8 sept 2008

CACERIA DE BRUJAS EN CORDOBA: PRONUNCIAMIENTO PUBLICO Y POLITICO

Cortinas de humo:

Durante varios días de esta semana la ciudad y parte de la provincia de Córdoba se encontraba bajo una persistente llovizna de ceniza que disminuía la visibilidad. Su causa eran los extensos incendios en las zonas rurales que los bomberos no lograban controlar, hasta que hace un par de días una tan milagrosa como tardía nevada apagó los últimos focos.
Las razones no del todo aclaradas de estos incendios se esconden entre los desvastadores efectos del “modelo sojero” de saqueo de las riquezas naturales y del suelo, y las órdenes de algunos patrones de campo que mandan a incendiar el monte nativo para ganar terreno para sembrar soja. Los grandes ganadores de ese modelo cuentan entre sus defensores incondicionales al controvertido gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, férreo opositor de las retenciones a las exportaciones de soja y rápido partidario del recorte de fondos que pertenecen a los trabajadores y el pueblo explotado.
En paralelo, otro voraz incendio político se viene avivando en el panorama político cordobés y en este caso no parece haber nieve salvadora en ciernes. Se trata de la cada vez más feroz ofensiva del gobierno provincial contra los trabajadores y el pueblo a los fines de salvar la situación real de la quiebra económica de las arcas del estado provincial.
Saqueo y recorte:
Las dos gestiones de gobierno de José Manuel de la Sota (PJ, alianza Unión por Córdoba conformada por partidos de derecha) de las cuales el actual gobernador Schiaretti fue parte en el primer período como Ministro de la Producción y en el segundo como vicegobernador, se caracterizaron por sus indisimulados vínculos con el poder económico vernáculo que se traducían en una deliberada política de subsidios del estado provincial al empresariado parásito local y extranjero. Modelo de esto son los convenios para la localización de los Call Center de diferentes trasnacionales, el convenio de localización de Intel, a quien la provincia le compró el edificio, la eximió de impuestos por 40 años y le brinda mano de obra gratuita, todo esto como premio por generar puestos de trabajo la mayoría de los cuales son subsidiados por el propio estado. Otro caso ejemplar son los negociados con el grupo trasnacional Suez y su controlada local, Roggio, actual concesionaria de “Aguas Cordobesas” y de cuanta obra pública importante se realice en la provincia. Solamente Aguas Cordobesas recibirá en el año 2008 por parte de la provincia, una suma de 240 millones de pesos en subsidios, lo que equivale al monto del recorte jubilatorio que la Legislatura Provincial aprobó a sangre y fuego el 30 de julio pasado.
Semejante modelo de saqueo permanente ha llevado a la provincia a la quiebra y para tratar de salvar la situación, el gobierno recurre a la vieja receta de recortar “gastos” de las áreas sociales y de los ingresos de los trabajadores . Ya durante el gobierno de de la Sota había versiones cruzadas acerca de la magnitud de la deuda provincial, en cuanto a la cual diferían enormemente las versiones de consultoras privadas, fuentes vinculadas al radicalismo y del propio gobierno que siempre trató de minimizar esta cuestión. Pero cuando llegaron las elecciones para gobernador en 2007 todo el país asistió al escándalo del conteo y recuento electoral , a los enfrentamientos entre el juecismo que aseguraba haber ganado y el oficialismo que decía también haber ganado y finalmente, al fallo casi salomónico de la Justicia que decidió la continuidad de Unión por Córdoba al frente del ejecutivo provincial, decisión en la cual el apoyo explícito que el kirchnerismo brindó a Schiaretti fue determinante.
El aval a Schiaretti le valió al kirchnerismo salir tercero en la elección presidencial de octubre en Córdoba, y también disparó las cifras del abstencionismo electoral a casi el 50%.
Schiaretti asumió en medio de inmensas movilizaciones que denunciaban fraude electoral y en medio de una pelea cerrada del juecismo con sus ex socios los kirchneristas a quienes acusaban de haber avalado el fraude.
