CRONOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN BOLIVIA HASTA LOS SUCESOS DE PANDO

El porque de la detención preventiva del prefecto de Pando en el Penal de San Pedro

Cronología de la violencia en Bolivia hasta los sucesos de PandoEl Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue remitido ayer, 18 de septiembre, al penal de San Pedro bajo detención preventiva, acusado de probabilidades de responsabilidad en el delito de terrorismo. La detención fue instruida por el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien dijo que la acción del prefecto de Pando contra el Estado originó un clima que dio lugar a los sucesos de Pando en el que murieron más de 15 personas entre el 11 y 13 de septiembre pasado en Pando. La prensa de hoy, viernes, 19 de septiembre, presenta informes confusos en torno a las causas por las cuales el juez quitó el fuero al prefecto de La Paz y lo envío a prisión preventiva tras más de cinco horas de argumentación de ambas partes en la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo la tarde del jueves, 18, en la Academia Nacional de Policías (ANAPO), en la zona de Seguencoma, sede de gobierno. Según el periódico El Diario, "el prefecto del Departamento de Pando fue trasladado anoche a la cárcel de San Pedro de esta ciudad, luego que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenara su detención preventiva por la muerte de tres estudiantes normalistas en los luctuosos hechos del pasado 11 de septiembre en El Porvenir", El periódico La Razón señala que: "El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, perdió ayer su fuero y fue recluido en la cárcel paceña de San Pedro, porque el juez Williams Dávila determinó que existe la posibilidad de que haya cometido el delito común de terrorismo en los hechos de Pando y de que obstaculice la investigación de los sucesos en los que 13 personas murieron". El juez justificó su decisión en el riesgo de fuga y en "la probabilidad de su responsabilidad en los sucesos de Pando" concretamente por "terrorismo", uno de los tres delitos por los cuales se le acusa a Leopoldo Fernández junto con a asociación delictuosa y asesinato. La decisión del juez fue adoptada luego de una audiencia sobre medidas cautelares que duró más de cinco horas, ayer, en la tarde, en la Academia Nacional de Policías, donde Fernández guardaba detención por seguridad y desde donde fue traslado al penal de San Pedro, en el cual pasó ya una noche. En la mañana de ayer, el Juzgado Tercero de la Paz, dirigido por Blanca Alarcón, le había negado un recurso de Habeas Corpus exigido por la defensa Fernández. Frente a la decisión de los jueces, se ha pronunciado hoy la Corte Suprema de Justicia que ha pedido al Consejo de la Judicatura una investigación por "prevaricato". Reconstrucción de la escalada de violencia hasta masacres de Pando, según registro de varios medios de prensa bolivianos Domingo, 3 de agosto Se inicia una huelga de hambre indefinida de 30 personas del Comité Cívico de Santa Cruz en las oficinas de esa organización exigiendo la devolución por parte del gobierno de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El periódico el Deber dice que el presidente Evo Morales obtendrá hasta un 59% de votación en el referendum revocatorio o aprobatorio que se llevará a cabo el 10 de agosto. Domingo, 10 de agosto Más del 80% participan en la votación del Referéndum ratificatorio o revocatorio para prefectos y presidente y vicepresidente. Los primeros resultados dan cuenta de que el gobierno fue ratificado, así como los prefectos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Potosí. Salieron los prefectos de La Paz y Cochabamba. Minutos después de conocer los resultados finales del referéndum revocatorio, el gobierno convocó a los prefectos ratificados en la consulta del 10 de agosto a iniciar un diálogo político en la ciudad de La Paz para el lunes, 11 de agosto. Conalde rechaza la invitación y alista medidas de fuerza para recuperar el IDH Miércoles, 13 de agosto Los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez; de Tarija, Mario Cossío, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y el secretario general de la Prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera, llegan al Palacio, en La Paz, a las 18:15. El presidente propone tres ejes para el diálogo: pacto constitucional-autonómico, que podría "constitucionalizar" los estatutos autonómicos; pacto fiscal, para analizar una nueva redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con la participación de las alcaldías, y un pacto institucional, para agilizar las designaciones de vocales de la Corte Nacional Electoral, Fiscalía y magistrados del Tribunal Constitucional. Las autoridades departamentales proponen discutir con prioridad la devolución del IDH, por el cual instalaron piquetes de huelga de hambre, y la aplicación de los estatutos autonómicos mediante una reforma de la Constitución Política del Estado que está vigente. En Santa Cruz, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, promulga una ley electoral y fija una fecha para la elección de asambleístas y subprefectos. Jueves, 14 de agosto El Consejo Nacional Democrático (Conalde) determina levantar el ayuno voluntario de 11 días en cinco regiones. Si bien la huelga se levanta, las medidas continuarán y serán más radicales, advierte. Viernes, 22 de agosto Cívicos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca definen bloqueos en Villamontes y Yacuiba, regiones fronterizas con Argentina y Paraguay. Domingo, 24 de agosto El Gobierno emite un decreto con sanciones pecuniarias a las prefecturas y alcaldías que perjudiquen la actividad petrolera, y que permitirá enjuiciar a las autoridades (alcaldes, prefectos u otros) que promuevan estos hechos. El gobierno instruye al gabinete ministerial estudiar un decreto para lanzar el Referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Lunes, 25 de agosto La Corte Nacional Electoral (CNE) concluye el recuento oficial de los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto, según el cual el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron ratificados en sus cargos con el 67,41% de apoyo. Sólo dos de los nueve departamentos del país revocan al presidente: Santa Cruz, con 59,25 por ciento, y Beni, con 56,28%. Lunes, 25 de agosto El Comité Cívico del Chaco inicia un bloqueo en Villamontes y Yacuiba interrumpiendo el acceso y salida hacia Paraguay, Argentina, Santa Cruz y Tarija, como medida de presión al gobierno. Miércoles, 27 de agosto El Gobierno convoca mediante el decreto 29691, para el 7 de diciembre, a Referendum en torno a la Carta Magna aprobada en diciembre de 2007 y dirimir la extensión del latifundio. En la misma fecha se deberá elegir a los prefectos de La Paz y Cochabamba, y a subprefectos y consejeros departamentales. Jueves, 28 de agosto Los prefectos y cívicos de Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, que forman el Consejo Nacional Democrático (Conalde) deciden impedir en sus regiones el Referéndum en torno al nuevo texto constitucional y lanzan nuevas medidas de presión. Domingo, 31 de agosto Camiri, Yacuiba, Villamontes y Macharetí, en El Chaco, declaran paro cívico movilizado e indefinido. La medida se suma a la masificación de 11 puntos de bloqueos instalados desde hace ocho días en las principales carreteras de conexión nacional e internacional exigiendo la devolución del IDH y suspensión del Referéndum lanzado por el gobierno. Lunes, 1 de septiembre Con la propuesta de tomar el control físico y administrativo de las instituciones públicas, el Consejo Nacional Democrático (Conalde) se reúne en Santa Cruz, según confirma el presidente de este organismo y prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. Con el argumento de que existen impedimentos legales, la Corte Nacional Electoral (CNE) decide la suspensión de los Referéndum dirimidor y aprobatorio de la nueva Constitución, previstos para el 7 de diciembre, y la elección de prefectos, subprefectos y consejeros departamentales, tal como establece el Decreto 29691, aprobado por el Gobierno el jueves, 28 de agosto. Miércoles, 3 de septiembre El opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde), que reúne a prefectos y cívicos, anunció la masificación del bloqueo de carreteras en cinco regiones del Oriente y Sur del país y convocó a todos los sectores sociales e