EL AGRO, LA POLITICA Y EL DESARROLLO ARGENTINO

Por Constanza Moreira (*)

En un gesto sorpresivo, inesperado, y que zanjó -al menos por ahora- el conflicto entre el gobierno y las gremiales de productores rurales, el vicepresidente Cobos desempató la votación en el Senado de la ley de retenciones móviles a las exportaciones, que no salió aprobada.

La retención a las exportaciones se impuso por la vía del decreto. El miércoles 5 de este mes logró ser votada en la Cámara de Diputados, con una ajustada diferencia. Sin embargo, en el Senado no logró pasar. El voto del vicepresidente Cobos es importante, ya que definió el desempate. Pero también es importante tomar en cuenta que esa situación de empate dice mucho sobre la clase política argentina, y expresa una situación de profunda división sobre cuáles deben ser los objetivos y los instrumentos del desarrollo económico.

Vale la pena hacer una recapitulación de quiénes son las gremiales de productores, a qué se oponen, y cuáles son sus aliados políticos, para entender quién perdió en la votación del viernes.

En el país existen 330 mil productores agropecuarios, de los cuales 70 mil son los involucrados en la protesta. Sus predios se centran en la llamada "pampa húmeda" que incluye a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y parte de Córdoba (ver Brecha, 17/7). Allí se concentra el 88% de la producción de soja y el 89% de los productores. La inmensa mayoría de los productores rurales, sin embargo, son pobres, viven en sus predios, y son los que alimentan al mercado interno. A ellos no los afectan las retenciones móviles. A quienes afectan, es a los que exportan, y a la red que está vinculada los exportadores. Especialmente afecta a los exportadores de soja. Y la soja, ya se sabe, se planta en grandes concentraciones de tierra (una de las críticas de los grupos que apoyaron a Fernando Lugo, en Paraguay, era al "modelo sojero" y la expulsión de los campesinos afectados por las concentraciones de tierra de los plantadores de soja).

Según datos de Página 12 (13/7), la protesta está concentrada en los propietarios de grandes extensiones en la provincia de Buenos Aires, vinculados al modelo de agronegocios, que cobró auge desde mediados de los años 90, constituidos mayormente por familias de la aristocracia. De estos grupos, que reúnen en total más de un millón y medio de hectáreas, existen unos 3 mil propietarios con más de 2.500 hectáreas, 800 de los cuales tienen entre 2.500 y 5 mil, 240 entre 7 y 9 mil, y más de 100, entre 10 y 20 mil hectáreas. Al igual que en Paraguay, y que en Brasil hace ya tiempo, cuando el modelo se consolidó, resultó en la expulsión de los pequeños propietarios, que se vieron obligados a vender sus tierras. Los sucesivos lockouts de las entidades ruralistas no vienen a cuestionar este modelo agrícola, sino a reafirmarlo.

Una crítica frecuente que se ha hecho a esta interpretación, es que la misma no toma en cuenta a los que arriendan las tierras, y que pagan por ello la mitad de las ganancias que obtienen (los "pools de siembra"). Sin embargo, el censo agropecuario de 2002 dice que en la región pampeana, más de la mitad de su superficie corresponde a propietarios, y un tercio a propietarios que además alquilan tierras de otros, y sólo un 8% son arrendadores netos.

Ahora veamos quiénes se opusieron a las retenciones móviles, ya que la oposición al proyecto la encabezan entidades y personas de disímil procedencia. La oposición aglutina a opositores al proyecto "kirchnerista", por su peculiar lugar en la escena política como Elisa Carrió, otrora representando opciones de centro izquierda en el espectro político, o a Eduardo Duhalde, quien acompañó el gobierno de Kirchner en su inicio. Más comprensible es la ubicación en ese espectro de oposición de Macri, los hermanos Rodríguez Saa, o Carlos Reutemann, que son representantes de la derecha del sistema político. En el movimiento sindical, se produjo una división en el seno de la CGT, con Moyano de un lado, y Barrionuevo por otro. Las gremiales independientes, como la CTA, y otras organizaciones, como las de derechos humanos, apoyaron al gobierno.

