La inmensa mayoría de la población asiste azorada y confundida a una pelea entre dos polos capitalistas, que los trabajadores ya están pagando con desabastecimiento y que pagarán con una mayor carestía cuando terminen transando en esta pulseada.
El capital agrario quiere una rebaja de retenciones a las exportaciones, que le permita, en especial a los grandes pulpos, acaparar una mayor parte de la renta que genera el alza fenomenal de los precios internacionales.
Al mismo tiempo, ese capital sabotea el pago del impuesto inmobiliario, mediante la evasión y la valuación fraudulenta de sus campos.
El gobierno no acepta el reclamo sobre las retenciones con el argumento de que necesita mantener su política de devaluación del peso, para premiar a los pulpos exportadores automotrices, siderúrgicos, pesqueros, mineros, petroleros, vitivinícolas, citrícolas y de todo otro tipo.
Se trata de una pugna al interior de la clase capitalista, que en cualquier caso derivará en una mayor carestía, que perjudicará, por sobre todo, a los obreros de la industria y del campo, y a la clase media trabajadora.
La Federación Agraria Argentina, cuyo lejano pasado la identifica como representante de los chacareros que luchaban contra los terratenientes, ha hecho en esta ocasión un frente único con ellos y con el conjunto del capital agro-financiero-exportador.
Numerosas organizaciones de izquierda se han adherido a esta alianza esgrimiendo la coartada de que defienden a los pequeños productores.
La CGT, la CTA y otras tendencias populares han elegido ponerse del lado del gobierno que entrega el petróleo; impone topes salariales por debajo de la inflación y no cumple con el 82 por ciento móvil; tiene un pacto empresarial con los grupos mineros y con los que depredan la riqueza pesquera, y también con saqueadores confesos como Taselli o con los amigos del matrimonio que son capitalistas del juego; que defiende a muerte a los pulpos como Techint y los ‘sobreprecios’; ataca y reprime a los docentes y a los trabajadores del subte, del Casino, del Hospital Francés, de Parmalat y tantos otros.
Se ponen del lado del gobierno de Telefónica y Telecom, que superexplotan a los jóvenes de los ‘call center’, pero en cuyo capital se encuentran amigos del oficialismo como Werthein – uno de los principales terratenientes de Argentina.
Es el gobierno de los Eskenazi (Repsol), Elsztain (del pulpo agrario Cresud), Roggio (de Metrovías); Urquía (de la agro-industrial-exportadora Aceitera General Deheza).
Es el gobierno de Grobocopatel, compañero de viaje de negocios del matrimonio presidencial.
Es el gobierno de la 4 x 4 con la que el ex ministro pingüino Varizat atropelló a las maestras y maestros de Río Gallegos.
¿Puede defender al pueblo un gobierno que defiende con encarnizamiento estos intereses?
La CGT y la CTA se ponen del lado del gobierno que continúa permitiendo que la valuación fiscal de los campos, sobre la que se pagan los impuestos inmobiliarios, sea ochenta veces inferior al precio de mercado de la hectárea de tierra.
La CGT y la CTA llaman a una movilización en apoyo a este gobierno de la gran patronal, movilización que nunca realizaron para luchar contra los techos salariales, por la abolición del trabajo en negro, por el 82% móvil para los jubilados, o el fin de la flexibilidad laboral.
Los obreros no tienen nada para ganar con esta movilización, pero sí mucho para perder, porque al final el gobierno de la entrega minera y la inflación acabará pactando con el gran capital agrario sobre las espaldas de los trabajadores.
Denunciamos que lo que ocurre es un conflicto al interior de la clase capitalista.
Nuestro planteo es:
Nacionalización de los grandes capitales que controlan el 50 por ciento de las tierras y de la producción agraria, y el 90 por ciento del comercio exterior, para impulsar una política de poblamiento agrario en beneficio de chacareros y obreros del campo.
Nacionalización del comercio exterior y de los puertos privados, por donde se contrabandea la producción de Argentina y se evaden miles de millones de pesos.
Defensa del obrero rural: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, control obrero de las condiciones de trabajo y garantía anual de sus ingresos.
Nacionalización de la minería y del petróleo y enjuiciamiento a las camarillas gubernamentales que se han asociado a ellas en las provincias mineras y petroleras.
Eliminación de todos los impuestos al consumo, por impuestos elevados y progresivos a las ganancias y rentas de los grandes capitalistas.
La crisis presente demuestra que se necesita una reorganización del país sobre nuevas bases sociales y políticas.
La salida es obrera, popular y socialista.
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