La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó ayer en la Facultad de Derechos de la UBA un informe científico que desnuda la tortura metódica a la que se somete a los detenidos en las unidades federales. El relevamiento –del segundo semestre de 2007, entre 939 reclusos– subraya que “el 37,7% de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones lo que demostraría el uso de un alto grado de violencia”.
Unas 150 personas colmaron el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA para la presentación de la “Informe general de la investigación sobre malos tratos físicos y tortura. Un estudio sobre los procedimientos de requisa, sanción de aislamiento y agresiones físicas en las cárceles federales”, elaborado por el personal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo que tiene como objetivo “la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el ámbito federal” y con autonomía funcional desde 1993 por la ley 25.875.
La presentación contó con la participación como panelistas de Mónica Pinto, titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UBA y miembro del Comité Internacional de la Asociación para la Prevención de la Tortura; Roberto Bergalli, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y director del Comité Científico Investigador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de dicha institución; Silvia Guemureman, subsecretaria de Investigación de la UBA, e investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani; Gustavo Palmieri, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la Comisión bonaerense por la Memoria; y Marcos Salt, experto en Derecho Penitenciario. Además contó con las palabras del Procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, y de Alcira Daroqui, responsable de la Dirección de la Investigación del organismo.
Lugar común, la tortura
A la derecha de los panelista, una pantalla iba mostrando los datos de la investigación que se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007. También exponía fotografías sobre las marcas que la vejación, el maltrato y la tortura dejaron en los presos. Cuerpos maltrechos, heridos; moretones enormes, oscuros; brazos rotos, costillas fisuradas, quebraduras; ojos en compota, quemaduras de cigarros, parches en la cabeza. Esas imágenes remitían instantáneamente al miedo. Pero también al valor, al coraje de hablar, de contar para que no hay impunidad. Fueron 939 personas, el 10 por ciento del total de la población de todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF), las que se animaron a contar lo que les pasó y que sus cuerpos sean el documento de ese maltrato, el mapa de dolor. Las entrevistas se hicieron en la Unidades 2 de Devoto; 3 y 31 de Ezeiza; 24 de Marcos Paz; en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz; y en las cárceles de máxima seguridad del interior del país: las unidades 6 de Rawson-Chubut, 9 de Neuquén, y 7 de Chaco.
Las preguntas apuntaron a: requisa personal, sanción de aislamiento y golpes. La Procuración entiende que las dos primeras “aparecen legitimadas en los establecimientos como parte del abanico de acciones del personal penitenciario, pero encubren prácticas violentas, vejatorias y degradantes”, señala el informe. Y agrega: “Los detenidos más jóvenes son las víctimas preferidas para las prácticas violentas”.
En cuanto a la requisa personal, esta se practica en todas las prisiones con variantes y los blancos predilectos son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años: “El 83% de los presos consultados fue obligado a exponer su cuerpo completamente desnudo; un 24,8% habló de una modalidad más humillante todavía: desnudo con flexiones para revisarles los genitales. Un 46,7% enfrentó también desnudos parciales y cacheos. Estos últimos casos se elevan en las mujeres a 72,2 y 84,1 por ciento, respectivamente. El mayor despliegue de estos métodos se registra en los penales de Ezeiza, Neuquén y Rawson”, especifica la investigación.
El aislamiento individual es la sanción penitenciaria permanente por excelencia según los registros de los últimos diez años de la Procuración: “Los presos son llevados a celdas especiales, sitios o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Un 28% de las personas encarceladas ha sido víctima de este tipo de sanción: la proporción por sexo es tres de cada 10 varones y uno de cada 10 mujeres. El estudio detectó también que los condenados reciben esta sanción en mayor proporción que los procesados. El Complejo I de Ezeiza bate récords en este rubro: el aislamiento se aplica a tres de cada 10 personas y en el modulo de jóvenes adultos (de 18 a 21 años) cinco de cada 10 pasan por este castigo”.
Golpes y más golpes. La Procuración advierte que “el 63,4% de todos los entrevistados dijo haber sufrido distintos tipos de agresiones físicas. Un 58,8% se refirió directamente a golpes (con palos, puños, patadas, empujones). Según surge de la investigación, la mayor violencia física directa se despliega contra los varones y, otra vez, los jóvenes son los preferidos. Solo 5,7% de las mujeres dijo haber recibido golpes o ataques similares. El módulo de jóvenes del penal de Ezeiza aparece, nuevamente, como el que hace el mayor uso de esta practica: ahí el 85% de los detenidos (8 de cada 10) reveló maltrato físico. Los porcentajes también son altos en Neuquén, Rawson y Chaco”.
