CONFIRMAN LA MAGNITUD DEL GENOCIDIO EN TUCUMAN

Por Marcos Taire.

Un sobreviviente del campo de concentración y exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue colocado al amparo del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (Ley Nº 25.764), dada la importancia de sus declaraciones, que confirman la magnitud del genocidio en la provincia.

La decisión fue adoptada por el juez federal (subrogante) Raúl Daniel Bejas quien, desde su asunción en el cargo el año pasado, produjo un vuelco en las investigaciones que se llevan a cabo en Tucumán sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa provincia en la década del ´70. Recientemente el magistrado ordenó la elevación a juicio oral de la causa en la que el represor Antonio Bussi está acusado por el secuestro y desaparición del ex legislador Guillermo Vargas Aignasse.

El testigo, cuya identidad se preserva, permaneció secuestrado y sometido a tormentos alrededor de un año en el campo de concentración que funcionó en el Arsenal. En distintos períodos, según la voluntad de sus captores, realizó tareas varias, desde limpieza y corte de leña, hasta la elaboración del parte que la Inteligencia Militar elevaba diariamente al Comando de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, cuyo titular era Bussi. Ese informe detallaba los nombres y la cantidad de prisioneros, con las variaciones derivadas de sus traslados y/o asesinatos. Según ese parte, en el período en que este sobreviviente estuvo secuestrado habrían sido asesinadas alrededor de 800 personas.

El testigo ya habría identificado a personal militar, de las fuerzas de seguridad, policías y civiles del aparato de Inteligencia que cumplían las tareas represivas en el campo de concentración. El paso siguiente sería identificar en el terreno las ubicaciones del galpón donde los militares mantenían a las personas secuestradas y un pozo donde llevaban a cabo los asesinatos y la cremación de los cadáveres.

Las declaraciones de este sobreviviente son de una importancia trascendental, ya que en muchos períodos permaneció “destabicado”, es decir, sin vendajes que cubrieran su rostro.

Hasta ahora la justicia contaba con muy pocos testimonios. Los más importantes, pero que se limitaban a la descripción de la vida en el campo de concentración y los tormentos a los que eran sometidos los prisioneros, fueron brindados por el doctor Argentino Augier –recientemente fallecido- y Juan Martín, un ex prisionero. En ambos casos no identificaban a los represores, por haber permanecido todo el tiempo de su cautiverio con los ojos tapados. Otros testimonios, brindados por sobrevivientes en años recientes, identificaron a un jefe de interrogadores y a un par de integrantes de la patota que se encargaba de los secuestros. El testimonio de un ex gendarme, integrante de un destacamento móvil que tenía a su cargo la custodia del campo y de los prisioneros, identificó a personal de esa fuerza de seguridad y reveló que Bussi y otros altos jefes militares y policiales participaban en la ejecución de los sentenciados

El gendarme afirmó que en el Arsenal se fusilaba entre 15 y 20 personas cada dos semanas. Era en esas macabras “ceremonias” que Bussi y otros altos oficiales del Ejército efectuaban el primer disparo, “invitando” a los demás a imitarlos, sellando de esa forma el “pacto de sangre” instituido por el general Luciano Benjamín Menéndez en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército.

El gendarme dijo que vio que dos prisioneros recibieron disparos en la nuca, efectuados por el propio Bussi, al borde del pozo donde caían los cuerpos y luego eran cremados. Las víctimas, en esas oportunidades, fueron Ana Cristina Corral, una estudiante secundaria de 16 años y Luis Falú, estudiante universitario.

En el campo de concentración del Arsenal también fueron asesinadas muchas personas que no estaban prisioneras allí y que eran trasladas desde otros lugares de cautiverio, tales como la Jefatura de Policía y el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó, en la segunda etapa del Operativo Independencia, un llamado Comando Táctico. Los jefes máximos de esos lugares eran el comisario Roberto Heriberto Albornoz, el teniente primero Arturo Félix González Naya y los tenientes coroneles Antonio Arrechea y Augusto Neme. Solamente Albornoz (a) “El tuerto”, está detenido, gozando de la placidez de su hogar en la Banda del Río Salí.

Según algunas declaraciones, fueron llevados desde la Jefatura de Policía y asesinados en el Arsenal ex funcionarios y ex legisladores del gobierno justicialista depuesto el 24 de marzo de 1976, entre ellos los ex senadores provinciales Damián Márquez y Dardo Molina.

Testimonios obrantes en la Justicia y en la secretaría de Derechos Humanos revelaron hasta ahora la identidad de pocos jefes e interrogadores que operaron en el Arsenal. Según esas declaraciones, uno de los máximos responsables era un capitán del Ejército identificado como “Naso” Varela, aunque existen dudas sobre su nombre verdadero, al igual que sobre la identidad del más cruel de los interrogadores, un gendarme al que llamaban “Saba”, cuyo apellido sería Sabadini.+ (PE/Argenpress)