“El intento de pasar el Astillero a la Nación es un nuevo ataque privatizador
pergeñado por Julio De Vido”
El ingeniero Ángel Cadelli -referente histórico y actual Gerente de calidad del Astillero Río Santiago-, rechazó de plano el nuevo intento de transferir el Astillero a la Nación (Ver Diario Hoy, 16/11/07).
“Julio De Vido, Hugo Jaime, y sus socios políticos, como algunos asesores del Barba Gutiérrez, vienen fogoneando la privatización periférica del Astillero Río Santiago, a través de acuerdos espurios con el grupo Techint – Beltrame; todo por orden de Néstor Kirchner. Este año ya detuvimos sus embates y ahora lo volveremos a hacer”, afirmó Cadelli.
Actualmente el Astillero Río Santiago está en la órbita del Estado Provincial, y su traspaso a la nación implicaría de movida que todos los trabajadores deberían prestar 5 años más de servicio para tener derecho a su jubilación.
“Los trabajadores repudiamos al señor De Vido, ya que, entre otras cosas, él es el responsable de que, de los 78 millones de pesos comprometidos en 2005 para mejorar la infraestructura del Astillero, sólo llegaron 3 millones. Es más, actualmente estamos construyendo el quinto buque para Alemania, estamos empezando a construir dos para Venezuela, con opción a construir otros dos más, y ya hemos cotizado 6 buques para Arabia Saudita, pero resulta que las decisiones de estos muchachos no nos permiten construir buques para nuestro propio país, por la carencia de un plan de crédito y financiamiento de la producción”, continuó Cadelli.
La falta de una política clara de fomento de la industria naval nacional y en manos del Estado, se agrava por la vigencia de una ley sancionada por el gobierno de Menem –que la gestión de Kirchner no ha derogado-, por la que el Astillero se encuentra dentro de la Zona Franca La Plata. Esto implica que se le está negando al Astillero su ingreso al territorio nacional.
Además de esta restricción territorial y financiera, actúa sobre toda la industria naval argentina la pérdida del derecho soberano a reservar cargas y así recuperar a los armadores nacionales, que constituyen el mercado interno al que debe dedicarse el Astillero Río Santiago y el resto de la industria naval nacional.
Cadelli recordó que “el señor Ricardo Jaime, secretario de Transportes de la Nación, suscribió, en nombre de Julio De Vido y Néstor Kirchner, un Acta de Acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), por la que el gobierno se comprometió a impulsar dos leyes redactadas por los trabajadores del Astillero. Esas leyes hoy tienen estado parlamentario, gracias a la acción del diputado nacional Claudio Lozano, entre otros. Estas leyes reconstruyen el financiamiento genuino para la construcción de buques en la Argentina, y la reserva de cargas para transportar la mitad de de todo lo que entra y sale del país en buques de bandera argentina, o del país que esta designe”.
Con la sanción de estas leyes, la Argentina recuperaría una facturación anual de entre 1500 y 2000 millones de dólares, valor que hoy es facturado por empresas extranjeras que construyen sus buques en otros países y que navegan bajo banderas de conveniencia (Liberia, Panamá, etc.), flexibilizando de manera infrahumana las condiciones laborales de los trabajadores.
Estas dos leyes son la Ley de transporte por agua con reserva de cargas y la Ley del Fondo de desarrollo de la Industria Naval (FODIN), que ya han recibido su aprobación en las correspondientes Comisiones parlamentarias.
20 nov 2007
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