No fueron pocos los que indicaron que esta situación obedeció a la necesidad de Unión por Córdoba de “ganar o ganar” ya que Schiaretti, quien ya registra dudosos antecedentes como interventor y arreglador de cuentas en Santiago del Estero, debía venir a ordenar los números que don José Manuel había dejado en el desastre en la provincia.
Una función muy parecida tuvo en su momento el “Chancho“ Mestre, quien para cumplir tal misión tuvo que hacer algo muy parecido a lo que está haciendo Schiaretti ahora: gobernar con el garrote y al que se queja por esto también darle garrote.
Defendiendo al “campo”:
Cuando el gobierno nacional envió al congreso la ley de retenciones móviles a la exportación de cereales, el gobernador Schiaretti recordó su vieja alianza con los sectores oligopólicos vinculados a la explotación sojera, en especial con la aceitera General Deheza cuya cabeza, Roberto Urquía, era senador provincial por Unión por Córdoba , y expresó públicamente su oposición al proyecto. Esta postura le valió el enfriamiento de los lazos con el gobierno nacional que sin embargo, está lejos de sabotear al gobierno que ayudó a instalar en la provincia.
Poco después de superado el “conflicto del campo”, el gobernador envió a la Legislatura Provincial el proyecto de reforma del sistema previsional, alegando el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y acusando al gobierno nacional de no enviar a la provincia los fondos necesarios para cumplir con todos los pagos. Nada dijo del compromiso firmado por todas las provincias con la Nación en el año 2002, durante el gobierno del también elegido por nadie presidente Duhalde, de realizar estas reformas en los sistemas previsionales provinciales como condición para recibir los fondos nacionales. Simplemente atribuyó la falta de fondos nacionales a una especie de “castigo” de la Nación hacia Córdoba.
Varios legisladores opositores señalaron la contradicción en el discurso del oficialismo, que en boca del ministro de Finanzas había negado que la Caja estuviera en crisis y que la provincia estuviera en quiebra. A pesar de esto, el oficialismo impulsó la reforma previsional vallando la legislatura, asegurándose la sesión del 30 de julio con 1300 miembros de la policía que impedían la llegada, a balazos de goma y gases, de los más de 20 mil manifestantes que salieron a la calle a rechazar esta medida que implica, entre otras muchas cosas, la disminución en el cálculo del monto con el cual debe jubilarse un trabajador, además del recorte a jubilaciones más altas que puede extenderse a todas y el aumento del aporte de los jubilados a la obra social de la provincia.
La represión fue feroz y le siguió a ella una cerrada ofensiva ideológica contra los sectores en lucha de la cual son parte alegre los medios de in-comunicación. La demonización de la protesta, la descontextualización de los hechos, la deliberada omisión acerca de lo que se estaba tratando en la Unicameral fueron parte de esta ofensiva que aun se sostiene en el discurso oficial y mediático, y que se profundizó luego de la movilización del 20 de agosto, en la cual algunos sectores sindicales se volvieron a enfrentar con la policía.
Todo esto se da a la par de que el gobierno provincial reconoció públicamente su intención de no realizar una actualización de la valuación de las tierras rurales para calcular los montos del impuesto inmobiliario rural. La actualización de los valores de este impuesto, calculado en base a los valores de las tierras de muchos años atrás, significaría un aumento en la recaudación provincial de $ 3300 millones anuales. Pero a los productores rurales, mayoritariamente productores sojeros, sobre todo si son de sectores empresariales importantes, no se les puede pedir un peso más. En paralelo, tanto la provincia como la municipalidad de la ciudad de Córdoba anunciaron que si actualizarán el impuesto inmobiliario urbano, el cual aumentará en valores que irán desde un 100 a un 300 % de los valores actuales.
Gobierno nacional y provincial, otra vez en sintonía:

