26 may 2008

CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Número 481

26 de mayo de 2008.
SUMARIO:
1. Empieza el juicio oral contra el asesino de Marcelo Báez.
2. Represión policial "cultural" en Santa Cruz.
3. Junta Interna de INTI a juicio oral.4. Gendarmería va a Luján.
5. El catering del SPF y truchadas policiales varias
6. Próximas actividades.

EMPIEZA EL JUICIO ORAL CONTRA EL ASESINO DE MARCELO BÁEZ
Mataderos sangra, porque la vida de un pibe no vale nada. O, como mucho, vale menos que un par de monedas y que un puñado de caramelos. Ese popular barrio de Buenos Aires, alguna vez cuna de tangos y boxeadores, le presta el nombre justo a las actividades desarrolladas por el personal de la comisaría 42ª. Allí funciona un anexo del establecimiento de matanzas bovinas, aunque especializado en faenar a los pibes pobres del barrio.Decimos siempre, "para muestra, basta un botón". Y como ejemplo para ilustrarlo, alcanza lo ocurrido el 4 de marzo de 2002, cuando el matarife uniformado Justo José Luquet fusiló a Marcelo Báez, un chico de 16 años, que junto a dos amigos había robado un puñado de monedas y caramelos en un kiosko. Marcelo huía en su bicicleta. El policía Luquet lo perseguía en su patrullero. Por mirar hacia atrás, el pibe chocó un cesto de basura, derrapó y cayó al suelo. Justo José Luquet, quien debe el nombre de pila a un caudillo entrerriano famoso por su destreza con la cuchilla de degüello, le hizo honor alojando un trozo de plomo calibre 9 milímetros en el parietal derecho del pibe Báez, cuando éste se hallaba caído con las dos manos en el suelo, en un vano esfuerzo por incorporarse.Un anónimo samaritano justificó el crimen diciendo que los chicos estaban “robando caramelos y monedas” de un kiosco, y fuentes “inobjetables” con asiento en la 42ª aseguraron que el disparo policial fue efectuado “en defensa propia”. Como es habitual en estos casos, la policía y la justicia tendieron un manto protector sobre su matarife modelo, quien –a pesar del procesamiento por este homicidio, y de tener una condena en suspenso por “plantarle” drogas a un pibe en Constitución en 2004-, continuó utilizando su libertad para producir, con la mirada complaciente de sus jefes y patrones, nuevos aciertos en el accionar policial de todos los días.Hicieron falta muchos años, no sin el esfuerzo conjunto de CORREPI y de los familiares de Marcelo, para el matarife Luquet fuera suspendido en sus funciones de policía. Finalmente hace unos meses el Tribunal Oral Nº 18 debió abandonar sus meditaciones budistas para fijar la fecha del juicio oral, que se llevará a cabo los próximos días 28 y 29 de mayo.Desde luego, CORREPI estará presente en la sala y en la calle esos mismos días. Pero no estará sola; estarán los vecinos del barrio, y desde las 10 de la mañana del miércoles, el colectivo de artistas Grupo de Arte Popular efectuará dos escenografías teatrales, en las que dramatizarán el fusilamiento de Marcelo Báez. La cita es en la plaza de tribunales, calle Libertad esquina Lavalle.Un tiro atrás de la oreja, con la excusa de “robar caramelos y monedas”. Cabe preguntarse entonces, qué tipo de sentencia debería haber merecido un genocida -convicto y confeso- como el ex general Jorge Rafael Videla, quien goza de arresto domiciliario en su coqueto piso del barrio de Belgrano. O qué condena darán al policía Luquet, que hoy mismo sigue libre, y vendrá al juicio sólo si se le da la gana.“Caramelos y monedas arrebatados de un kiosco”. Mataderos sangra, porque la vida de un pibe no vale nada. O, como mucho, vale menos que un par de monedas y que un puñado de caramelos.Nos vemos el miércoles a las 10, en Plaza Lavalle.

REPRESIÓN POLICIAL "CULTURAL" EN SANTA CRUZ
El feudo del los Kirchner ha sido noticia a lo largo de estos últimos años por las violentas respuestas represivas del estado a los trabajadores de la educación, pesqueros, petroleros, mineros, etc. Crece también en Santa Cruz, a la par de las ganancias de las empresas y de la explotación, la represión de carácter preventivo hacia los jóvenes.
En la madrugada del sábado 17, María Soledad (20) discutió con dos chicas en el pub Faustino de la ciudad de Río Gallegos. Un patovica la arrastró de los pelos hacia fuera, y la golpeó delante de dos policías, que se la llevaron a la comisaría 1ª, donde el médico que la revisó decretó –sin ningún tipo de análisis- que la joven estaba borracha y drogada.