Los intelectuales también se manifestaron, y fueron llamados a dar su voz en el Senado. Un grupo de "economistas contra el lockout", que tiene un blog, y entre los cuales se encuentra algunos nombres de referencia de la academia argentina, declararon que "las retenciones son una herramienta para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos" y para "fomentar la diversificación productiva". También aseguraron que "colaboran al control de la inflación, ya que le dan sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo". Además, señalaron que podía funcionar como desincentivo a la concentración de la actividad agrícola en la soja. Reivindicaron estas medidas que pueden "regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo". Y agregan: "Vemos con preocupación que las actuales presiones intenten condicionar la capacidad regulatoria del Estado en materia distributiva" (Página 12, 11/7).

El economista Mario Rapoport realiza un análisis (Página 12, 13/7) de las relaciones entre los sectores agroexportadores y la política argentina a lo largo del siglo XX argentino. Señala que la oligarquía que estos sectores constituían, y cuyo poder provenía de las extraordinarias ganancias que les brindaba la renta de la tierra, fue la que se opuso al proyecto democrático argentino, a través del recurso a la desestabilización política, y llevó a los sucesivos fracasos de Yrigoyen para sancionar un impuesto a las ganancias, en 1919, 1922 y 1924, gracias a que el Senado, de mayoría conservadora, se oponía ­como hoy­ a votarlo. Señala que "la concentración de la propiedad rural no sólo significó un obstáculo a la materialización de potenciales encadenamientos productivos hacia la industria, sino que frenó, a través del poder político de la elite propietaria, todo intento de gravar las ganancias extraordinarias de este sector, ni con un impuesto a la renta de la tierra, ni a través de un arancel sustancial a las exportaciones".

Esta es la índole del conflicto que se vivió en Argentina en relación a las retenciones móviles a las exportaciones, y es importante entender quién representa qué, más allá de una valoración sobre el formato político en que se dieron los enfrentamientos. Esta derrota marca un reagrupamiento de las fuerzas de derecha, dentro y fuera del peronismo. Ya la elección de Mauricio Macri en Capital Federal mostró que la derecha argentina, que sufrió un duro golpe con el "que se vayan todos", se agrupa nuevamente, y concita no pocas voluntades.

Lo sucedido en el vecino país deja algunas lecciones para países agroexportadores como los nuestros. El precio de los alimentos está disparándose y el de la tierra sigue en aumento. Los estudios que se han realizado hasta el momento muestran que en Uruguay el extraordinario crecimiento del sector agropecuario no ha "goteado" hacia abajo, ni un poquito. Se redujo el empleo en el sector y también bajaron las remuneraciones medias.
Recordemos que el proyecto batllista de inicios de siglo se hizo sobre la base de medidas que permitieron la transferencia de las ganancias derivadas de la renta y la explotación de la tierra, hacia las clases medias, los trabajadores y el Estado. Y que el segundo batllismo trató de reeditar este modelo. El primer y segundo batllismo, son los dos períodos más "igualitarios" del siglo XX, y no en balde son recordados como la "edad de oro" del Uruguay. Sin un Estado interventor, capaz de poner límite a las pretensiones extractivas de las elites agroexportadoras, no hubiera podido ser implantado ese proceso de modernización con inclusión social que hizo a la historia uruguaya. Lo que vemos en Argentina, más allá de estilos políticos que algunos uruguayos podrían repudiar, es un enfrentamiento de nuevo tipo, pero que hace parte de un viejo conflicto político: el que marcó la vida de nuestros países, desde que se hicieron naciones independientes.(PE/La República)

(*) Politóloga. Universidad de la República. Uruguay.
Contratapa de La República, Montevideo.

FUENTE: PRENSA ECUMENICA