instituciones a formar un "frente amplio", con el fin de resistir las medidas que intenta llevar adelante el gobierno de Evo Morales Miércoles, 3 de septiembre funcionarios prefecturales y organizaciones paralelas de campesinos y sin tierra, creadas por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, toman las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta la "restitución" de los recursos del IDH, la administración de la distribución de tierras fiscales a cargo del prefecto y la vigencia "plena de la autonomía". Jueves, 4 de septiembre Bloqueos de carreteras en el Chaco, toma de instituciones estatales y al menos tres atentados explosivos en Santa Cruz y Beni, disparan la tensión en el oriente y el sur del país, hasta donde el gobierno desplaza refuerzos con el fin de controlar las violentas protestas de las prefecturas y cívicos., Viernes, 5 de septiembre: En Pando, Los medios de comunicación deciden suspender sus transmisiones debido a agresiones y amenazas a periodistas. El aeropuerto de Cobija es tomado cerca del mediodía. Toman una avioneta militar, aprehenden a dos coroneles y un capitán, y decomisan material de refuerzo militar. El senador de Podemos, Paul Bravo, declara en Cobija: "la gente está molesta por el arribo, ayer, de un avión Hércules, de la Fuerza Aérea, que transportó 70 efectivos militares. Y ahora impidieron otra burla porque la avioneta que llegó estaba llenita de pertrechos militares: granadas de gas y balines para reprimir a nuestra gente". La delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, dice que rige un estado de terror en Pando. funcionarios de la Prefectura y Cívicos que controlan Pando y que han tomado entidades estatales. Viernes, 5 de septiembre El presidente de Bolivia, Evo Morales, a su llegada de Libia e Irán acusa a las prefecturas de la media luna de "gestar un golpe de Estado cívico-prefectural", que se refleja en toma de entidades estatales, saqueo, destrucción de bienes del Estado y otras acciones violentas. Martes, 9 de septiembre El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, envía una carta al presidente Evo Morales, y a los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, de Tarija, Mario Cossío, de Pando, Leopoldo Fernández, de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, en la que "dolido e indignado por el alto grado de violencia que se está viviendo en el país, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, llama a que depongan actitudes de soberbia e intolerancia y "pide e implora materializar el diálogo en el plazo más breve posible antes de tener que lamentar pérdida de vidas humanas y más dolor en la familia boliviana". Jueves, 11 de septiembre: Ocho muertos, 20 heridos y 15 campesinos detenidos y tomados como rehenes del Comité Cívico es el saldo del enfrentamiento producido en la comunidad Tres Barracas, en la localidad El Porvenir, departamento de Pando, en circunstancias aún no muy claras. "La situación fue incontrolable. Nos dirigimos hasta la localidad El Porvenir donde los campesinos y los grupos de la Prefectura se enfrentaron entre las 9:00 y 13:00 Hrs. de hoy aunque fue difícil determinar sobre qué sector inició la violencia", dice el comandante de la Policía, Silvio Mangazo. La delegada presidencial en Pando, Nancy Texeria, desmiente que fuese un enfrentamiento y declara que los campesinos y trabajadores zafreros tenían programado un ampliado departamental en la localidad de Porvenir cuando, a las 4:00 Hrs. de madrugada, los funcionarios de la prefectura bloquearon el camino a la altura de la localidad Tres Barracas, y emboscaron, munidos de armas de fuego, a los campesinos. En La Paz, el senador de Unidad Nacional, Abrahan Cuéllar, denuncia a los medios que en Cobija se ha producido una masacre y da cuenta de que se han encontrado seis cuerpos flotando el río Tahuamana. La ministra de Justicia, Celima Torrico, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, piden la intervención de la Fiscalía en Pando para evitar mayores saldos trágicos. Lunes, 15 de septiembre: Un total de 10 personas son detenidas en Pando por un comando conjunto de las FF.AA y de la policía, acusadas de ser cabecillas de los sucesos de Pando. Son trasladadas a la ciudad de La Paz en calidad de confinados. Mientras, más de 300 ciudadanos, muchos funcionarios de la prefectura, huyen hacia territorio Brasil para evitar detenciones, entre ellas la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Malena, que se declara en la clandestinidad. