"TRAS CONOCERSE
LA RESOLUCIÓN DE LA ONU EL GOBIERNO DE JUJUY PROFUNDIZA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y ELEVA
A JUICIO UNA CAUSA ARMADA CONTRA UNO DE LOS DEFENSORES DE MILAGRO SALA"
El mismo
día en el que sé conoció la resolución de la ONU en la que ordena al Estado
Argentino liberar en forma inmediata a Milagro Sala tras considerar que su
detención es arbitraria, el gobierno provincial profundizó la persecución
política, ahora contra uno de los abogados defensores de la diputada del Parlasur,
Luis Paz. El Ministerio Público de la Acusación, por orden directa del contador
Gerardo Morales, emitió un requerimiento fiscal de elevación a juicio de una
causa inventada contra el letrado que fue caratulada como “amenazas coactivas”,
sin más prueba que el testimonio de la hija de Jorge Rafael Paes, vinculado a
una de las causas contra Milagro Sala y que a pesar de estar procesado en dos
instancias fue sobreseído por el juez residual Pablo Pullen Llermanos tras
denunciar a la dirigente social. Esta tarde, a las 17 horas, Luis Paz deberá
concurrir a la Fiscalía de Investigación Penal N 4, ubicada en la calle
Urquiza, para notificarse de la nueva resolución.
El Poder
Judicial de Jujuy, cuestionado por falta de independencia por el Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias impulsa ahora un juicio contra uno de los
abogados defensores de Milagro Sala, profundizando la persecución política
que se vive en la provincia de Jujuy desde el 10 de diciembre.
Hay que
recordar que la denuncia contra Luis Paz surgió luego de que el juez
residual Pablo Pullen Llermanos, tras suspender una audiencia testimonial en el
marco de la causa de encubrimiento que tiene como imputada a Milagro Sala,
estuviera alrededor de 7 horas en su despacho con la testigo que lo denunció,
sin la presencia de los abogados defensores de la dirigente social ni los del
otro imputado.
Es
necesario recordar que Pullen Llermanos fue denunciado por los abogados de
Milagro Sala al Superior Tribunal de Justicia por las irregularidades
cometidas. Entre ellas, por ejercer presión sobre la hija de Paes, obligándola
a declarar a pesar que el artículo 256 de la ley 3584 establece que no pueden
ser llamados como testigos los descendientes de los procesados.
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