EL ENEMIGO INVISIBLE

Reflexiones en torno del lock out agrario
Por Ángel Cadelli – Proyecto Sur

Antes de la irrupción de esta acalorada discusión, con los ánimos un poco más tranquilos, la Federación Agraria Argentina (FAA), reunida en Rosario, contaba a quien la quisiera escuchar las cuitas de las retenciones impositivas y los costosos acopiadores.
Con bronca, en octubre de 2007, y con el lenguaje simple de la gente simple, admitían en ese momento que “tenían un buen pasar”. Pero también denunciaban que sólo percibían un tercio del precio FOB (precio final, al bordo del buque) de la soja; y que con ese tercio costeaban la semilla, el fertilizante, el herbicida y la cosecha, es decir, todos los gastos de la producción, obteniendo de todos modos una buena ganancia.
Pero lo que no aceptaban era que, sólo por transportar, acopiar y embarcar, los acopiadores se queden con uno de los otros dos tercios; máxime cuando muchas veces el transporte no llega a los 100 km. de distancia y no hay acopio, pues el grano pasa directamente del camión al barco, sin escalas. Razonablemente, lo consideraban excesivo.

En ese entonces, los representantes de la FAA aceptaban (a regañadientes, pero aceptaban) que el Estado se quedara con el tercer tercio de lo producido, para realizar obra pública y redistribuir la riqueza.
Pero ahora el tercio del Estado quiere convertirse en una “cuasi mitad”, a expensas de los productores, ya que los acopiadores siguen inamovibles en sus costos y al margen de la terrible discusión que se ha generado.

Curtiendo el perfil bajo, los acopiadores imitan el estilo de “Las 5 hermanas” (Dreyfus, André, Continental, Cargill y Bunge & Born, recordarán los “setentosos”) y “se borran”, dejando que productores y gobierno se desangren en el conflicto.
Es la “razón oligárquica” manipulando a la “pasión chacarera”. Son los poderosos terratenientes de la Sociedad Rural y Coninagro, tratando de usar a la Federación Agraria como “tropa de maniobras” propia. Es el gobierno, cómplice servil de Monsanto, Nidera y otras multinacionales, que arremete contra los productores, pero no cuestiona el precio de los transgénicos, la salubridad de los glifosatos ni el agotamiento de la tierra que produce el monocultivo intensivo de la soja.
Los verdaderamente grandes pueden aguantar, porque son productores, y también acopiadores; cobran “en las dos ventanillas”. Si las ganancias de los productores se hicieran polvo, pero las de los acopiadores siguieran en pie o las compensaran, los grandes pueden continuar con el negocio. Poco les importa si “la tarasca” la juntan en uno solo de los dos mostradores.

Pero para los pequeños productores, la situación es muy distinta. Ellos sólo producen. Tienen esa sola ventanilla, que es la del trabajo. No tienen poder ni capital para acopiar y especular. Cobran en un solo mostrador, que es el de su propio esfuerzo productivo. Por eso van al frente, porque no les queda otra. No pueden especular.
Por eso, allá en Rosario, en la campaña electoral de 2007, desde Proyecto Sur le propusimos a la FAA la creación de una “salida al mar” para todos ellos. Una solución Estatal, como el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, instrumento gestado durante el gobierno peronista 1945/55), que les dé acceso directo al comercio exterior, y no como ahora, que son rehenes de los acopiadores internacionales.
También propusimos entonces una regulación protectora, con todo el poder del Estado, al estilo de las Juntas Nacionales de Granos, o de Carnes. Y un desarrollo tecnológico Estatal a partir del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) para proveer al pequeños y mediano productor de semilla, fertilizante, herbicida y todo lo necesario con un criterio de “desarrollo sustentable”, renovando el “bien común tierra”, preservando la diversidad ecológica y anulando los desiertos verdes del monocultivo.

Sin Estado no hay Nación. Sin Política Nacional y Popular, el campo argentino es un “vientre cautivo “ del capital concentrado. Los actuales intermediarios internacionales de nuestro comercio exterior son entonces el Enemigo Invisible que destruye la armonía entre hermanos de un mismo país. Señalándolos, una solución duradera a partir de la firme intervención del Estado Nacional comienza a hacerse posible.


3E: Estado, Equiparación, Ecuanimidad
Esquema básico para la resolución del conflicto agrario
Por Ángel Cadelli – Proyecto Sur

Siguiendo con el tema, inaugurado por nosotros bajo el título El Enemigo Invisible, veamos ahora una solución inmediata para el conflicto que se ha planteado.

