BOLETIN DE CORREPI SUR MES DE NOVIEMBRE

Noviembre-boletín de Correpi Sur /Juicio por causa fraguada/Presos políticos sin visitas/Campaña contra menores pobres/más...‏‏
"Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución" (León "Toto" Zimerman)
boletín mensual de Correpi Sur- Noviembre 2008
Sumario
- Policías a juicio por una causa fraguada
- Impiden visitas a las cárceles de la LADH
- Menores I: campaña en contra
- Menores II: un fallo a favor
- La (¿nueva?) policía porteña
- Revocan absolución de policías torturadores
- Detienen a ex agente de la SIDE
- Próximas actividades

Juicio contra efectivos de la PFA por una causa fraguada
El 17 y 18 de noviembre, en el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Comodoro Py se realizará el juicio oral contra los subcomisarios Rubén Darío Pagano y Nelson Gustavo Rodríguez (retirado), ambos de la Policía Federal Argentina, quienes el 4 de noviembre de 1998 detuvieron en un operativo fraguado a dos cartoneros, J.E.D. (no se indica su identidad por su expreso pedido) y Jorge Alberto Nicolai, haciéndolos pasar por delincuentes.
En aquella ocasión, un cómplice de los policías trasladó a las dos víctimas hasta un restaurante, mediante la falsa promesa de conseguirles una changa. Al llegar al lugar les entregó un bolso. Prontamente aparecieron los dos policías y un medio televisivo, y se corrió el telón de la farsa criminal: el auto en el que habían sido trasladados era robado, y el bolso contenía armas y otros elementos que podrían usarse en un hecho ilícito. Pagano y Rodríguez, quienes en aquel momento eran oficiales principales en la División de Prevención del Delito, confeccionaron las actas y declararon como testigos contra los dos presuntos delincuentes, que desde ese momento resultaron ilegítimamente detenidos. Nicolai fue violado en la cárcel y resultó infectado con VIH.
Diez años después, Pagano y Rodríguez llegan al juicio sin haber pasado ni un día presos. Por si fuera poco, mientras avanzaba su procesamiento fueron ascendidos, y Pagano todavía presta servicios en la Guardia de Infantería. Un claro ejemplo de la desigual suerte que les toca a los pobres y a los funcionarios policiales.
Los cargos que se les imputan a los policías son: privación ilegítima de la libertad reiterada, falso testimonio calificado, falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público. El querellante Jorge Nicolai es patrocinado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Correpi Sur.

El SPF restringe las visitas carcelarias de la LADH
En una decisión sin precedentes, el Servicio Penitenciario Federal impuso condiciones inadmisibles para la continuidad de las visitas a los presos políticos y sociales por parte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Entre otros requerimientos, se solicita al organismo que presente un listado de todos sus miembros –quienes serían de ahora en más los únicos autorizados a realizar dichas visitas­–, cercenando así la posibilidad que existía hasta el momento de que los presos reciban también a personas que no integran la LADH.
Estas nuevas condiciones perjudican gravemente a los detenidos, limitando sus contactos con el exterior, e implican un cambio rotundo en la política de los últimos 25 años al respecto. En el período citado, por intermedio de la LADH alrededor de seis mil personas pudieron ingresar en las cárceles, con lo cual esta nueva situación afecta a todo el campo popular, impidiendo desarrollar las tareas de solidaridad y compromiso con los presos políticos.
CORREPI SUR adhiere al reclamo de la LADH por la anulación de estas medidas restrictivas y el inmediato restablecimiento de las autorizaciones, en las mismas condiciones en que fueran otorgadas desde 1983.

Menores con penas mayores
Una vez más los medios vuelven a la carga con la campaña para bajar la edad de imputabilidad. Esta vez, al recurrente reclamo de la derecha se suma la iniciativa impulsada por el gobernador Daniel Scioli. De pronto, cualquier delito que ocurra en cualquier lugar del país es producto de la delincuencia juvenil inimputable por la ley actual (y, cabe agregar, pobre y habitante de villas miseria). Las fuerzas policiales se hacen eco del clamor mediático y realizan detenciones violentas a la luz de las cámaras. Hasta se pudo ver en un noticiero a un chiquito de poco más de un metro, su cara cubierta por la remera y de la mano de su mamá, escoltado hasta el patrullero por los efectivos policiales.
En el caso del ingeniero Barrenechea, la ofensiva llegó al punto de dar a conocer la identidad de los menores detenidos (muy probablemente chivos expiatorios sin participación en el crimen), de los cuales uno denunció además haber recibido duras golpizas y ser obligado a declarar en su contra. Pese a esto, el juez decidió procesarlo.
Sin duda, estas campañas van de la mano de la estigmatización social de los sectores más empobrecidos, proponiendo como solución más mano dura y menos derechos, más cárceles y menos horizontes para los desamparados de siempre. Una alternativa que garantiza los privilegios de los poderosos, en el marco de un gobierno que, lejos de efectivizar su retórica distribucionista y progresista, nada hace por zanjar las desigualdades sociales.