La trasladaron a la comisaría 3ª, donde dos mujeres policías recién ingresadas en la fuerza, la tiraron al piso con las manos esposadas atrás, le pisaron la nuca y la patearon. La joven fue liberada a las 11 de la mañana sigueinte, sin que le comunicaran jamás el motivo de la detención, y sin que sus padres fueran avisados.
El mismo sábado, a las 5.30, dos jóvenes se retiraban de un bar. Sin ninguna justificación, un grupo de policías los tiraron al piso, los esposaron, patearon y trasladaron a la comisaría 1ª, donde los siguieron golpeando e insultando, sin que se les informara el motivo de la detención. Luego de la revisada médica, superficial siempre, volvieron al calabozo. Antes de ser liberados, los obligaron a limpiar el baño de la comisaría, mientras los uniformados les preguntaban a qué se dedicaban ellos y sus padres. Tras ocho horas de detención, fueron liberados sin que sus padres fueran anoticiados, a pesar de haberse comunicado con la comisaría, donde les negaron que sus hijos estuvieran detenidos o demorados en alguna dependencia policial de la ciudad.
Ambos casos, con mayor repercusión mediática que otros que se suceden cotidianamente en Río Gallegos, Río Turbio y otras localidades santacruceñas, llevaron al jefe de la comisaría 3ª, comisario Trejo, a salvar la ropa declarando públicamente: “yo no pongo las manos en el fuego por mi personal”.
Desde la secretaría de DDHH de la provincia reconocen que la cantidad de casos de denuncias por torturas han aumentado, aunque aclaran que se trata de "apremios ilegales"; y adjudican la represión y la violencia policial no a lo que es, una política de estado, sino a la “cuestión cultural de la policía”, y argumentan que revertir esta situación es un “proceso que puede llevar años”. Igualito a lo que dijo el juez Norberto Oyarbide del trabajo esclavo al que son sometidos los obreros textiles, muchos inmigrantes bolivianos: "es una cultura ancestral a la que están acostumbrados".

JUNTA INTERNA DE INTI A JUICIO ORALLa empresa, sea privada o estatal, siempre cuenta con la protección de funcionarios judiciales y demás agencias del aparato represivo para disciplinar la organización y la lucha de sus empleados. El 2 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires, se inicia el juicio oral contra los delegados de la Junta Interna de ATE que trabajan en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por cortar en octubre pasado la avenida Gral. Paz. Los trabajadores se encontraban en ese momento en medio de un intenso plan de lucha que ya llevaba más de un año, en reclamo de aumento de salarios y por la implementación de un convenio colectivo sectorial. El presidente de INTI denunció el corte de calle, policías federales de civil fotografiaron a los obreros, y las pruebas llegaron al juez de turno. Con durísimas carátulas, jueces y fiscales castigan a los trabajadores que logran hacer públicos sus reclamos, para que sus luchas no sirvan de ejemplo a los millones que necesitan un aumento de sueldo o defender su puesto de trabajo. Entre los últimos que se suman a los más de 6.000 procesados por protestar, se cuentan los 18 trabajadores de Mafissa, acusados con “coacción agravada” por ocupar la fábrica, o el delegado del Casino Flotante Hernán Lopatka, imputado con “tentativa de homicidio agravado” por las heridas que supuestamente sufriera un prefecto en el desalojo ilegal del 4 de diciembre pasado.Recordemos a los 6 petroleros de Las Heras, que cada tanto sufren torturas en simultáneo en distintas alcaldías y comisarías de Santa Cruz , y al trabajador agrícola Juan Carlos Erazo, primer asesinado por protestar en el gobierno de Cristina Fernandez. En caso de que las heridas y los dolores no sean suficientes para atemorizar y desmoralizar a los que sufren desalojos y golpizas, el siguiente paso en el orden represivo, es la amenaza real y legal de ser encarcelado por no acostumbrarse a las condiciones de vida que los burgueses pretenden para la clase trabajadora.