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dice que no se ha movido de Cobija y desafía al gobierno a detenerlo. Por la tarde, se lleva a cabo un mitin de apoyo a Fernández, en el cual él mismo participa. Lunes, 15 de septiembre: El Fiscal General de la República, Mario Uribe, anuncia un proceso penal "de oficio" contra el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, pero también contra el ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra, y el senador suplente de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, por el mismo delito. "De oficio se ha dispuesto iniciar proceso penal contra los señores Leopoldo Fernández Ferreira, Miguel Becerra Suárez, y Abraham Cuellar Araoz, por presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta", dice el Fiscal. El ministro de Gobierno afirma estar "azorado" por la decisión del Fiscal que involucra a quienes denuncian a Fernández y, también, porque, pese a que se habla de genocidio, se afirma que hubo un enfrentamiento. El gobierno considera que la Fiscalía introduce errores deliberadamente para anular procesos futuros. La Fiscalía no sustancia el proceso, dice el ministro de Gobierno, y confirman autoridades de Justicia. Martes, 16 de septiembre: El prefecto Leopoldo Fernández es detenido por "desacato al Estado de Sitio", a horas 10:30, en sus oficinas de la Prefectura, en Cobija, con orden de arresto del Comandante de Brigada general Walter Panoso Castedo, y la orden de confinamiento de los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Gobierno, Alfredo Rada, respectivamente, expedida el 15 de septiembre. Martes, 16 de septiembre: Los familiares de tres de las 15 víctimas -tres estudiantes normalistas de 17, 18 y 20 años- anuncian que presentaron una demanda en La Paz contra Fernández por el delito de asesinato. Los familiares son representados por la abogada, Mery Carrasco. A su arribo al aeropuerto del Grupo de Caza Aéreo, en El Alto, uno de los fiscales del Distrito de La Paz, Eduardo Morales, informa al Prefecto de Pando que los familiares de los tres estudiantes muertos han planteado una demanda en su contra por asesinato, y le informa de su nuevo estatus. El Aeropuerto es cercado por grupos enfurecidos de pobladores que exigen cárcel de 30 años para Fernández. Las autoridades disponen su traslado hasta el colegio militar de Irpavi, por su seguridad. Miércoles, 17 de septiembre: Los abogados defensores del prefecto acuden a un tribunal de justicia ordinaria y presentan un recurso de Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia. Afirman que la detención de Fernández es ilegal. Jueves, 18 de septiembre: En horas de la mañana, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz declara improcedente el recurso de Habeas Corpus presentado por la defensa del Prefecto de Pando por la "detención ilegal" de Leopoldo Fernández, con lo cual niega su libertad. "La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz rechazó esa solicitud porque, en primer lugar, la orden de aprehensión fue librada por el comandante de Brigada, general Walter Panoso Castedo, y la orden de confinamiento por los ministros de Defensa y de Gobierno, Walker San Miguel y Alfredo Rada, respectivamente. Ambos documentos, según la juez Blanca Alarcón, fueron emitidos en el marco del Decreto Supremo 29705 que dispone el Estado de Sitio en Pando", apunta el periódico La Prensa. Jueves, 18 de septiembre, por la mañana: Los Fiscales de La Paz, Eduardo Morales, y Félix Peralta, presentan ante la audiencia de Habeas Corpus, la demanda por "terrorismo, asesinato y asociación delictuosa", pidiendo a la jueza que no libere al detenido, ya que esos cargos atentan contra la seguridad del Estado boliviano, cuya sede está en La Paz, según dijo el Fiscal Peralta. A su vez, la abogada Carrasco insiste en su demanda de asesinato contra el Prefecto por la muerte de los tres