PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES: "LA ARGENTINA DEL PACTO SOCIAL K"

La Argentina del Pacto Social “K”
Más penurias para los trabajadores y el pueblo
En el marco internacional de una crisis financiera global que pone en jaque –otra vez- los cimientos del sistema capitalista; de la evidente derrota de las tropas imperiales en Irak (de donde no saben cómo salir de la manera más decorosa posible), a pesar de lo cual la delirante y fascista clase dominante yanqui encarnada en su presidente Bush pretende encarar una guerra con un enemigo mucho mayor como Irán (pretensiones que han recibido un durísimo golpe de las 16 agencias de inteligencia de EEUU, que han desmentido el desarrollo bélico de la industria nuclear del gobierno de Mahmoud Ahmadineyad); cuando la reacción golpista de la derecha en Suramérica ha asestado un duro golpe en Venezuela y pretende desangrar y dividir el hermano pueblo boliviano, el renovado gobierno kirchnerista (con el 30% de los votos del padrón electoral), esta vez con la “señora” Cristina Fernández como nueva presidenta, se dispone a encarar el nuevo período bajo el encuadre de lo que ha dado en llamar el “Pacto Social”.
Detrás de la grandilocuente fachada que proporciona esa denominación, sus proponentes, el Estado y la gran patronal, tratan de sostener la línea de garantizar la esencia clasista y antisocial del sistema económico de mercado libre, impuesto al calor y el tambor de la dictadura militar, y continuado bajo la égida y el régimen de los posteriores gobiernos “demócratas”.
En el marco de la desregulación, privatización y reprivatización de las empresas públicas, apertura de la economía mediante, y sus desastrosas consecuencias sociales; de la flexibilización de las relaciones laborales y el empeoramiento de las condiciones de trabajo; de la limitación, restricción y eliminación de las libertades y derechos democráticos y sindicales; de la penetración de los monopolios, consorcios y corporaciones trans y multinacionales, y el despotismo de los bancos e instituciones de crédito internacionales, tales como el FMI, Banco Mundial, Club de París en la economía nacional; el susodicho “PACTO SOCIAL” es el arma política que oponen el Estado, los empresarios y la cúpula sindical burocrática atada al carro del capitalismo, contra el impetuoso crecimiento de las demandas de los trabajadores, dado que objetivamente en este movimiento, la tendencia a alcanzar la máxima libertad para defender sus intereses se ha tornado predominante. Esto es la esencia del “pacto” que se pretende institucionalizar: privar a los trabajadores de su derecho a luchar por sus intereses. Todo desde una legitimidad cuestionada, ya que el gobierno que lo impulsa es rechazado por 7 de cada 10 argentinos. Conscientes de ello, han pergeñado y aprobado dos herramientas fundamentales para lo que viene: la “Ley Antiterrorista” (“Ley terrorista contra el Pueblo”), y la prolongación de la Ley de Emergencia Económica, en realidad superpoderes para el oficialismo para disponer a su antojo de los dineros públicos previstos en el Presupuesto.
Reflexionemos: ¿Quiénes apoyan y convocan a este Pacto Social?
Son los mismos que en los últimos 30 años han generado y siguen generando deudas por 200 años, los mismos que pagan con el hambre, el incremento ilimitado de la pobreza, con sus secuelas de mortalidad infantil, insalubridad, desnutrición, analfabetismo, migración masiva, reducción marcada de las expectativas de vida, entre otros males sociales.
Son los gobernantes, patrones y la dirigencia sindical empresaria, que contrayendo y pagando deudas, nos llevaron a la hiperinflación primero, a la convertibilidad con hiperdesocupación después, confiscación de ahorros, devaluación del 200% de nuestra moneda y a la bancarrota de municipios, provincias y del país. Los mismos que permiten y apoyan, haciendo la vista gorda, el aumento de los precios. Los que crean y elevan los impuestos inmobiliarios en Capital y provincias y exencionan del pago a grandes empresas en ingresos brutos. Los mismos que cobran la salud y la educación antes gratuitas, previa destrucción de la educación y salud públicas tal como lo demuestran las últimas estadísticas. Los que cobran peaje en rutas y autopistas hechas por el Estado, los que las entregaron en concesión e hicieron desaparecer el dinero para su mantenimiento. Los que asaltaron los fondos previsionales de la seguridad social, transfiriéndolos a los círculos financieros. Los que autorizaron la creación de entidades privadas para que cobren tasas e impuestos a la vez que autorizan su incremento. Los mismos que fueron “amaestrados” para obedecer órdenes de los que saquean las riquezas y recursos, contaminan el ambiente, sometiendo al país a un pillaje permanente. Nos referimos específicamente a los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner (y ahora le toca a Kristina). Desde los ’90, no se hacen regir para la minería metalífera, ni los derechos de exportación (retenciones), ni la obligación de liquidar las divisas en un plazo determinado, ni algún control para las remesas de dividendos o para pago de deudas, permitiendo incluso el establecimiento de empresas extranjeras en zonas de fronteras.