Un fallo protege a los menores de los abusos policiales
En medio de la tormenta propagandística que describimos en la nota anterior, se dictó un fallo en la jurisdicción de La Plata en el sentido totalmente opuesto. En dicha resolución se hizo lugar al Hábeas Corpus preventivo colectivo interpuesto por un defensor oficial de esa ciudad, Julián Axat, que ordena al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires instruir a todos los órganos policiales del Departamento Judicial de La Plata, para que los funcionarios y/o policías que allí se desempeñan se abstengan de aprehender o detener a menores de 18 años de edad.
Entre los argumentos de la resolución se menciona "la amenaza actual, inminente y potencial que padecen todos los niños, niñas y jóvenes del Departamento Judicial La Plata a partir del cercenamiento de su libertad ambulatoria, realizado con motivo de ilegales, arbitrarias e inconstitucionales figuras policiales", señalando entre estas contravenciones, detenciones por averiguación de identidad, aprehensiones registradas como "entrega de menor", pedidos de captura y averiguaciones de paradero de menores no actualizadas.
Asimismo, el fallo insta al poder ejecutivo y al legislativo de la provincia de Buenos Aires a adoptar las medidas necesarias a fin de adecuar la normativa local a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio (cosa que el autoproclamado gobierno de los derecho humanos nunca hizo) a fin de prevenir situaciones de hecho como las que dieron lugar a la condena internacional.
Por supuesto, la medida no alcanza para contener un accionar policial que ya es vieja costumbre, ni el de las patotas parapoliciales que atacan a los chicos en situación de calle en La Plata. Pero se trata de un fallo que, al reafirmar las condiciones legales existentes, pone en evidencia la violación a estas normas por parte del Estado y sus fuerzas policiales, y el riesgo que eso significa para los menores de edad.
El sueño de la policía PRO-pia
En sesión especial, el 29 de octubre pasado la Legislatura porteña aprobó la creación de la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el Instituto Superior de Seguridad Pública. La nueva fuerza, el sueño cumplido del niño Mauricio, contiene en su normativa algunas pautas tendientes a presentar la iniciativa en el marco de las garantías y el respeto a los derechos humanos, aunque las mismas son solo cosméticas ya que no hay ninguna restricción real para la incorporación de genocidas o ex policías que estén acusados de delitos graves como torturas o gatillo fácil, ni existen limitaciones concretas para prevenir abusos policiales.
En principio, la Policía Metropolitana no tiene facultades para privar de libertad en averiguación de antecedentes, pero habrá que estar alerta frente a la interpretación que se le dé a la facultad de "aprehender" (eufemismo equivalente a privar de libertad) a las personas "cuando existieren indicios y hechos fehacientes y concurrentes que razonablemente pudieran comprobar su vinculación con la comisión de algún delito de acción pública".
Existen una serie de restricciones a las tareas de inteligencia que podrían ser realizadas por esta policía (aunque es público y notorio que esas restricciones existen a nivel nacional y son sistemáticamente violadas) y expresamente se define que el personal policial no deberá obedecer órdenes manifiestamente ilegales, provenientes de autoridades de facto o que atenten "contra los derechos humanos". Estas limitaciones resultan obvias ya que ningún funcionario policial está autorizado a quebrantar la ley u obedecer a una autoridad de facto, violando la Constitución.
En una suprema burla, queda prohibido el ingreso a esta nueva fuerza de quienes hubieran sido condenados por violación a los derechos humanos (aunque no se aclara si se trata de condenas firmes): cualquiera que sea la interpretación que se le dé a esta restricción, la consecuencia será que prácticamente todos los genocidas podrían ingresar, ya que gracias a las sucesivas maniobras adoptadas para garantizar su impunidad la mayoría aún no han sido condenados. Algo similar sucede con la exclusión de quienes hayan sido "condenados por delito doloso o los sancionados con destitución o sanción equivalente en las fuerzas policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de inteligencia", si en la mayoría de los casos los juicios demoran largos años y, por otra parte, la tradición es no exonerar a sus funcionarios cuando cometen delitos graves, sino pasarlos a retiro con alguna excusa.

