UNIDAD Y MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES Y ORGANIZACION INDEPENDIENTE DE LOS OBREROS RURALES Y CAMPESINOS POBRES

FRENTE AL LOCK OUT RURAL Y EL DESABASTECIMIENTO
FRENTE A LA POLÍTICA DE “DIÁLOGO” DEL GOBIERNO CON LAS ENTIDADES RURALES A ESPALDAS DEL PUEBLO.
UNIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS OBREROS RURALES Y CAMPESINOS POBRES.

El lock out rural ha puesto en un primer plano las contradicciones entre distintos sectores del bloque dominante.
El bloque histórico tradicional de las clases dominantes, constituido por terratenientes, multinacionales de agronegocios y el gran capital financiero son los más beneficiados con la política que los sucesivos gobiernos han aplicado, tanto en la época del 1 a 1, como luego de la devaluación del 2002.
Durante el período kirchnerista se ha continuado y profundizado esta política, con la entrega del petróleo, el gas y la minería a las multinacionales; a la vez que ha crecido la extranjerización de la tierra: 18 millones de hectáreas están en manos de sociedades extranjeras. La política de sojización que han llevado adelante los últimos gobiernos, en particular Duhalde, Kirchner y ahora Cristina, ha llevado a la destrucción del campo, a una mayor concentración de la riqueza y a la ruina de los campesinos pobres y de los cultivos regionales.
Tal situación ha sido denunciada por el MOCASE, el Movimiento Campesino de Córdoba y el Movimiento Nacional Campesino Indígena, entre otros, que reclaman el cambio del modelo agropecuario vigente: el mismo de Monsanto, Cargill y Grobocopatel, que prioriza la soja y el libre mercado y que han arruinado las mejores tierras del mundo, devastando bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminando suelos y aguas, y aumentando los precios de los alimentos en el mercado interno.
Las consecuencias están a la vista: En todo el país sólo restan 330.000 explotaciones, las que emplean a 310.000 trabajadores en blanco, que ganan alrededor de $ 1100 mensuales, mientras hay algo más de 700.000 trabajadores en negro que viven miserablemente y trabajan sólo un período del año. El Secretario General de UATRE (gremio rural) y de las “62 Organizaciones Peronistas”, Gerónimo Venegas, ha dicho que esto es posible porque los peones rurales son ahorrativos, y “en el campo se gasta menos que en la ciudad”, y ha manifestado su claro apoyo a los reclamos de las entidades rurales.
El proletariado rural es en nuestro país el más explotado por los oligarcas y burgueses del campo, los mismos que hoy levantan piquetes contra las retenciones.
Los trabajadores agrícolas no han podido defender siquiera sus derechos a un salario digno frente el achicamiento descomunal de las fuentes de trabajo que ha producido la sojización, la numerosa destrucción de establecimientos que la acompañaron y la traición de la burocracia sindical de UATRE, encabezada por Benegas.
El nivel de ingresos de los dueños de la tierra y por ende de la producción, es escandaloso: Ya en la campaña 2004-2005 los propietarios de la región pampeana, en el centro del proceso de la sojización, recibieron en concepto de Renta Terrateniente o renta de la tierra por el arrendamiento de las mejores tierras del mundo, la suma de algo más de 3.000.000.000 de U$S, más de 10.000 millones de pesos. Es decir una masa sideral de dinero sin invertir ni arriesgar un solo peso. En la actualidad esas cifras son mucho mayores, ya que hoy una hectárea en la zona sojizada de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos se vende a razón de entre 15.000 a 20.000 USS y se arrienda -para hacer soja- a razón de 20 Quintales la Ha, es decir unos 600 USS/ha. Sólo por arrendar 300 has el propietario recibe un ingreso, sin invertir ni arriesgar un solo peso, de 180.000 USS o unos 570.000 pesos por ciclo sojero. Esa descomunal masa de dinero, imposible de obtener en cualquier otra actividad productiva no se destina a mano de obra, ni inversiones productivas, a excepción de algunas cosechadoras o maquinarias importadas de altísimo costo y muchas veces renovadas innecesariamente. La oligarquía y la burguesía agraria usan su poder económico contra el pueblo y la nación, reclamando en un primer momento la eliminación de las retenciones, con el fin de quedarse con la totalidad de los precios internacionales para sus productos en el mercado interno, lo que supone, y ellos lo saben, el agravamiento de la situación ya difícil para muchos, la imposibilidad de acceder a la carne, el pan, la leche, las verduras y otros artículos de primera necesidad, es decir el hambre para el pueblo.