GENDARMERÍA VA A LUJÁN
Hace por lo menos dos meses que la intendenta oficialista del partido de Luján, Graciela Zulema Rosso, viene pidiendo el envío de gendarmería a su zona de gobierno, con el entusista apoyo del periodismo que no pierde oportunidad de agitar el tema de la inseguridad. Títulos como "Inseguridad en la provincia de Buenos Aires: Vecinos de Luján exigen una mayor presencia policial", "Inseguridad: la intendenta de Luján pide gendarmes", "Quieren que Gendarmería refuerce la seguridad en Luján" vienen acompañando la campaña para la instalación de como mínimo 130 efectivos y un patrullero de la gendarmería en la localidad de los peregrinos.El reclamo se hace en conjunto entre la intendencia y los comerciantes de la zona, que no entienden cómo los pobres no se resignan a serlo y viven su hambre sin molestar, dejándolos a ellos vivir tranquilos y hacer negocios en paz. Como la lucha contra la pobreza exige demasiado esfuerzo, y cierta convicción, más fácil es aprovechar las herramientas del sistema generador de pobreza y aplicar garrote a quienes se rehusen a asumir su miseria. Por ello, una junta de firmas que alcanzó 700 autógrafos ha sido documento suficiente para legitimar la campaña de militarización. Luján cuenta con una población de 67.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 700 apenas supera el 1%. Pero aquí no se trata de cantidad sino de calidad, y lo que bien sería un número insignificante si se tratara de gente recolectando firmas en contra de un desalojo, en contra de una mina a cielo abierto, o de la trata de blancas, en Luján es un número muy valioso por no ser 700 habitantes nomás, sino 700 propietarios. Los titulares han ido cambiando y ahora reproducen lo que dice su intendencia: "Sería inminente el envío de gendarmes a Luján". Algunos exponentes de la cruzada por la seguridad como Alcides Mosca, miembro de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Productores manifiestan claramente cuál es el objeto de sus males: "es la gente que se traslada desde el conurbano, entrar y salir de Luján es muy fácil, no estábamos acostumbrados a vivir así". Otra de las interesadas, Victoria, aclara que la mayoría de los ladrones son jóvenes y "están dados vuelta por la droga". Otra vez, más fácil que buscar a quienes las venden, que incluso podría desembocar en -dios nos libre y nos guarde- algún querido vecino de la alcurnia lujanense en yunta con algún respetado coimisario, es poner unos buenos perros guardianes que le enseñen a los muchachitos a no salirse de sus límites, a consumirse en su droga y su pobreza sin perjudicar a los demás.Así pues, luego de las reuniones que mantuvo la mandataria en el Honorable Concejo Deliberante junto a comerciantes y al Secretario de Gobierno, Humberto Guibaud, el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Control Urbano, Oscar Clarencio, el Director de Protección a la Comunidad, Julio Quintela, el Presidente del Concejo Deliberante Dr. Hernán Mosca y Concejales de diferentes bloques políticos, y luego de reunirse con Scioli y Arslanián, Luján puede esperar el pronto desembarco de más represores para garantizar la pacífica existencia de unos pocos.

EL "CATERING" DEL SPF Y TRUCHADAS POLICIALES VARIAS
Mientras el diario La Nación publica en su tapa que los responsables de tres cárceles del servicio penitenciario bonaerense habían armado un servicio de "catering" que proveían con la comida que compraban, supuestamente, para los presos que guardaban, en Merlo se descubrió que los policías de la comisaría local adulteraban las facturas de combustible de sus patrulleros, y los usaban para fines personales.

Mientras tanto, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, llamaba la atención el notable descenso de los delitos que mostraban las estadísticas. Ya andaban pensando los vecinos en algún agasajo especial para sus excelentes policías, cuando salió a la luz que, en realidad, lo que ocurría era que los uniformados "cajoneaban" las denuncias radicadas por las víctimas de sucesos ilícitos, y no las mandaban a las fiscalías para su investigación.

Perdonen que seamos malos, pero seguramente, además de bajar los números para exhibir mejor imagen, algún "arreglito" económico habría. ¿O nos van a hacer creer que el interés era sólo estadístico, y no aprovecharon la volada para hacer unos buenos pesos extorsionando a los denunciados?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 28 de mayo y jueves 29 de mayo, 10:00, Plaza de Tribunales, Lavalle y Libertad, movilización durante el juicio oral contra el policía Justo José Luquet por el asesinato de Marcelo Báez.

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