Por Carlos A. Solero*
Desde sus orígenes los Estados sustentados en el principio de la Soberanía, se han atribuido la potestad de permitir el dejar vivir o el ordenar morir. La suprema voluntad de déspotas, reyes, guerreros, conquistadores o bien de vulgares presidentes ha detentado el ejercicio de la facultad del biopoder. La aplicación de la pena de muerte como castigo es la expresión más patética de esto. Y para los que tengan dudas al respecto algunas cifras del año 2006, recientemente difundidas En 2006 hubo más aplicaciones de la pena de muerte y aumentó la cantidad de países que la sancionaron, según la ONG Que nadie toque a Caín. El año pasado fueron ejecutadas al menos 5628 personas en 27 países, mientras que en el 2005 hubo 5494 ejecuciones en 24 naciones. China está a la cabeza del ranking, con al menos 5000, lo que supone el 89 por ciento del total. Luego vienen Irán, Irak, Sudán y Estados Unidos. En la medida que se agudiza la crisis del sistema, éste avanza en crueldad y vileza. Los que continuamente baten el parche exigiendo mano dura, deberían analizar la contradicción de afirmar que se está a favor de la vida y por otro avalar asesinatos legales o gatillo fácil para atenuar contradicciones propias de sistemas de exclusión social. El derecho a la vida es una premisa básica e indiscutible de todo proyecto colectivo y no aceptaremos argumentos que lo contrapongan con razón de Estado alguna, con “estados de excepción” de ninguna especie.
*csolero_1@hotmail.com
Miembro de la APDH Rosario
2 sept 2007
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