estudiantes, originarios de la ciudad de El Alto, en Pando. Ese mismo jueves, 18, La Corte Suprema de Justicia, con sede en Sucre, envía al Congreso una petición de permiso para enjuiciar al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, por las tres personas muertas en el enfrentamiento entre grupos afines al gobierno y al Comité Interinstitucional de Chuquisaca, en la zona de la Calancha, Sucre, ocurrido en diciembre de 2007, durante el cerco a la Asamblea Constituyente. El ministro Rada declara que el pedido de la Suprema es un ajuste de cuentas de los prefectos del Conalde, que reúne a los prefectos y cívicos opositores, por la detención del Prefecto de Pando, a quien la Fiscalía de La Paz acusa de homicidio (luego rectificó que era por asesinato, terrorismo y asociación delictuosa). Jueves, 18 de septiembre, horas de la tarde: Se lleva a cabo, en un salón de la Academia Nacional de Policías, en el barrio de Seguencoma, de La Paz, la audiencia de medidas cautelares solicitada al Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila. Se extreman medidas de seguridad para controlar a grupos de pobladores que protestan contra Fernández. Los fiscales del Distrito de La Paz, Eduardo Morales y Félix Peralta, argumentan que pesa contra el ex prefecto "evidencias suficientes por su responsabilidad en terrorismo contra el Estado, asociación delictuosa y asesinato". En criterio del Fiscal de Distrito, Eduardo Morales, las víctimas de las masacres del 11, 12 y 13 de septiembre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, Pando fueron asesinadas de manera premeditada y con alevosía, y responsabiliza de los hechos al prefecto Fernández porque presuntamente organizó y envío al grupo de sicarios que disparó contra los campesinos, incluso cuando éstos cruzaban a nado el río Tahuamanu para escapar, dijo Morales. En estos sucesos, que se registraron en tres zonas: Tres Barracas, municipio de Porvenir, Filadelfia, Municipio de Filadelfia, y Puerto Rico, todos en el departamento de Pando, murieron 15 personas identificadas hasta ahora, fueron heridas 37 con armas de fuego en tanto que permanecen desaparecidas 106, dice el gobierno. Jueves, 18 de septiembre, en horas de la tarde: Durante la audiencia de medidas cautelares, un funcionario de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Paz pide al juez Dávila interrumpir el acto. Pide permiso para leer dos documentos, lo que el juez acepta advirtiendo a la policía que cuida la puerta del salón que no puede dejar pasar a personas que quieran interrumpir el proceso. El diligenciero lee una nota de la presidenta de la Corte Superior de Justicia informando que el caso había sido sorteado a otro juzgado, y también un fax en el que el Fiscal General de la República, Mario Uribe, pide al juez declinar su conocimiento en el caso porque la Fiscalía considera que el prefecto de Pando merece caso de corte, es decir un juicio de responsabilidades, como autoridad, y no un proceso ordinario. La abogada de la parte acusadora, Mery Carrasco, rechaza esos pedidos y dice que para introducir esas peticiones en una audiencia la Fiscalía ha recurrido a influencias. Carrasco critica a la Fiscalía y a la presidencia de la Corte Superior de intentan salvar a Fernández de responsabilidad para someterlo a un proceso que dormirá, dice, el sueño de los juicios. Carrasco afirma que lo sucedio es "insólito". En ninguna audiencia se ha visto que un funcionario de Corte interrumpa el acto para pedir que el juez se inhiba de atender el caso sin cumplir con los procedimientos. Similares argumentos son expuestos por la Fiscalía. El Juez Quinto de Instrucción en lo Penal revisa la documentación y advierte que las notas no tienen ningún destinatario y que, por lo tanto, no pueden ser consideradas oficialmente remitidas a su autoridad. Pide continuar con el proceso. Jueves, 18 de septiembre, en horas de la noche: Al finalizar la audiencia de medidas cautelas, cerca de las 20:00 Hrs., el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, remite al penal de San Pedro, en La Paz, al prefecto Leopoldo Fernández, bajo detención preventiva porque "existe probabilidades de responsabilidad en actos de terrorismo". Afirma que