13 ene 2009

ENTREVISTA A GUSTAVO VERA

Buenos Aires Económico
Gustavo vera
“El día que estemos seis meses sin hacer una denuncia, es porque estamos todos muertos”
12-01-2009 / De 44 años, casado y padre de cuatro hijos varones, además de las tareas en La Alameda, ejerce como docente en la escuela Nº 10 de Villa Lugano. Como al pasar, desliza: “Con nuestra tarea estamos demostrando que se puede hacer política sin necesidad de tener puestos o de ser ladri”.
Vera, docente y militante social de La Alameda
Desde hace más de siete años, La Alameda, organización vecinal y comunitaria de Parque Avellaneda, surgida con los cacerolazos del 2001, se ha hecho conocida por sus reiteradas denuncias contra talleres clandestinos, que en connivencia con grandes marcas de ropa, emplean a trabajadores esclavos, o por poner en evidencia la trata de mujeres en prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires, los que según denuncian, operarían en complicidad con la Policía Federal. A pesar de ello, poco se conoce. Uno de sus pilares, Gustavo Vera, en esta entrevista concedida a Buenos Aires Económico, desgrana los pormenores de esa batalla desigual. –¿Cuál es la ruta que han seguido para llegar a dar esta pelea tan fuerte contra los talleres clandestinos? –Entre el 2003 y el 2005 hubo un proceso de consolidación de La Alameda que tuvo que ver con lazos afectivos, en lo social y con la resistencia y con el desarrollo de emprendimientos tales como panadería, textil y otros. También nos dio impulso que Acción Social nos aportara maquinarias. Hasta entonces el único apoyo que teníamos eran las raciones de polenta, fideos y arroz. A partir del 2003 logramos que se legalizara el comedor, ya para entonces habíamos resistido un intento de desalojo, habíamos tenido 14 presos y varios procesados y logramos arrancar la expropiación el 16 de junio del 2004. — ¿Cómo llegan a las denuncias? –Con los paisanos bolivianos se generó un marco de confianza que rompió el pacto de silencio que había. Acá venían a comer muchos de ellos y a partir de eso, empezaron a acercar estas problemáticas de la trata, el tráfico, la explotación o las marcas que estaban involucradas. Tanto es así, que está megacausa que se tramita en la justicia federal y donde hay 85 marcas denunciadas y un universo de 600 talleres, comienza con dos talleres que están a dos cuadras de La Alameda. –¿Dónde está radicada la megacausa contra los talleres y cómo responde la Justicia? –El juez Norberto Oyarbide trató de sacarse las causas de encima. Sabíamos pues que era muy poco lo que iba a hacer y que iba a tratar de garantizar la impunidad de las marcas, que fue lo que intentó. Él quería mandarla a un juzgado de instrucción correccional y no darle carácter federal, cuando hay una violación a la ley de migraciones, a convenios internacionales sobre trata y tráfico de personas y otros delitos de competencia de la justicia federal. Tras un pedido de juicio político en su contra logramos que la cámara revocara la incompetencia de Oyarbide, y restaurara el fuero federal a la causa, y le advirtió que toda denuncia de talleres clandestinos irían a su juzgado. Desde hace un año la causa esta paralizada. A fines del 2007 logramos que una fiscalía sacara un dictamen pidiendo la indagatoria de los directivos de Soho. Era la primera vez que una fiscalía mencionaba una marca; hasta ese momento hacían como que no tenían que ver a pesar de que ya estaban denunciados. –¿Cuáles son las evidencias que las involucran? –Una ley de trabajo a domicilio que establece la solidaridad entre las marcas y los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas, las inspecciones en las que se encontraron etiquetas y remitos que les pertenecían, el que los propios talleristas y trabajadores en su declaraciones juradas decían que trabajan para ellas y el que las mismas marcas admitían que mandaban a confeccionar a esos talleres. Tras el dictamen contra Soho, en el verano del 2008 la empresa llega a un acuerdo con el juez en una situación de cohecho. Cuando Oyarbide redacta ese fallo espantoso donde plantea que Soho en realidad no usaba trabajo esclavo sino que los bolivianos se autoexplotaban por pautas ancestrales, lo hace al tiempo que Soho intenta sobornar al sindicato donde se encuadran los trabajadores e intenta hacernos una oferta a nosotros. Y, si esto que decimos no es verdad, ¿por qué el juez no nos hace un juicio por calumnias e injurias? –Del trabajo con los talleres pasan a denunciar prostíbulos… –Es imposible meterse con un tema vinculado a la trata de personas sin meterse con todos los demás. Porque por Villazón, por Yacuiba o por la Triple Frontera no pasan solamente costureros que van a los talleres, pasan también mulas, chicas que son engañadas y llevadas para prostituirse, trabajadores que son llevados esclavizados a la