CONVERGENCIA SOCIALISTA: "NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CHAVISTA"

No a la Reforma Constitucional Chavista
Por una Asamblea Constituyente
Que Reorganice el País al Servicio de los Trabajadores y el Pueblo

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, acaba de proponer una nueva "reforma constitucional".
Estos cambios, a diferencia de la Constitución redactada en 1999, no serán discutidos en una Asamblea Constituyente, sino que serán aprobados en un referéndum el próximo 2 de diciembre.
La negativa a convocar una Asamblea Constituyente en la que el pueblo discuta que tipo de políticas hay que llevar adelante, es una enorme contradicción con el principio de "participación" y "protagonismo popular" que Chávez agita demagógicamente desde las tribunas, pero que en los hechos no cumple.
De aprobarse las reformas Chávez concentrará en sus manos amplísimos poderes, ya que además de Jefe de Estado y de Gobierno, será el Administrador de la Hacienda Pública y del Presupuesto Nacional, el Suscriptor y Ratificador de Acuerdos y Tratados Internacionales, el Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, el Creador y Fiscalizador de Nuevos Entes Territoriales y Poderes Públicos, el Generador de Presupuesto para las Misiones.
Chávez, que podrá ser reelecto de manera indefinida, estará autorizado a realizar una reorganización territorial del país, a nombrar al gobernador del Distrito Federal (Caracas) y a decretar el estado de excepción o de sitio por tiempo indeterminado, durante el cual se podrá detener a los ciudadanos sin cargos, además de censurar a la prensa.
Mientras tanto, para poder participar en el llamado "Poder Popular" será obligatorio estar inscrito en las organizaciones definidas (y reglamentadas) con anterioridad por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que los hechos constituirá la pérdida de los derechos a la libre organización y participación, que están declamados por la propia Constitución.
Los socialistas revolucionarios nos oponemos a este ataque a los derechos democráticos, al servicio de profundizar la aplicación de una política, que nada tiene de "socialista", sino que es absolutamente favorable a los capitalistas.
Con la reforma Chávez no dará un solo paso hacia la expropiación de los monopolios y la socialización de la riqueza, sino que mantendrá y profundizará la protección constitucional a las multinacionales imperialistas, garantizándole los mismos derechos que las empresas nacionales, una de las cuestiones centrales que exigía el ALCA.
Los cambios le otorgarán un rango constitucional a la propiedad establecida entre el Estado Nacional y el capital privado imperialista (empresas mixtas), lo que implicará la entrega lisa y llana de la soberanía a las trasnacionales y gobiernos extranjeros, no sólo en petróleo sino también en la minería y todos los servicios públicos.
De esa manera se legalizará el hecho consumado por la Asamblea Nacional en el año 2006, cuando, sin consulta alguna, aprobó el "Contrato Marco" de las Empresas Mixtas, a través del cual los monopolios petroleros cambiaron su rol de simples " prestadoras de servicios" a propietarias del 40% de los hidrocarburos que están en el subsuelo del territorio venezolano.
La nueva Constitución fortalecerá la propiedad mixta, no sólo en la industria petrolera, sino en todas las ramas de la economía, de manera que ganen los que tienen el verdadero control del gobierno chavista, los grandes patrones, que contarán con mejores herramientas para seguir explotando a los trabajadores y el pueblo pobre de Venezuela.

Por una Asamblea Constituyente
Libre, Democrática y Soberana

La Constitución que rige en la actualidad es un instrumento que beneficia a los patrones y al imperialismo. Pero al menos fue redactada por una Asamblea Constituyente, electa en 1999.
Desde entonces hasta hoy, grandes luchas tuvieron lugar en Venezuela: las masas derrotaron el golpe de 2003, el paro patronal, y el referéndum revocatorio, se construyó una nueva central sindical, la UNT, y los trabajadores ganaron enormes espacios.
En ese contexto, Chávez resolvió reformar la Constitución, no para dar más poder a los trabajadores, sino para cerrar los espacios que conquistaron con su lucha.
Por eso, a diferencia de 1999, ahora la reforma es discutida por la Asamblea Nacional, en la que solo hay representantes de los partidos que apoyan al gobierno.
A los trabajadores y a la población, se les deja el papel pasivo de aprobar o rechazar la reforma en un referéndum previsto para el 2 de diciembre.
Los socialistas estamos a favor de modificar la Constitución, pero mediante la participación masiva y democrática, tanto en el debate como en la redacción, de los trabajadores y el pueblo y de sus organizaciones de base.
Para eso es necesario que se convoque a una asamblea nacional constituyente, libre, democrática y soberana, que adopte medidas de emergencia, como el aumento inmediato de salarios, la incorporación de todos los trabajadores a las convenciones colectivas, el respeto a la autonomía sindical.
La nueva Constitución deberá establecer la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de las empresas petroleras, las fábricas, bancos, recursos naturales y latifundios, disponer el derecho al trabajo, la vivienda y a la educación pública y gratuita para toda la población.
Deberá terminar con los poderes "extraordinarios" liquidando el presidencialismo, proponiendo una nueva forma de gobernar el país con una cámara única con diputados electos proporcionalmente mediante una sola circunscripción nacional, con mandatos revocables, que no ganen más que los obreros, así como la liquidación de las actuales Fuerzas Armadas para reemplazarlas por las organizaciones del pueblo en armas, es decir, que establezca un gobierno de los trabajadores para llevar a cabo esas medidas.

CONVERGENCIA SOCIALISTA