las acusaciones de agrupación delictuosa y asesinato deben ser comprobadas en un debido proceso. Leopoldo Fernández ingresó al penal de San Pedro a las 20:45 Hrs., y pasa la noche del jueves en la llamada Posta de Seguridad, del Penal de San Pedro, un recinto previo antes de ingresar al penal mismo, adonde fue conducido con fuertes medidas de seguridad. El presidente, Evo Morales, declara en Cochabamba que "La época de caciquismo de Fernández en Pando y comenzó la aplicación de justicia que claman las víctimas". Viernes, 19 de septiembre: El ministro de Gobierno, Alfredo Rada informa que fueron encontrados dos cuerpos más abandonados en medio de la selva: de un hombre mayor y de un niño de dos años "presumiblemente el hombre tenía en los brazos al niño cuando fueron disparados por armas de fuego". Con esos nuevos cuerpos encontrados serían 17 los muertos. Viernes, 19 de septiembre: El Consejo de la Judicatura, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, instruye abrir un proceso investigativo contra los jueces que rechazaron el Habeas Corpus y encarcelaron, de forma preventiva, al prefecto de Pando, Leopoldo López. El consejero del Consejo de la Judicatura, Rodolfo Mérida, declara en Sucre que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema aprobó un auto supremo que pide investigar a los jueces que atendieron el caso del Prefecto pandino. Viernes, 19 de septiembre: El prefecto de Pando se declara, desde la cárcel de San Pedro, "preso político" y niega que haya solicitado asilo político a Brasil, como lo informó un periódico de ese país, y también los fiscales del Distrito de La Paz, en la audiencia de la víspera. Fernández afirma que "cada quien sabe lo que hace" al referirse a sus colegas y aliados del Consejo Nacional de la Democracia que no se pronunciaron públicamente sobre su caso y que se encuentran negociando con el gobierno la pacificación del país en Cochabamba. El abogado del Comité Interinstitucional de Sucre, Edgar Arraya, al criticar al Conalde que prefiere guardar silencio en torno a su colega de Pando, condena la detención de Fernández: "Es cierto que el prefecto de Pando cometió desacato al Estado de Sitio y estuvo resistiendo al gobierno, lo cual es un grave error, pero de ahí a ser llevado al Penal de San Pedro como reo común es un atropello y violación a la Constitución Política del Estado", dice Arraya. Por su parte, el jefe de Podemos y ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga -correligionario de Fernández- considera que lo sucedido ayer en la audiencia de medidas cautelas con el prefecto de Pando es "un linchamiento político", que ha pasado por alto los derechos a un proceso justo de cualquier ciudadano. Viernes, 19 de septiembre: El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marincovic, califica de bochornoso lo sucedido con la justicia, en La Paz, en solidaridad con Fernández. Anuncia que, en el marco de la ley, hará lo posible por liberar al prefecto. El dirigente cívico critica al gobierno de no cumplir los acuerdos de evitar acciones de violencia contra dirigentes regionales. Frente al penal de San Pedro, decenas de ciudadanos y ciudadanos mantenían una vigilia y protesta para evitar el traslado de Fernández a Sucre, como lo ha pedido la Corte Suprema de Justicia.
Gobierno no retrocede, ratifica que las prefecturas pagarán destrozos a bienes públicos

El gobierno ratificó este viernes que las prefecturas departamentales que hayan promovido la toma violenta de instituciones públicas pagarán todos los gastos de reparación de los daños o destrozos que sufrieron los bienes del Estado, en cumplimiento al Decreto Supremo 29698, promulgado el 4 de septiembre. Cerca de 50 instituciones estatales fueron tomados en las regiones de Conalde.


Conalde apoya a Fernández y dice que su detención es ilegal

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, declaró hoy a nombre de Conalde, su respaldo al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, tras afirmar que su procesamiento en un tribunal ordinario como su remisión al penal de San Pedro, es ilegal. Cossío dijo que han expresado su preocupación al gobierno por este proceso.
saludos cordiales,Enrique Amador