores , decanos y funcionarios con sueldos de “”empresarios””.
Es
la Ley que estimuló a fondo la utilización de los denominados fondos
propios, originados en convenios con empresas, ventas de servicios,
incluso aranceles de diversas funciones universitarias constituyendo
verdaderos “”presupuestos paralelos”” al del estado. Es la ley que
promueve la concentración del poder y la constitución de verdaderas
camarillas en algunas universidades en las cuales cooptan el cogobierno
de los claustros y lo convierten solo en una figura decorativa.
Por ello exigimos
la inmediata derogación de la Ley de Educación Superior que al mercantilizar la educación superior es la madre de todos los negocios
y negociados.
Rechazamos
la distribución arbitraria del presupuesto basada en el sistema de
amigos y enemigos, como volvió a expresarse este año, y exigimos no solo
aumento del presupuesto sino una distribución equitativa y ejecución
transparente garantizando sean auditadas
por todos los claustros democráticamente.
CONADU HISTÓRICA
Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios
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