Los pequeños productores –en su mayoría asociados a Federación Agraria y algunos a CRA- hasta hoy no han diferenciado sus reclamos de los que plantean la Sociedad Rural Argentina o CARBAP, las más reaccionarias. En lugar de plantear retenciones diferenciales, han llegado a plantear su eliminación lisa y llana. No han denunciado el proceso de sojización del campo, no reclaman la diversificación de los cultivos. No reclaman la estatización del comercio exterior, ni la reforma agraria. Sólo rechazan las retenciones. Pese a sus enormes ganancias, no han mejorado las remuneraciones de los trabajadores rurales, y nada hace esperar que las mejoren en el supuesto de que se eliminen las retenciones.
Cabe destacar que el modelo sojero no es viable con explotaciones de menos de 500 hectáreas. Quienes tienen menos de esa extensión, generalmente las arriendan a un precio fijo a un productor mayor, que es quien debe afrontar las retenciones. La FAA acompaña a los ricos de la soja, sin representar los verdaderos intereses de sus federados pequeños, quienes son utilizados como masa de maniobra en los piquetes, y serán abandonados a su suerte apenas se arribe a un acuerdo con el gobierno. La conducta de la Federación Agraria es la misma que en los 90, cuando en nombre de la buena salud de los agronegocios, abandonó a 300.000 pequeños productores que fueron expulsados de sus campos.
Por otra parte, no es cierto que las medidas como las retenciones se realicen para la redistribución de la riqueza. Si ello fuera cierto, los beneficios del campo se hubieran traducido en un mejoramiento de la situación de los pobres de la ciudad y el campo; no habría desnutrición, ni tantos niños continuarían muriendo de enfermedades curables, los hospitales y las escuelas no estarían en el estado en que se encuentran. Los planes para los desocupados no hubieran quedado congelados en 150 pesos. Los ferrocarriles –y no el “tren bala”- habrían sido reconstruídos, cumpliendo la función de integrar económicamente las diversas zonas de un país devastado y desintegrado por las clases dominantes. Por el contrario, sólo en Santa Fe, 300 millones de dólares fueron destinados a la infraestructura caminera, para que los dueños de la soja puedan seguir enriqueciéndose. Basta con observar el estado general de las rutas para darse cuenta del destino que han tenido dichos fondos.
Por el contrario, las retenciones de las superganancias de los pools sojeros, la oligarquía y la burguesía del campo, han sostenido el superávit fiscal, y han servido para pagar la ilegítima deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Desde antes de su elección, Cristina viene sosteniendo conversaciones con los capitalistas españoles, alemanes y otros “amigos” de la Unión Europea para pagar la no menos ilegítima deuda con el Club de París. En ninguno de sus últimos discursos ha hecho referencia qué destino concreto tendrán las retenciones, por lo que es lógico pensar que los supuestos fines redistributivos seguirán esperando, y que la mayor parte de la enorme masa de divisas retenida a las superganancias de los oligarcas continuará sosteniendo el superávit fiscal y el pago de los “compromisos” de la deuda. La minería y el petróleo producen enormes superganancias a las multinacionales, sin que el gobierno haya planteado imponer retenciones u otros gravámenes; por el contrario, continúa subsidiando a las corporaciones que explotan desenfrenadamente nuestra riqueza petrolera, minera e ictícola.
Las organizaciones de los trabajadores en lucha, el sector de vanguardia de la clase obrera en la Argentina son los grandes ausentes en estas movilizaciones hegemonizadas por la oligarquía y la burguesía agraria.
Ni a los terratenientes y burgueses, por una parte, ni al gobierno, por la otra, les interesa la suerte de los trabajadores de la ciudad y el campo, ni que una parte siquiera de estas retenciones vayan a mejorar su calidad de vida; sean destinadas a planes de vivienda, mejoramiento de la salud pública, generación de puestos de trabajo para los desocupados y subocupados. Sólo les preocupa la mayor o menor tajada que puedan sacar en este festín donde hay tan pocos invitados y tantos millones de convidados de piedra. No hay alianza posible con los oligarcas terratenientes y la burguesía, con ninguna de las entidades rurales que están impulsando estas medidas que nada tienen que ver con los piquetes de los trabajadores ocupados y desocupados, que han sido invariablemente reprimidos por la gendarmería y las policías provinciales. Como dice el MOCASE: “La acompaña una vez más la desorientada Federación Agraria Argentina, que hace años no se atreve a separarse de los oligarcas y hacer un planteo digno de reclamo de tierras, de límites a la extensión de los latifundios, de cese y recuperación de las enormes cantidades de tierras extranjerizadas y de cambio general de la política agropecuaria. Durante el largo ciclo de la convertibilidad de la expansión de la sojización, la FAA miró para otro lado, dejando hacer al “mercado” y el modelo neoliberal que se cargó casi 300.000 productores pequeños y medianos, la mayoría de ellos afililados a ella”. Cabe destacar que su actitud no fue muy diferente a la de la burocracia sindical frente a la desindustrialización del país.