horticultura, la agricultura o la construcción. –¿Por qué van directo a los establecimientos de Monserrat y de Constitución? –Con los talleres apuntamos a las columnas principales, con investigaciones serias que mostraran la responsabilidad de las grandes marcas. Con los prostíbulos hicimos lo mismo, había un crecimiento geométrico de redes que funcionan con proxenetas, drogas, menores y chicas. Decidimos actuar en Constitución y Monserrat porque son dos de las columnas principales de la red de prostitución que están alrededor del Departamento Central de Policía, lo cual muestra claramente su complicidad y la de algún ministro. Al principio intervino el juzgado de Ballesteros y el de Oyarbide y hubo algunos allanamientos, pero a los 15 días liberaron a todo el mundo, reabrieron los lugares y levantaron las clausuras. Volvimos a hacer la segunda caravana, ahí intervino Ballesteros del mismo modo, a los 15 días volvieron a revertir y así estamos. –¿Han logrado rescatar alguna de las víctimas de los prostíbulos? –En Flores rescatamos una y otra en Caballito. En el caso de Once estuvimos a muy poco, y en Constitución a ninguna. Es muy difícil entrar a esos lugares, pero estamos seguros que las propias víctimas se van a ir comunicando y nos van a aportar datos. De hecho, hemos recibido una cantidad de datos anónimos que, sospechamos, vienen del interior de la propia red y también denuncias de que las comisarías 4ª, 16ª y el Departamento Central reciben 800.000 mangos por mes por la protección de estos 35 locales de prostitución, trata y narcotráfico. Datos que parten de la interna de la propia Federal y que tienen mucha veracidad. También logramos que seis o siete de los prostíbulos de Constitución se encuentren en agonía absoluta. –Ustedes han denunciado también trabajo esclavo en granjas. ¿Cómo llegaron a esas denuncias? –Gracias a una estrategia comunicacional que ha hecho que La Alameda se convierta en una fiscalía de los bajos fondos. Ahora viene gente a denunciar redes de prostitución de menores, trabajo esclavo en la horticultura, en la agricultura o la zafra. –¿Cómo se financia todo esto? –Hasta el 2006 no teníamos nada. A partir de que se instaló el tema en los medios hay mucha gente que dona. La embajada Suiza y gente de Alemania quieren aportar. Ninguno de nosotros vive de esto, yo por ejemplo soy maestro, el resto trabaja en la cooperativa. También contamos con abogados que trabajan ad honórem y que pelean contra bufetes importantes, y les vamos ganando. Pero ya estamos atravesando el límite de lo artesanal y habrá que profesionalizar algunas cosas. –Con temas tan densos, ¿han recibido algún tipo de amenaza? –La Alameda ha tenido 14 atentados. En junio los talleristas rompieron el local cuando estábamos haciendo la primera caravana. A principios del 2006 quisieron quemar mi casa. No lo hicieron porque llegó la Justicia a tiempo, pero en la puerta había una veintena de bombas molotov. En lo personal no tengo miedo, pero sí hay compañeros que lo sienten. Nosotros tratamos de inculcarle a la gente que los adversarios no son tan peligrosos como parecen y que frente al escarnio de la opinión pública se les complica. La mayor seguridad que tenemos es que los temas se conviertan en públicos. Lo peor que nos puede pasar ahora es quedarnos callados. El día que La Alameda este seis meses en silencio, es porque ya estamos todos muertos.LA ALAMEDA, TRAS SIETE AÑOS DE VIDALos orígenes de La Alameda se remontan a los cacerolazos de diciembre de 2001 cuando un grupo de vecinos “nos empezamos a plantear otra serie de temas barriales”. Gustavo Vera reflexiona que “acá los problemas no eran del corralito sino el hambre, la desocupación y obviamente la falta de trabajo”. Dieron inicio a una olla popular destinada a la gente en situación de calle y a la que en un principio asistían entre “5 o 6 personas, las que rápidamente se fue incrementando”.Hoy en La Alameda, además del comedor que alimenta diariamente a 120 personas, ofrecen talleres de apoyo escolar. También funciona allí la Cooperativa 20 de Diciembre, que emplea a unas 30 personas. Además, posee un Mercado de Economía Solidaria, una fundación integrada por profesionales que de modo gratuito administran las causas judiciales, y una agrupación gremial integrada por trabajadores blanqueados y otros que aún permanecen en talleres clandestinos. La organización brinda además, cursos sobre trata y tráfico de personas, destinados a costureros y voluntarios. También han logrado que el Gobierno porteño creara en el barrio de Barracas un polo textil de 1.800 metros cuadrados, donde trabajarán ocho cooperativas con 200 costureros provenientes de talleres clandestinos y que se inaugurará en marzo próximo.Han hecho más de 600 denuncias y redactado más de 4.500 documentos

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