Apenas pasados los acontecimientos del 30 de julio y el 20 de agosto hubo una repentina recomposición de relaciones con el gobierno nacional. El gobernador Schiaretti tuvo la primera de dos reuniones con el Ministro de Interior Florencio Randazzo para tratar temas no aclarados, de lo cual resulta obvio que tienen en común su preocupación por los grupos políticos y sindicatos que no están dispuestos a asentir sus planes de ajuste.
El 5 de septiembre el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Anibal Fernández, conocido represor de la protesta social, entre cuyos méritos se encuentra el haber sido uno de los ideólogos de la masacre del Puente Pueyrredón, iniciaba la cacería de brujas tras la rebelión popular de Castelar contra la archisubsidiada empresa de trenes TBA, con el resultado de siete detenciones y decenas de sospechosos. Sobre todos ellos pesa la amenaza de las órdenes de captura una vez finalizadas las investigaciones de los fiscales.
El 6 de septiembre los cordobeses se levantaron con la noticia en los diarios locales de que Schiaretti admitió que tiene dificultades para pagar los salarios de los empleados estatales, las cuales ya habían sido comprobadas por aquellos que no encontraron depositado su sueldo a principios de mes. En estos días circularon diversas versiones acerca de la posibilidad de que la provincia emita bonos de deuda para afrontar los pagos de salarios.
En este contexto, los fiscales de la provincia, que habían anunciado estar avanzando en las investigaciones acerca de los “revoltosos” de las movilizaciones de los gremios, dieron muestras de actuar en absoluta consonancia con los intereses políticos del ejecutivo provincial y del gobierno nacional. A las 3 de la mañana del 6 comenzaron los allanamientos y las capturas de activistas y delegados sindicales, sin que hasta ahora se sepa con certeza cuán larga es la lista de sospechosos con la que cuentan estos fiscales. Se habla de una primera lista oficial por los enfrentamientos del día 20 de agosto de 12 compañeros, de los cuales 10 han sido detenidos y 2 se encuentran con pedido de captura. Sin embargo, otras versiones no descartan la posibilidad de que la lista se amplíe incluyendo a compañeros que participaron de los enfrentamientos del 30 de julio y otros anteriores y llegue a más de 40 militantes de sindicatos y organizaciones políticas y sociales.
Más allá del panorama represivo, hay que saber leer en estas señales de ambos gobiernos que en verdad no existe conflicto de intereses entre ellos, los dos están demasiado interesados en sostenerse en el poder, tarea que les está resultando muy difícil.
El ilegítimo gobierno de Schiaretti está jaqueado desde antes de asumir , puesto en situaciones cada vez más complicadas por la creciente rebeldía popular, cada vez más difícil de contener por las dirigencias burocráticas y traidoras y cercado por la crisis que ellos mismos generaron.
El gobierno nacional, herido luego de que el conflicto con “el campo” haya roto definitivamente el pacto de los que gobiernan, se espanta ante la posibilidad de que la llama se encienda en cualquier lugar del país, posibilidad cada vez más cierta por el peso ineludible de la crisis que golpea a los trabajadores y el pueblo, mientras la dirigencia continúa con la política de entrega y saqueo, como lo demuestran con los pagos al Club de Paris.-
No hay salidas desde las clases dominantes. El camino hacia una verdadera liberación nacional y social va de la mano de las rebeliones populares. El desafio es la profundización de las luchas, y de la unidad de los que luchan, presionando a las burocracias a parar y movilizar no solo los trabajadores estatales, sino junto al pueblo de Córdoba y sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y barriales, hasta lograr la libertad de todos los compañeros y la anulación de la reforma previsional.
LOS VIOLENTOS NO SON LOS QUE LUCHAN, SINO LOS QUE NOS OPRIMEN!!!
Estos son los compañeros que están detenidos:

Pablo González, del Suoem.
Difilito Juan, de Luz y Fuerza.Emilio Romero, de Luz y Fuerza.
Federico Gómez, de Luz y Fuerza.Tomás Di Toffino, de Luz y Fuerza.
Ricardo Rojas, de Luz y Fuerza.Pablo Álvarez, de Luz y Fuerza.
Walter Taer, de Luz y Fuerza.Rubén Catoira, de Luz y Fuerza.
Cristian Molina, de Luz y Fuerza.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DESPROCESAMIENTO DE TODOS LOS LUCHADORES POPULARES!!!
FOGONEROS

Organización de Liberación Nacional y Social
Regional Córdoba

6 de septiembre de 2008

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