GRANADERO BAIGORRIA: LA CRISIS, LA AUDITORIA Y EL IMPUESTAZO

La crisis financiera que enfrenta el gobierno municipal no es más que otra expresión de una profunda crisis política que tiene sus particularidades locales pero que no escapa a la crisis del sistema político en general.
La ingeniería política articulada entre el ejecutivo y el concejo municipal no va más allá de intentar resolver en lo inmediato la crisis financiera apelando a conocidas recetas neoliberales.
Las herramientas empleadas hasta el momento: Declaración de Emergencia Pública, Auditoría de la gestión anterior y aumento del impuesto municipal, deben ser analizadas dentro de un proceso político que comenzó a agudizarse durante la inundación de fines de marzo de 2007 cuando la campaña electoral, de cara a las internas, ya estaba lanzada.
A un gobierno que ya venía caracterizado por la inoperancia se le sumó la tragedia de tres muertes y las consecuencias sociales de la inundación. La respuesta social fue en primera instancia el pedido de interpelación y luego los cortes de ruta y el pedido de renuncia del intendente.
Los concejales del Frente Progresista y la oposición del Frente para la Victoria, con sus candidaturas ya lanzadas, decidieron hacerle pagar el costo político al intendente dejando a la ciudad sin conducción política y en un estado de total abandono.
La transición política, que desembocó en la asunción de las nuevas autoridades puso al desnudo las lacras de un sistema que no es ni democrático ni representativo.
Concejales (incluido el actual intendente) que aprobaron los presupuestos y que avalaron la desidia de la gestión anterior, hoy promulgan una ordenanza de Emergencia Pública donde dicen que "nuestra ciudad ha sido arrastrada a una de las más graves situaciones de crisis socioeconómica financiera y política"
Esta definición encabeza la ordenanza por la cual se declara la emergencia pública Luego de semejante afirmación no hay un solo renglón que la fundamente ni haga referencia alguna a las causas, responsables o alcances de la crisis.
Además de los alcances legales de esta ordenanza, los concejales han delegado en el intendente facultades que pueden agravar la crisis política como por ejemplo la revisión de designaciones, contratos y promociones del personal así como la política salarial.
Medidas de tenor similar son bien conocidas en nuestro país e hicieron que en lugar de discutir las leyes en el congreso de la nación se legislara por decretos de necesidad y urgencia en tiempos de Menem y Cavallo y siguientes.
La auditoría contable es la segunda herramienta utilizada para afrontar la crisis ya que es utilizada con el propósito de generar una imagen de transparencia, mostrar la crisis financiera, amortiguar los costos políticos que genera la falta de fondos, tratar de hacerle pagar nuevos costos políticos al ex intendente de cara a las elecciones partidarias del 2 de marzo y finalmente, sumar otro argumento al aumento del impuesto municipal.
Es importante hacer notar que el actual intendente, siendo del mismo partido que el saliente y habiendo sido partícipe de un tramo de esa gestión, asumió su nueva función y presentó la auditoría contable sin hacer pública ni la más mínima autocrítica. Por otro lado, hay una clara falta de ética en el procedimiento de la auditoría ya que habiendo sido partícipe de la gestión auditada no puede ser él quien designe el equipo auditor.
Lo expuesto en la presentación pública de ninguna manera alcanza para demostrar el déficit de 8 millones de pesos que se informó a modo de conclusión.
En su mensaje final, el intendente se encargó de aclarar que no habrá ningún tipo de persecuciones, lo que traducido significa que ningún responsable político de la gestión anterior tendrá dificultades serias con la justicia ni impedimentos para volver en el 2009 en alguna lista de candidatos.
Lo que sí se anunció es la investigación de monotributistas que se excedieron en las facturaciones, la realización de sumarios administrativos para desarmar la red clientelar de la oposición y algunas demandas por delitos excarcelables que involucran a los perejiles. Ni hablar de investigar los bienes personales de los ex funcionarios y su entorno.
La conclusión es que el dinero que falta jamás va a volver, que ningún responsable político terminará preso y que el mensaje de esperanza del intendente carece de sustento porque está apoyado en la impunidad.
El último capítulo de esta trilogía de horror se escribió nuevamente en el Concejo Municipal con la sanción de un aumento de 136,9 % del valor actual del impuesto municipal en un período de seis meses.
Luego de una maniobra de prensa, destinada a evitar la presencia de mayor cantidad de gente, donde solo se dejó trascender el primer aumento de 30%, terminaron dándole un cachetazo a la ciudad con un aumento desmedido, inoportuno e infundado.
Ninguna argumentación se apartó de la necesidad que tiene el municipio de contar con fondos para pagar sueldos y prestar servicios. Ni la situación social de gran parte de la población ni el estado de total abandono en que se encuentra la ciudad sirvieron para posponer el tratamiento y mucho menos para considerar los montos.
No solo se castiga fuertemente a los sectores de menos recursos, que viven fundamentalmente en los barrios peor atendidos, sino que además se establecieron bonificaciones para quienes paguen por adelantado todo el año 2008 antes del 13 de febrero, es decir quienes tienen mayor nivel económico.
Todo esto luego de una discusión sobre la justicia impositiva, la categorización de los barrios, la emergencia pública, etc, etc.
Se habló también de la inexistencia de un estudio previo de costos y de la falta de aprobación del presupuesto 2008, lo cual otorga a la fijación del aumento del impuesto un carácter exclusivamente político ya que no hay parámetros técnicos de guía. Hubo quién sin vacilar dijo "no hay dudas que la taza municipal está atrasada" y a continuación dijo "no hay estudios de costos". Esta contradicción muestra que la fijación del monto del impuesto es siempre un problema político y no técnico. Es aquí donde el legislador debe considerar todos los factores en juego y decidir en base a sus convicciones.
Esto es exactamente lo que hizo finalmente el concejo, analizó la situación y decidió responder obedientemente al requerimiento del intendente y que la crisis la soporten y la paguen los de siempre.
Parece natural que con cada nueva administración la ciudad deba comenzar de cero y soportar el gastado discurso de la pesada herencia recibida.
Además de la fortuna invertida durante la campaña con el objeto de construir una imagen personal, el actual intendente también se preocupó por construir un consenso político que abalara estas medidas. En ese sentido no dudó en propiciar comisiones vecinales adictas ni en seducir a otras con un discurso plagado de buenas intenciones.
Esta hegemonía política también alcanza al concejo municipal, más allá de los matices, quedando la ciudad a merced de sus propias iniciativas para enfrentar una nueva crisis.
En ese sentido no hay recetas mágicas: o nos disponemos a resistir el impuestazo a partir de la organización o nos resignamos a pagar la fiesta donde no fuimos invitados.

La Asamblea

Granadero Baigorria, 9 de enero de 2008