LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS EN EL SENADO ARGENTINO.

EL TRIUNFO DE LA BURGUESÍA SOJERA Y LA MARCHA ATRÁS DEL GOBIERNO.

Por Jorge Elizondo
El voto de los legisladores que apoyaron al “campo” –es decir a la oligarquía terrateniente de SRA-CRA y burguesía agraria de FAA- ponen de relieve los intereses que han defendido. Al rechazar el proyecto modificado y ampliado en la Cámara de Diputados, el Senado también rechazo los mecanismos de reintegros y compensaciones para los productores con una producción inferior a los 1.500 Tn de soja, es decir los pequeños y medianos. De acuerdo al proyecto, sólo los grandes productores quedaban al margen de esos mecanismos.
Hoy el gobierno deja sin efecto el carácter móvil de las retenciones, y retrotrae la situación al 10 de Marzo de 2008; vuelve a las retenciones fijas. La única beneficiada es la burguesía sojera. El trigo debe pagar más retenciones: la Resolución 125 las había rebajado a un 26,2 %, y hoy vuelven al 28 %.
Los pequeños productores de soja pagarán 10 puntos más de retenciones, porque no tendrán compensaciones. Alrededor de 50.000 pequeños productores pierden la rebaja del 5 % en las retenciones y la compensación por fletes (5 a 20 % según las distancias).
En el otro extremo, alrededor de 4.600 miembros de la burguesía sojera se benefician ahora con una disminución de las retenciones del 10 al 12 %, ya que vuelven al 35 %.
Esta es la consecuencia de la “vuelta atrás” del Gobierno. La burguesía sojera, los pools de siembra y los fideicomisos son los únicos beneficiados por el voto de los senadores hasta ayer oficialistas y el desempate de Cobos.
El carácter reaccionario del lock out y del papel jugado por el radical K Cobos queda en evidencia, a la vez que el gobierno vuelve a intentar la restauración de un bloque de gobernabilidad con parte de estos sectores de la clase dominante.
Pero la crisis política aún no ha sido cerrada, porque la misma no se reduce a una lucha entre dos sectores de la burguesía por el reparto de las ganancias de las exportaciones agropecuarias.
Se calcula que –como consecuencia de la derogación de la Resolución 125- ingresarán 4.000 millones de pesos menos a las arcas del Estado. Y el rechazo del proyecto oficial modificado en Diputados, implica que no habrá “Fondo de Redistribución” destinado a viviendas, hospitales, escuelas, caminos rurales y medidas de apoyo a la agricultura familiar. Podemos poner en duda la seriedad de los propósitos incluidos en el proyecto. Pero poco importaba esto a los “patriotas” Llambías, Miguens y Buzzi. El Gobierno podrá esgrimir el pretexto de que no se pueden aumentar los salarios de los trabajadores del Estado, ni las jubilaciones, ni construir más viviendas, porque lo ha impedido su derrota en el Senado.
Desde el punto de vista político, el problema no ha sido resuelto. Provisoriamente han ganado los sectores más concentrados de la burguesía terrateniente sojera y los pools de siembra. Para ello ha contado con la colaboración inestimable de la Federación Agraria Argentina, dirigida por el ex miembro del Partido Comunista de Santa Fe Eduardo Buzzi, quien –de integrante de la CTA y el FRENAPO- ha pasado a convertirse en uno de los referentes de la derecha reaccionaria. Hubiera sido imposible para los decadentes líderes de la SRA y las CRA llevar adelante el lock out sin la orientación táctica de Buzzi y el papel dinamizador del mediático De Angeli.
Hoy la derecha reaccionaria cuenta con varios candidatos para el reemplazo de Cristina: Cobos, el “héroe” del Senado, representante del conservadorismo mendocino y de los intereses de la poderosa burguesía cuyana, del grupo Vila-Manzano y de la Iglesia; De Angeli, exponente de la “rebelión de masas” del campo en su versión más radicalizada: autoconvocados + Agricultores Federados Argentinos. Carrió, líder de la pequeña burguesía urbana, de los “vecinos” que tienden a encolumnarse detrás de la gran burguesía y a denostar cualquier expresión de los sectores populares. Por su parte, Buzzi –con fuertes vinculaciones con sectores de la CTA pro-camp (De Gennaro y Lozano) y del propio Gobierno, podría jugar nuevamente en esta etapa el papel de bisagra en el nuevo diseño de un esquema de gobernabilidad: Consejo Federal Agropecuario ampliado con la participación corporativa de las entidades rurales, una suerte de “co-gobierno” con el kirchnerismo o con quien sucediera a Cristina en el caso de que ésta renunciara.