Encima de todo ello, se mantienen y sostienen las privatizaciones de las empresas más rentables aceptando las imposiciones del FMI y el BM para que aquéllas permanezcan en manos de las multinacionales y acreedores internacionales, de tal modo las comunicaciones, la energía (petróleo-gas), puertos, aeropuertos, transportes, sean eliminados como propiedad estatal convirtiéndose en botín de los grandes consorcios transnacionales, que no trepidan en dar dinero y corromper a regímenes farsantes de todo signo para seguir robando la propiedad social de nuestra nación.
La burocracia sindical, corrompida hasta los huesos, aceptó “la propiedad participada”, para impedir la lucha de los trabajadores en defensa del patrimonio público nacional; se “colgó” de la creación de las AFJP para lucrar con los dineros de sus propios representados, convalidando la destrucción del sistema de reparto, para su propio provecho en pos de la riqueza personal, “poder” y “prestigio social”; la que durante años utilizó los aportes de los trabajadores a su obra social en campañas electorales, en negociados con laboratorios, asociaciones médicas y proveedores de todo tipo, cobrando jugosos “retornos”, “comisiones”, “créditos”, etc., es la que aceptó sin chistar la reducción de los aportes patronales para finalmente entregar las obras sociales a la voracidad del gerenciamiento privado; es la que se enriquece cobrando un porcentaje sobre el total de los trabajadores despedidos en todas las ramas de la economía nacional.
¿Quién podría pagar o entregar recursos para que quienes dirigen un Estado cometa o permita semejantes monstruocidades? La respuesta es harto conocida: los grandes círculos financieros y las poderosas multinacionales, asociadas a la burocracia sindical-empresarial, y el submundo del tercer mundo que es el capitalismo “nacional”. Todos ellos saquean económicamente a límites intolerables a los trabajadores, a los ciudadanos y a los fondos fiscales; nos oprimen políticamente, con la única finalidad de mantenernos sometidos e inermes hasta sacarnos la última gota de sudor y sangre, con lo que regímenes vendidos, patrones y burócratas sirven a los dueños del mundo y a su verdad: el “Dios Mercado”.
¿Quiénes gobiernan hoy? Los que proceden de la cúpula del PJ, los radicales “K” y el Frente para la Victoria, todos ellos venales burócratas, herederos de las peores tradiciones del “caudillismo” y “punterismo” político y siervos del capital financiero local e internacional, puesto que somos un país dependiente o neocolonial. En cambio a aquéllos que luchan contra estas tradiciones en el terreno político, social y sindical, los llaman “irresponsables”, “irracionales”, “ilegales”, que no quieren ver los cambios positivos. ¿De qué “cambios positivos” hablan? En nuestro país tenemos 2,5 millones a 3 millones de desocupados, 12 millones de pobres, indigentes gracias a la “mano invisible” de un secretario de comercio que al manipular los índices de precios, subestimándolos, ha transformado la línea de pobreza por debajo de los $945 mensuales, en línea de indigencia. Así nos dicen que bajaron la inflación y que tienen superávit. Esto es un éxito notable del gobierno si se tiene en cuenta que se lo ha conseguido con métodos nunca vistos: pautando índice de inflación por debajo de los reales, no pagan el trabajo (educadores, empleados públicos, trabajadores de la salud, etc.) ni le dan movilidad a las jubilaciones y pensiones. Este descubrimiento lo tendrían que patentar.
Es en este marco de necesidades en que languidecemos de sobrevivencia en la más atroz desnutrición (un ejemplo lacerante es Chaco), y de soportar las peores cargas tributarias directa e indirectas a los sectores medios y bajos, es que existe “la vocación de pagar” al Club de París (como expresó la presidenta) a cambio de nada, y de firmar un “Pacto Social” de saqueo, despojo del país (pago de la deuda externa) y empobrecimiento de los trabajadores y el pueblo que permita el abono de los montos crecientes (2008/2009/2010), de las obligaciones de la deuda externa en función de los intereses de los acreedores internacionales. Esto es lo que hoy se presenta como “lo decisivo”, no la supuesta “distribución del ingreso”. Viven presos de ilusiones de optimismo infundado todos los que crean en semejante utopía, y quieran o pretendan que la compartamos. El único “desafío” que tienen el imperialismo, la gran patronal, el Estado burgués y la burocracia sindical, es la imposición de una pauta salarial de miseria, en función de la inflación futura o esperada, para la mayoría de los trabajadores que revistan en plantilla permanente; y sólo palabras sobre el “combate” al trabajo en negro, el pleno empleo e inversiones. Ahora bien, compromisos y medidas prácticas, eficaces y racionales, como respeto a la jornada laboral a 8 horas y su posible disminución a 7 ó 6 horas sin merma salarial, alargamiento de las vacaciones, acortamiento de la edad jubilatoria, no figuran en la agenda del llamado pacto social, ni de la llamada “paritaria social”. Ni qué hablar de que estos ortopedistas sociales se propongan desgravar el IVA de los artículos de consumo masivo (pan, leche entre otros); de los medicamentos (salud), y de los útiles escolares (educación), aliviando el agobio que padece la economía popular. Sin estas medidas la lucha por la inclusión social no pasa de ser espejitos de colores, sobre todo si se pretende que sea acompañada de un proceso de “acumulación”, que como ha quedado demostrado científicamente hace más de 160 años, rige el desarrollo de la producción capitalista: acumulación de riqueza y lujo por los empresarios y el empeoramiento relativo y absoluto de la situación de la clase obrera.
