A cambio de $ 200 millones “cash”, el Gobernador Capitanich le acaba de dar un golpe mortal a las jubilaciones de los empleados públicos provinciales, así como también a los municipales y docentes chaqueños. En esa suma cotizó el chaqueño su apoyo a Kirchner en la crisis con el campo.
Firmó con el gobierno nacional un convenio llamado “para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia del Chaco”, por el cual se compromete, antes de 2010, a subir la edad jubilatoria y a eliminar la movilidad adaptándose a los criterios que fija la ANSeS en el orden nacional. “Los ajustes por movilidad implantados en la órbita provincial responderán a las pautas determinadas por las normativas nacionales en la materia”, dice el convenio, a sabiendas que esas “pautas” no existen y que en su lugar se aplican aumentos por decreto inferiores a la inflación. A las apuradas, Cristina refrendó por decreto este convenio a todas luces inconstitucional.
El decreto de Cristina dice que “la Provincia asume el compromiso de sancionar una Ley que disponga la aplicación a partir del 1º de enero de 2011 de las pautas comprendidas en el presente Convenio, a los agentes públicos provinciales, municipales y de otros organismos provinciales o municipales, vinculados por cualquier tipo de relación laboral”.
¿Cómo puede el gobernador asumir un compromiso sobre el que debe legislar el Parlamento? En caso de incumplimiento, “los mayores costos resultantes no serán objeto de asistencia financiera por parte del Estado Nacional, quedando a cargo exclusivo de la Provincia”.
Se trata de una extorsión al pueblo y a las instituciones de Chaco.
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