Pero no puede soslayarse el hecho de que el conflicto ha dejado profundas huellas en la superestructura política:
1.- Existe objetivamente una situación de “doble poder”. El Gobierno cuenta con el Ejecutivo, la mayor parte de los legisladores y gobernadores, la CGT de Moyano y la CTA de Yasky. Pero la burguesía rural cuenta con varios gobernadores: los de las ricas provincias sojeras, legisladores e intendentes, con la CGT de Barrionuevo y el sector “pro-campo” de la CTA, además de todo el arco de la oposición parlamentaria y parte de la extra-parlamentaria (PCR, MST, Castells, etc.).
2.- Esta contradicción puede madurar en una ruptura institucional, que buscaría poner en línea al Poder Ejecutivo con los intereses de la gran burguesía agro-exportadora. Las continuas referencias a Lula y Tabaré Vázquez por parte de los políticos favorables a los intereses sojeros y la mayoría de los “formadores de opinión” de la prensa oral y escrita, busca legitimar dicha ruptura, alejando a la Argentina del Mercosur y la Venezuela de Chávez, para privilegiar sus relaciones con EE UU, quizás a través de un tratado comercial bilateral como lo ha hecho Uruguay recientemente.
3.- La liberación total de las retenciones sería la salida perseguida por estos sectores, a quienes no les conforma la derogación de la Resolución 125, sino que van por más. La Argentina debería emprender un rumbo definitivamente agro-exportador y desindustrializador. La liberación total de las retenciones provocaría un fuerte aumento de los precios de la canasta básica, profundizando la distribución regresiva del ingreso; a la vez que una nueva devaluación (dólar a $ 4 o 4,50) podría ser una de las medidas ajustadas a los intereses de este sector. En el plano político, se produciría un endurecimiento de la política represiva hacia los sectores populares, a la vez que una mayor descentralización operativa, con mayor poder para los gobernadores y fortalecimiento de las policías provinciales.
La clase obrera no ha jugado ningún papel como clase para sí en este conflicto. Sólo ha sido movilizada por los sectores de la burguesía en pugna: por Moyano y la burocracia sindical, por D´Elía y otros dirigentes barriales. Otros sectores de la clase obrera han sido utilizados como masa de maniobra y furgón de cola de los ruralistas por los partidos de la izquierda reformista, como el MST, el PCR y otras organizaciones, que encolumnaron sus fuerzas detrás de la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria Argentina, es decir detrás de la burguesía agraria que superexplota a los trabajadores rurales.
Cuál es el camino a seguir hoy por los revolucionarios en la Argentina?
La organización independiente de los trabajadores de la ciudad y el campo. Cabe señalar la responsabilidad de la clase obrera urbana en la solidaridad con los explotados del campo, para ayudarlos a forjar su organización de clase, independiente de las patronales, del Estado y de la burocracia sindical de UATRE encabezada por Venegas; para ayudarlos a luchar contra la superexplotación, que llega a tener rasgos de semi-esclavitud en muchas zonas rurales de nuestro país: no hay salario mínimo, vital y móvil, ni jornada limitada de trabajo, ni obra social, ni jubilación para la inmensa mayoría de estos trabajadores. Las entidades rurales que dirigieron el lock out son las que se han negado permanentemente a reconocer la jornada de ocho horas de trabajo en los Consejos de Trabajo Agrario, son los que –con el argumento de que en el campo el trabajo “no es igual” a la ciudad- hacen trabajar a los peones de sol a sol.
Cabe recordar que trabajadores rurales son excluidos desde siempre de los beneficios de la Ley de Contrato de Trabajo dictada en 1974. El trabajo rural está regulado por el Régimen de Trabajo Agrario (ley 22.248) de la dictadura militar.
Los trabajadores rurales no pueden discutir convenios colectivos a través de paritarias como el resto de los trabajadores; sino que la “discusión” se da en un marco corporativista: el Consejo Nacional del Trabajo Agrario. No se aplica la ley 11.544 de las 8 horas de trabajo; por lo tanto no hay “horas extras”. El trabajo “de sol a sol”, sujeto a la voluntad del patrón, -como en los siglos XIX y XX- sigue siendo la regla en el trabajo agrario del siglo XXI. En este sentido, no hay diferencia sustancial entre los que están registrados y los que están “en negro”. Aún cuando todos fueren registrados (hay un 70 % que no lo está), estarían sometidos al poder omnímodo del patrón, sin posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo y su salario, sin poder gozar de los derechos sindicales más elementales.
En este frente de lucha contra los explotadores del campo, es importante el papel que jueguen los campesinos del MOCASE, del Norte cordobés, de Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy y Salta, entre otros, que son los verdaderos perdedores antes y después del fin de las retenciones móviles de la Resolución 125.
Esos 4.000 millones de pesos que el Gobierno se da el lujo de resignar, serán objeto de apropiación de los exportadores, pools de siembra y burguesía sojera.
