3 oct 2008

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES - PARAGUAY: UN GOBIERNO Y REGIMEN AL SERVICIO DE LOS PROPIETARIOS

Crecen las ocupaciones y la represión del gobierno

Los Ministerios Público y del Interior publicaron un informe titulado "Amenazas, invasiones y desocupaciones de inmuebles. Diagnóstico e intervenciones en Paraguay Enero- Agosto 2008" . En el mismo se detallan las ocupaciones de tierra – que en el informe son denominadas "invasiones a propiedades privadas"- y las consecuentes intervenciones del gobierno, basadas, según afirman, en el artículo 34 de la Constitución , donde se establece que "todo recinto privado en inviolable…".
Los números de la represión
Las estadísticas presentadas en el documento son las siguientes: del 1 de enero al 26 de Agosto, se registraron 121 ocupaciones, 56 desalojos, 193 detenidos y 256 imputados. (ABC 2-10-08)
En el departamento de San Pedro, considerado como uno de los más "conflictivos", se realizaron más de 60 ocupaciones o "amenazas" y fueron imputados 20 luchadores. Alto Paraná registró, siempre según el citado informe, 13 ocupaciones, 7 desalojos, 13 detenidos y 21 imputados. En Central se realizaron 36 ocupaciones, 13 desalojos, 1 detenido y 27 imputados, la mayoría provenientes de sectores sin techo. En el número más alto de detenidos corresponde a Canindeyú, donde 140 personas están presas por protagonizar unas 12 ocupaciones.
Se reaviva la lucha y se mantiene la criminalización
Estos datos demuestran dos cuestiones fundamentales. La primera es que, efectivamente, existe un nuevo momento de la lucha de clases en nuestro país, fundamentalmente en el campo; ésta situación se potenció después del 20 de Abril. La segunda es que, paralelamente, la política de criminalización de las luchas sociales -orquestada a través de la Fiscalía , el Ministerio del Interior, la Policía y amparada en el Código Penal- está más que vigente.
Las luchas campesinas, sindicales y estudiantiles tienden a expandirse. Las clases explotadas se sienten mucho más confiadas y toman las calles para obtener sus reivindicaciones, sobrepasando muchas veces la legalidad del régimen burgués. En reacción a esto, la clase dominante lanza contra estas luchas todo su perfeccionado arsenal jurídico, ideológico y represivo para defender sus privilegios.
¿La criminalización se acabó con Lugo?
La política de la criminalización de las luchas no se acabó con la llegada al poder del gobierno Lugo-PLRA. Desde el Ministerio del Interior, capitaneado por el "socialista" Rafael Filizzola, se están realizando una serie de desalojos violentos a las ocupaciones. Los más recientes son los de Minga Guazú (3 detenidos y varios heridos), Cedrales (4 detenidos) y San Pedro.
Esto nos demuestra con claridad que el gobierno de Lugo-PLRA cumple con su palabra de defender la Constitución y las leyes, pero sólo cuando favorece a los privilegiados latifundistas, sojeros, ganaderos y empresarios en general y no en lo que –de palabra- se refiere al "derecho" de los campesinos que luchan por un pedazo de tierra donde trabajar, ni de los sin techo que salen a pelear por vivienda, ni de los trabajadores cuyos derechos laborales y sindicales son violados con total impunidad por esos mismos empresarios que el gobierno defiende.
¡Luchemos contra la criminalización!
Desde el Partido de los Trabajadores (PT), sostenemos que es imperioso que el conjunto del movimiento social levante la consigna contra el armazón jurídico-represivo-ideológico que es utilizado por el gobierno para criminalizar las luchas. Esto significa la derogación inmediata en el Congreso del Código Penal y la exigencia de enjuiciamiento/sumario de Ministros, jueces, fiscales y jefes policiales que ejecutan las leyes represivas.
Exigimos al gobierno Lugo-PLRA el cese inmediato de las represiones, desalojos y detenciones. Además, exigimos la libertad de los 193 detenidos y el desprocesamiento judicial de los 256 imputados. Estos compañeros y compañeras no son criminales, no son delincuentes, son luchadores sociales que reivindican derechos fundamentales.
¡Derogación del represivo Código Penal!
¡Libertad inmediata de los 193 luchadores detenidos!
¡Desprocesamiento de los 256 imputados por defender sus derechos!
¡Basta de criminalizar las luchas sociales!
Comité Ejecutivo Nacional
Asunción, 2 de octubre de 2008

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