Revocan absolución de dos policías torturadores
Tal como lo relatáramos en el boletín de diciembre de 2007 ("Policías con licencia para torturar"), el 14 de noviembre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 absolvió por mayoría a tres miembros de la PFA, Carlos Fabián Chávez, Víctor Pablo Barrionuevo y Guillermo Oscar Morini, quienes el 15 de febrero de 1996 habían torturado a un detenido en la Comisaría 34º. La víctima, José Luis Ojeda, fue golpeada, tajeada con un cutter y se le practicó el "submarino" sumergiéndolo en un inodoro lleno de materia fecal. La apelación de la querella (de la cual CORREPI SUR forma parte) ante la Cámara de Casación Penal logró ahora que se revocara la absolución de Barrionuevo y Chávez, y recurrirá nuevamente la sentencia en el caso de Morini.
El tribunal había absuelto a los tres policías argumentando que no se trataba de torturas sino de "severidades", calificativo menor que significó la prescripción de la causa para los dos primeros, mientras que el tercero obtuvo el mismo beneficio por falta de pruebas, a pesar de haber sido reconocido en ronda de detenidos y de haber incurrido en serias contradicciones durante su declaración. Pero el 29 de octubre de este año, la Sala I de la Cámara de Casación Penal revocó la absolución de Barrionuevo y Chávez, ordenando la realización de un nuevo juicio y declarando expresamente que la acción penal no se encontraba prescripta, aunque sin expresarse acerca del encuadre penal (tortura o simples "vejaciones").
La caratulación de las torturas policiales como "vejaciones" o "severidades" y la eternización de las causas para lograr la prescripción siguen siendo los mecanismos habituales para garantizar la impunidad de estas prácticas aberrantes. Hoy, este importante paso contra la impunidad de los torturadores de Ojeda se ve empañado por la confirmación de la absolución del tercer policía juzgado, hecho por el que la querella presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Julio Cirino, de la luz a las sombras de la cárcel
Durante la última dictadura se desempeñó como agente civil en el Batallón 601, desde donde ofició de enlace con la embajada de los Estados Unidos en la implementación del Plan Cóndor. Fue secretario de la embajada argentina en Washington durante el gobierno de Carlos Menem. Es miembro de la Fundación PensAR, vinculada al macrismo. Su experiencia lo convirtió en un especialista en seguridad y terrorismo, temas sobre los cuales hasta hace poco tiempo dictaba conferencias en distintos países del continente. Hace una semana su suerte cambió, y fue detenido en el marco de la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo, por la desaparición de militantes que participaron de la contraofensiva montonera en 1980.
Se trata de Julio Alberto Cirino, alias Jorge Contreras, quien se manejó durante décadas en la más absoluta impunidad. Lejos de moverse entre las sombras, hacía usufructo de sus conocimientos adquiridos en el área de seguridad y terrorismo publicando libros y notas en diversos medios, y participando en eventos internacionales donde ofrecía disertaciones sobre estas temáticas. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los EEUU permitieron conocer su identidad y sus antecedentes, en virtud de lo cual fue detenido el pasado 6 de noviembre, cuando se dirigía al gimnasio de Recoleta donde concurría habitualmente. Ahora seguramente haga sus ejercicios en el penal de Marcos Paz, a donde fue trasladado.
Los documentos que lo incriminaron incluyen informes en los que Cirino se explayaba sobre los mecanismos represivos de la dictadura, y declaraciones en las que afirmaba haber conocido al menos tres centros clandestinos de detención y aseguraba que los desaparecidos nunca volverían a aparecer. También indica allí que su propia esposa, María Cristina Rinaldi, colaboró con él en tareas de inteligencia, motivo por el cual ya se habría pedido su captura.
¿Cuántos Cirinos más caminan libremente por las calles? Difícil saberlo. Su detención es al mismo tiempo un logro de la incansable lucha contra la impunidad de los genocidas, y una demostración de que las redes de la complicidad y la represión siguen intactas.


PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Ø 17 y 18 de noviembre: Juicio contra los subcomisarios Rubén Darío Pagano y Nelson Gustavo Rodríguez.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ
CÁRCEL EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
FRENTE A LA REPRESIÓN:
¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!