Tampoco puede haber alianza posible con el gobierno y con sus mercenarios, que continúa sin resolver los problemas más graves de los trabajadores y el pueblo, y que ha iniciado un “diálogo” con las entidades rurales, en el que los grandes ausentes son los principales afectados y víctimas del enriquecimiento, la sojización y el saqueo: los trabajadores rurales y los verdaderos campesinos pobres, los que defienden la soberanía alimentaria y los cultivos regionales.
No puede haber concesión alguna hacia quienes, en nombre del pacto social, han firmado con Moyano un techo de aumento salarial del 19,5 por ciento escalonado hasta fin de año, que de generalizarse no haría más que agravar aún más la distribución regresiva de la riqueza. No puede haber alianza alguna con D`Elía y Pérsico, porque son mercenarios a sueldo del gobierno que, así como desalojaron a los caceroleros de Recoleta y Barrio Norte de la Plaza de Mayo, están dispuestos, y lo han hecho en varias ocasiones como el 20 de Junio de 2004 en Rosario, a reprimir a las movilizaciones populares.
Los trabajadores y los sectores populares deben organizarse en forma independiente y movilizarse por sus propios objetivos: remuneraciones iguales a la canasta familiar: 3.400 pesos mensuales, derecho a su organización libre y democrática en los lugares de trabajo, reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, por un nuevo turno en las grandes empresas, por un plan de obras públicas, con control popular, que genere nuevos y genuinos puestos de trabajo.
La unidad debe construirse desde los trabajadores en lucha y sus organizaciones con los campesinos pobres, los nucleados en el MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras organizaciones que luchan por la tenencia de la tierra contra la burguesía terrateniente y sojera, y las cadenas agronegocios que especulan con la alimentación del pueblo, haciéndonos pagar los productos del campo a precios superiores que muchos países de América y Europa.
Las retenciones deben ser diferenciadas: reducirse para los pequeños productores no vinculados al modelo sojero, y deben ser aún más altas para los terratenientes y la burguesía agraria.
Frente al desabastecimiento en las ciudades y al aumento de los precios, es necesario avanzar en la organización de los trabajadores ocupados, precarizados y desocupados en los lugares de trabajo, barrios y pueblos, para asegurar el abastecimiento y la alimentación del pueblo, a través de la expropiación de los depósitos estén donde estén y aplique o no el gobierno la ley de abastecimiento, junto a los pequeños comerciantes y demás afectados por la crisis.
Unidad y solidaridad con los campesinos pobres, y ayuda concreta a los peones agrícolas, hoy rehenes de sus patrones, para organizarse en forma independiente y luchar por sus derechos e intereses contra la explotación de los oligarcas y burgueses.
En esta ruptura y disputa entre sectores que integran el bloque dominante; no podemos hacer ninguna concesión a un gobierno que sólo recauda para pagar la deuda externa y para sostener el superávit fiscal exigido por el imperialismo y sus organismos internacionales.
Aunque creemos que los pequeños productores tienen derecho a retenciones inferiores, tampoco podemos apoyarlos, en la medida que éstos no delimiten claramente sus objetivos respecto a los terratenientes, burguesía media rural y pools sojeros y de agronegocios, aceptando en los hechos su programa y hegemonía política.
Sólo podemos confiar en las fuerzas de los trabajadores ocupados y desocupados en lucha, en los trabajadores agrícolas y campesinos pobres, en el bloque de los explotados y oprimidos por el sistema capitalista, cuya unidad política debe expresarse en un movimiento antiimperialista y anticapitalista.
Por la expropiación sin indemnización alguna de la tierra en manos de los terratenientes y su entrega en explotación a los campesinos pobres y trabajadores rurales.
Por la expropiación sin indemnización de los pools y cadenas de los agronegocios: Monsanto, Cargill, Irsa, Grobocopatel, etc.
Estatización del comercio exterior. Mantenimiento de las retenciones en forma diferenciada, reducción para los pequeños productores, y reinversión de los fondos en obras de infraestructura en las ciudades y pueblos del interior, en la reindustrialización del país, en la mejora de las condiciones de vida del pueblo: hospitales, escuelas, educación, etc., y en la tecnificación, asistencia económica y financiera y mejora de las condiciones de vida de los campesinos pobres, trabajadores rurales y pueblos originarios.
Rosario, Marzo 2008
PRG - Partido Revolucionario Guevarista