Oportunamente aceptado por la Federación Agraria Argentina (FAA) en el pasado reciente, el esquema impositivo que sigue le fue presentado al ex ministro Miguel Peyrano con resultado nulo. Tal vez ahora, con el conflicto a la vista, aquella olímpica indiferencia pueda ser vencida.

Chequeado telefónicamente el miércoles 26/03/08 con las máximas autoridades de la FAA, lo que sigue es solución contundente para los 71898 productores pequeños y medianos de Argentina, ninguno de los cuales llega a superar las 1500 toneladas de soja, pero que sumados acumulan el 40% de la producción nacional.
Afuera de este esquema, subordinadas a una mayor carga impositiva que están en condiciones económicas de soportar, quedan las 2817 empresas que responden al capital concentrado (multinacionales, pooles de la gran especulación, los “grobo”, etc.) y que sumadas acumulan el 60% de la producción del país.

La solución consiste en que todos los productores, cualquiera sea su tamaño y condición, cumplan con la totalidad de las retenciones fijadas por el gobierno. Sin excepciones de ningún tipo.

Por otro lado, con el nivel de exportación denunciado en formularios que ya existen y tienen vigencia, proceder a reintegros selectivos según el tamaño de cada productor, diferenciando los que hacen de la producción una más de sus inversiones especulativas de quienes tienen al trabajo como única forma de ganar su sustento. Así, a los pequeños productores (que no puedan llegar a las 1200 toneladas) se les otorgará un reintegro del 30% de lo oportunamente retenido, lo que significa un desahogo muy importante para los que viven con el agua al cuello. De esta manera, se les respeta un margen razonable a miles de chacareros que, aunque tengan como herramienta de trabajo una 4x4, no son oligarcas ni tienen modos de terratenientes.

Son productores para los cuales su parcela de campo es el más importante de entre los diversos elementos propios de su actividad (como el tractor, la sembradora, la cosechadora, que muchas veces se comparte entre varios productores). Son pequeños propietarios sobre los cuales recaen los mayores riesgos, ya que ellos pagan por la semilla, por el fertilizante, por el herbicida y por la cosecha, sin saber de antemano si el clima, las multinacionales o los caprichos de la política respetarán su esfuerzo. Una mala cosecha, un mal año, una sequía, pueden dar al traste con cientos de días de trabajo y ahorros duramente conseguidos.

En el siguiente escalón, los medianos productores (más de 1200 pero menos de 1500 toneladas) obtendrán un reintegro del 15%, lo que mejora la situación actual y la retrotrae a los niveles de finales de 2007. Esto es aceptable hoy tal como fue aceptado ayer, como ya explicáramos en nuestra anterior nota.

Finalmente, dados los factores de escala que los benefician, los grandes (más de 1500 toneladas) no reciben ningún reintegro, ya que su holgada posición y los gigantescos volúmenes de sus ventas hacen posible (y hasta cómoda) la carga impositiva aplicada. Además, como al mismo tiempo que productores son también acopiadores, lucran doblemente sobre el producto y con riesgo nulo en la etapa de acopio. Por lo tanto, no es injusto que sus márgenes de ganancia por tonelada en la primera etapa (la de producción) sean un poco inferiores a los de los medianos y pequeños que solamente producen, sin especular ni obtener ventajas por medio de la concentración del capital (etapa de acopio).


Terminando con este segundo tratamiento del tema, vale la pena señalar que los efectos del cambio de gravamen son difíciles de aceptar, ya que, cuando los productores deciden sembrar, lo hacen considerando los precios de los insumos y también los impuestos. Por eso les duele tanto que les cambien las reglas de juego, porque los quieren obligar a pagar mayores impuestos después que ya se metieron hasta el cogote: tienen el campo sembrado y la mayor parte de los gastos hechos.

Si en vez de impuestos se tratara de leyes, la situación equivalente sería la de una legislación retroactiva, condición negada en todas las constituciones del orbe. En este sentido, para ser académicamente justos debería existir un período de gracia antes de la puesta en vigencia del cambio, de manera que el productor tenga todas las variables a la vista antes de optar por una u otra siembra.

Quedan abiertos otros aspectos del tema para próximas entregas, tales como la implementación de políticas impositivas activas para lograr la rotación de cultivos. Nosotros somos partidarios de la obligación expresa de cumplir con la preservación del recurso natural (que es un bien común) a partir de la función social de todo el capital, sea este privado o estatal.
Pretender que sean las fuerzas del mercado las que recuperen los daños infligidos a la naturaleza equivale a poner a un asesino serial a proteger las familias de sus víctimas.