EL NUEVO GOBIERNO DE SALTA CONVALIDÓ LOS DESMONTES AUTORIZADOS POR ROMERO

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.-
Greenpeace denunció, hoy jueves, que el gobierno de Salta convalidó las autorizaciones de desmontes realizadas por la gestión de Juan Carlos Romero en forma especulativa antes de la sanción de la Ley de Bosques.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta autorizó durante 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006, cifra que supera ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país. A pesar de esto, el nuevo gobierno decidió no dar marcha atrás con las autorizaciones. Entre las autorizaciones que mantienen su vigencia por decisión del actual gobierno provincial, se encuentran dieciocho casos que habían sido impugnados por la Fundación ASOCIANA, que había denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas”, ya que los mismos tenían serias deficiencias en los Estudios de Impacto Ambiental y las audiencias públicas deberían haber sido traducidas al idioma de las comunidades indígenas que actualmente están afectadas por los desmontes. A este reclamo adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y el área en conflicto comprende un total de 121.370 hectáreas que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
“Es una vergüenza que se hayan convalidado estos desmontes, que fueron solicitados de manera especulativa para evitar la moratoria que establece la Ley de Bosques, y que afectan seriamente a las comunidades indígenas que los utilizan. Las topadoras están avanzando sobre las comunidades amparadas en la supuesta legalidad de estos permisos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
“Es preocupante que mientras la provincia avanza en la realización del ordenamiento territorial de sus bosques nativos las topadoras sigan destruyendo lo poco que queda. Estamos en una verdadera emergencia forestal y no podemos perder ni una hectárea más”, concluyó Giardini.