¿Cuándo se consultó con el pueblo acerca de esta cuestión fundamental? ¿Acaso la Cámara de Diputados y el Senado representan ahora los intereses del pueblo, cuando siempre fueron una figura decorativa en la estructura estatal presidencialista de la Argentina? ¿Son Cobos, Sanz, Picchetto, Saadi o Rossi quienes deben decidir acerca del destino de lo que es producto de las mejores tierras del mundo y de los aumentos de los precios internacionales, a su vez consecuencia de la especulación financiera?
Los medios del sistema dicen en forma casi unánime que “ha triunfado la democracia”. ¿Qué democracia? La democracia de los ricos, de los terratenientes y explotadores, de los políticos rentados con el producto del sudor y las lágrimas de los explotados. La democracia de Cobos y los Kirchner.
La democracia que defendemos es la del pueblo trabajador, que debe organizarse políticamente para la defensa de sus intereses; que debe recuperar los sindicatos de las manos de la burocracia sindical, que debe discutir en las fábricas, barrios y campos el futuro del país, el que deben construir los explotados de la ciudad y el campo.
Los objetivos políticos no pueden agotarse en la defensa de las retenciones móviles para los grandes productores, como pretende el Gobierno y los movimientos políticos y sociales del arco oficialista.
La renta diferencial de la tierra y lo que es producto de los aumentos de los precios internacionales pertenecen a la sociedad y no a un puñado de oligarcas y burgueses.
Los trabajadores y los sectores populares deben organizarse en forma independiente y movilizarse por sus propios objetivos: remuneraciones iguales a la canasta familiar: 3.400 pesos mensuales, derecho a su organización libre y democrática en los lugares de trabajo, reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, por un nuevo turno en las grandes empresas, por un plan de obras públicas, con control popular, que genere nuevos y genuinos puestos de trabajo.
La unidad debe construirse desde los trabajadores en lucha y sus organizaciones con los campesinos pobres, los nucleados en el MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras organizaciones que luchan por la tenencia de la tierra contra la burguesía terrateniente y sojera, y las cadenas de agronegocios que especulan con la alimentación del pueblo, haciéndonos pagar los productos del campo a precios superiores que muchos países de América y Europa.
Las retenciones deben ser diferenciadas: reducirse para los pequeños productores no vinculados al modelo sojero, y deben ser aún más altas para los terratenientes y la burguesía agraria. Pero además deben extenderse a otras áreas de la economía: las actividades petrolera, minera, financiera, etc.
Frente al desabastecimiento en las ciudades y al aumento de los precios, es necesario avanzar en la organización de los trabajadores ocupados, precarizados y desocupados en los lugares de trabajo, barrios y pueblos, para garantizar el abastecimiento y la alimentación del pueblo, a través de la expropiación de los depósitos estén donde estén.
Unidad y solidaridad con los campesinos pobres, y ayuda concreta a los peones agrícolas para organizarse en forma independiente y luchar por sus derechos e intereses contra la explotación de los oligarcas y burgueses.
En esta ruptura y disputa entre sectores que integran el bloque dominante; no podemos hacer ninguna concesión a un gobierno que sólo ha recaudado para pagar la deuda externa y para sostener el superávit fiscal exigido por el imperialismo y sus organismos internacionales; y que ahora ha vuelto atrás, dejando sin efecto el “Fondo de Redistribución Social” contenido en el proyecto aprobado en Cámara de Diputados y rechazado en el Senado.
Aunque creemos que los pequeños productores tienen derecho a retenciones inferiores, tampoco podemos apoyarlos, en la medida que éstos no delimiten claramente sus objetivos respecto a los terratenientes, burguesía media rural y pools sojeros y de agronegocios, aceptando en los hechos su programa y hegemonía política.
Sólo podemos confiar en las fuerzas de los trabajadores ocupados y desocupados en lucha, en los trabajadores agrícolas y campesinos pobres, en el bloque de los explotados y oprimidos por el sistema capitalista, cuya unidad política debe expresarse en un movimiento antiimperialista y anticapitalista.
Por la expropiación sin indemnización alguna de la tierra en manos de los terratenientes y su entrega en explotación a los campesinos pobres y trabajadores rurales.
Por la expropiación sin indemnización de los pools y cadenas de los agronegocios: Monsanto, Cargill, Irsa, Grobocopatel, etc.
Estatización del comercio exterior. Mantenimiento de las retenciones en forma diferenciada, reducción para los pequeños productores, y reinversión de los fondos en obras de infraestructura en las ciudades y pueblos del interior, en la reindustrialización del país, en la mejora de las condiciones de vida del pueblo: hospitales, escuelas, educación, etc., y en la tecnificación, asistencia económica y financiera y mejora de las condiciones de vida de los campesinos pobres, trabajadores rurales y pueblos originarios.