Por el honor y la dignidad del pueblo argentino; por el trabajo honesto y genuino contra los parásitos que nos explotan; por la verdad y la ética, contra la mentira y la traición; por las libertades y derechos democráticos y sindicales, contra la arbitrariedad, la violencia, la impunidad y la represión: Proponemos un amplio arco de unidad política de la izquierda y demás sectores sociales en lucha que vertebre un vasto y potente movimiento popular de masas, para cambiar el rumbo de la nave estatal hacia el curso del poder popular, la liberación nacional y el socialismo.
Como contribución a dicha construcción unitaria, expresamos en este número (pág. 8) una primera sugerencia de plataforma para la unidad y la lucha, a fin de iniciar un necesario y urgente debate, en un encuentro de todos los que queremos trabajar en tal sentido.

PAGO AL FMI, BANCO MUNDIAL Y CLUB DE PARÍS + PACTO SOCIAL
= ROBO A LAS MAYORÍAS POPULARES.

POR UN PODER OBRERO Y POPULAR, CONSTRUIDO DESDE LAS BASES, POR LA DEFINITIVA EMANCIPACION NACIONAL Y SOCIAL DE NUESTRA PATRIA.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES


Como contribución a la imprescindible construcción unitaria, hacemos una propuesta de PLATAFORMA PARA LA UNIDAD Y LA LUCHA, a fin de iniciar un necesario y urgente debate, en un Encuentro de todos los que queremos trabajar en tal sentido
ALGUNOS PUNTOS BÁSICOS PARA UNA PLATAFORMA DE UNIDAD Y DE LUCHA
- Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Salario mínimo igual a la canasta familiar actualizada. Derogación de la jubilación privada.
- Anulación de todas las leyes de flexibilización laboral. Plena vigencia y aplicación de la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo. No al Pacto Social, entre la patronal, el Estado y el sindicalismo burocrático empresarial.
- Lucha contra la desocupación y el trabajo “en negro”. Desarrollar toda una política de pleno empleo basado en la obra pública. Aumento del subsidio a los desocupados. Respeto obligatorio de la jornada de 8hs. Implementar la disminución de dicha jornada a 7 ó 6 horas sin pérdida de salario.
- Decretar la emergencia nacional sanitaria y educativa. Pleno apoyo y mayor presupuesto para educación y salud pública. No a la actual ley de Educación; no a la Ley Federal de Salud, ambas al servicio de los intereses de los monopolios. Implementación de políticas de salud y educación públicas, estatales, universales y gratuitas.
- Nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas, con la participación de los trabajadores en la dirección y control de las mismas.
- Recuperación de nuestras riquezas naturales. Propiedad estatal del subsuelo nacional. Implementación de una estricta política estatal de cuidado del medio ambiente. No a la minería a cielo abierto.
- Realización de una profunda reforma agraria. Eliminación del latifundio. Inmediata ayuda a los campesinos pobres y a los pueblos originarios, comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras.
- No al pago de la deuda externa.
- Basta de represión y judicialización de la protesta social. Libertad y desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares. Aparición con vida del compañero Julio López, y juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Fuentealba. Desmilitarización de Santa Cruz, Hospital Francés y de todo conflicto social.
- Anulación de la Ley Antiterrorista, cuyo nombre real debe ser ley terrorista contra el pueblo.
- Cárcel efectiva a los responsables intelectuales y materiales de la última Dictadura y de los 30.000 compañeros desaparecidos.
- Juicio y castigo a los responsables políticos y grupos económicos nacionales e internacionales del genocidio económico de nuestro pueblo.
- Solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo, que luchan por su liberación nacional y social, especialmente con la Heroica Revolución Cubana, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Irak y Palestina. Retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití.
Partido Comunista de los Trabajadores