En referencia a las lesiones, el 37,7% de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones (terminan con marcas y heridas en el cuerpo), “lo que demostraría la utilización de un alto grado de violencia. La mayoría de las mujeres agredidas quedó con heridas”. El informe concluye que tres de cada 10 personas, cuando fueron golpeadas resultaron lastimadas.
“Negar la investigación es negar la voz de los presos”
De manera contundente, Alcira Daroqui apuntó: “La cárcel es una máquina de tortura desde hace 250 años y no es que estemos iluminando a nadie, lo extraño es que se sorprendan cuando es un lugar de violencia”. Defendió a esta investigación porque “recupera la mejor trayectoria de producir conocimiento desde uno órgano del Estado” y porque convocó “a investigadores por concurso desde 2001, a través del Instituto Gino Germani”.
Para la responsable de la Dirección de Investigación de la Procuración “nuestro único compromiso, nuestro único deber ético es con las personas encarceladas”. Y subrayó: “Negar esta investigación es negar la voz de los presos”.
Para el procurador Francisco Mugnolo “investigar es parte de la calidad institucional del Estado, sirve para construir conocimiento y mejorar la realidad. Esta no es una denuncia, es una investigación, nuestras denuncias están en los Tribunales”. Y resaltó: “El personal que realizó las entrevistas a los presos volvía quebrado, shockeado”.
A renglón seguido, Mónica Pinto dijo: “Esta es la muestra de se puede realizar una investigación sobre el maltrato en las cárceles”. Y recordó que a pesar “del trato privilegiado de los derechos humanos, que tiene rango constitucional esto convencida de que a nadie sorprende esta encuesta”. En esa línea, Roberto Bergalli expresó: “Los sistemas penales modernos son los ámbitos de mayor violación de los derechos humanos y este informe es novedoso porque denuncia que estos métodos son habituales”. Y caviló: “La sociedad argentina, que tuvo la capacidad de recuperar la memoria con el Juicio a los genocidas y a las terribles violaciones a los derechos humanos, debe reflexionar sobre esta cuestión en las cárceles. No se puede volver a extraviar la memoria”.
“Provoca mucha indignación y dolor este informe, que no generaliza, si no que tiene detalles, nombres, muestra patrones de conducta, la repetición de la tortura”, aseguró Gustavo Palmieri. “La muerte en el Sistema Penitenciario triplica a los que ocurren en las calles bonaerenses”. Para el integrante del CELS “es perverso negar la existencia de estos hechos, es una banalidad ignorarlo”, en clara alusión al documento firmado por los titulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Sergio Paduczak, Catalina Moccia de Heilbron y Silvia Martínez que elucubraron: “De resultar cierto, hablaría de una práctica sistemática de tortura y esta descripción no se ajusta a la realidad”. Es justamente Martínez quien aspira a reemplazar a Mugnolo.
Luego, Silvia Guemureman asentó: “Es aberrante que el casi el 64% de los presos hayan sufrido malos tratos físicos. Es escalofriante. Y que práctica sea sistemática es más escandaloso aún”. Y deploró los intentos de ocultar esta investigación “rigurosa” que busca “hacer público lo que se pretende ocultar; es la maldición de hablar del tabú, por eso hacer esta investigación es valiente porque trae consecuencias”.
Asimismo, Roberto Cipriano explicó que su primera sensación fue de “alivio porque al final la verdad salía a la luz y se habla de las torturas sistemáticas en el Sistema Penitenciario Federal”. Y lo comparó con su experiencia: “Nosotros hicimos tres informes en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de un sistema penitenciario formado en la dictadura y en el sistema de seguridad nacional. En Buenos Aires tenemos más de 10.000 denuncias contra la Policía y los penitenciarios. El problema es que de 1.900 causas, sólo 95 se elevaron a juicio”.
Por último, Marcos Salt explicó que el sistema penal “pierde legitimación cuando apaña la violación de los derechos humanos, se le termina cometiendo al preso un delito mayor que el que él cometió y sobre todo cuando en muchos casos los presos no tienen condena”.
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