En vísperas de cumplirse doscientos años de nuestra existencia como Nación, resulta ya casi inadmisible tolerar hechos que a diario revelan una constante impericia para resolver los desafíos a nuestra vida constitucional y que nos colocan a la inmensa mayoría de los argentinos en un preocupante clima de desunión e intranquilidad en el cual el caos y el desorden van aniquilando nuestra esperanza de poder desarrollarnos en el contexto de una pacífica convivencia republicana.
El elevadísimo costo que esta circunstancia le ha hecho pagar al país durante el último conflicto nos lleva a constatar la imposibilidad de continuar viviendo bajo el signo de la provisionalidad y la irresponsabilidad. Provisionalidad, porque no se encaran ni resuelven los problemas de fondo que aquejan al país, e irresponsabilidad, porque se fomenta una situación signada por factores de conflictividad que son el legado explosivo que este gobierno le está dejando a nuestra sociedad.
La insistencia oficial en teñir de rencor todas sus iniciativas, llegando incluso a la descalificación de las entidades representativas del sector productivo más competitivo y dinámico del país, desvirtúa por completo la convocatoria a un Gran Acuerdo del Bicentenario.
En el transcurso de los últimos meses, la lucha de un amplio sector, que contó con el respaldo de la mayoría de la sociedad, se ha visto coronada por un avance en la restauración institucional que el país exige.
Pero la ausencia de diálogo y la intemperancia del discurso oficial ponen en evidencia el estado de facción en el que se encuentra la opinión política nacional. Esta fragmentación -en cuyo marco el mismo gobierno actúa como una facción más- incrementa la necesidad de un conjunto que contenga a las partes, pues éstas sólo pueden existir en el contexto de un todo. Y ese todo sólo podrá ser instituido mediante un ejercicio colectivo de responsabilidad.
Por todo ello es perentorio que, junto a los dirigentes que hoy encarnan las demandas y necesidades del campo, se integre otro conjunto de actores que expresen la opinión política, económica, religiosa, social y cultural del país con el propósito de constituir una Comisión Nacional de Enlace para la consolidación de la unidad nacional, la paz social, el desarrollo y la integración de la Argentina en el mundo.
Será responsabilidad de esta Mesa Nacional formular una agenda de temas de Estado con iniciativas que contribuyan a restituir la estabilidad, la seguridad, la credibilidad, la previsibilidad y el prestigio necesarios para facilitar el tránsito de la Argentina hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades, aún por los intersticios de este desafiante orden mundial del siglo XXI, con el mayor grado posible de autonomía política, económica y social.
Son horas de grandeza, prudencia y responsabilidad, en las que cada dirigente tiene la obligación de darle un carácter concurrente a los intereses de su sector con los del conjunto de la Nación.
Esta convocatoria a la imaginación de los argentinos permitirá que muchos depongan la lucha de facción y aporten lo mejor de sí mismos al servicio de una política de unidad nacional que contribuya a consagrar la supremacía del conjunto respecto de los intereses de la parte. Como sucedió con los Pactos de la Moncloa firmados en octubre de 1977 en España, cuando los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales fueron capaces de dejar de lado sus diferencias para que imperase el interés común frente al interés particular. O como cuando el General Perón afirmase en agosto de 1973: “Frente a nosotros tenemos una situación tan grave y difícil, que si por esta vez no somos capaces de unirnos para resolver todos los problemas que surgen de la encrucijada económica y de la situación social, política, moral, educacional y cultural del país, quizá seamos en el futuro los culpables de la disociación de nuestra comunidad y del desastre de nuestra Nación”.
Ricardo Romano
Peña Juan Bautista Alberdi
Buenos Aires, 30 de Julio de 2008
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