CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: URGENTE - DESALOJOS -CIBA

Dos casos típicos de abuso y desalojo de pobres con la complicidad del gobierno de la ciudad
Breve reseña.

Francisco Acuña de Figueroa y Corrientes (barrio de almagro)
En el edificio hay 4 entradas, 2 por Acuña y 2 por Corrientes que en alguna época eran 4 hoteles. En ellos habitan 70 familias y todas ellas eran inquilinas, algunas durante mas de 20 años, victimas ahora de la tendencia que se instaló en la ciudad, donde los dueños de este tipo de sitios ante el incremento del precio de la propiedad, se inclinan por un destino más rentable para los mismos y desalojan a la gente. Por supuesto estos lugares, mientras el negocio rinde, son explotados sin ningún tipo de habilitación y en ellos la gente vive en monstruosas condiciones de hacinamiento.
El juicio civil por desalojo está concluido con confirmación de Cámara. Sin embargo cuando se intentó el desalojo este se produjo sin previo aviso a las familias, expresamente se negaron a dar información sobre la fecha del mismo.
Ante la dramática perspectiva de ir a la calle los compañeros se organizaron y resistieron la medida. Durante varias horas cientos de policías amenazaron con un desenlace trágico, las familias plantearon en todo momento que lo que pretenden es un lugar digno donde mudarse, el cual por supuesto estaban dispuestos a pagar.
El expediente es el 88219 del 2006 juzgado civil 57 secretaria única, Jueza actuante Paradiso Fabri.


Francisco A: de Figueroa 1277.
Aquí hay un detalle interesante, el dueño del lugar a través de la empresa –Osores- es Sergio Salaya, un estrecho colaborador de Jorge Macri en la provincia y un antiguo militante del Pro. Las 30 familias que habitan la casa también en pésimas condiciones y sin ningún tipo de habilitación, pagaron durante años el alquiler con la ayuda del subsidio para familias desalojadas que da la ciudad y ahora que este personaje tiene un negocio mejor los hecha a la calle como perros.
La denuncia política y moral es que figuras allegadas a la actual gestión, hicieron buenos negocios con los subsidios que el estado le paga a los pobres, en un lugar que está absolutamente fuera de cualquier regulación y sin ningún tipo de habilitación y ahora los desalojan.
Desde el punto de vista judicial el reclamo es que se esta procediendo al desalojo cuando aún esta en la cámara la apelación correspondiente. El juzgado aceptó el recurso de apelación, lo mandó a Cámara pero de igual forma procede al desalojo.
Juzgado civil 96 expediente 52732 del 07

VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

C. I. B. A.
COORDINADORA DE INQUILINOS DE BUENOS AIRES
Amigos de Macri desalojan a 30 familias
después de estafarlas durante 6 años

En la calle Francisco Acuña de Figueroa 1277 viven 30 familias que están a punto de ser desalojadas.
Hace 6 años, a su vez, muchas de ellas fueron desalojadas de la calle Niceto Vega. En aquel entonces Víctor Colombano (Hoy funcionario del gobierno de Macri) al frente del programa que otorgaba los subsidios habitacionales, nos presentó a María Teresa López que administraba un hotel, en realidad un inquilinato, pues no tenia ni tiene ningún tipo de habilitación de la Ciudad para desempeñar tal tipo de actividad. Allí las familias desalojadas acordaron alquilar habitaciones con el subsidio que por tal motivo les brindaba la Ciudad.
Más tarde pactamos con la misma persona, que ingresaran familias provenientes del desalojo de la calle Pagola 4141 mediante la misma operatoria. Luego, estas familias siguieron abonando sus alquileres con la renovación que el gobierno les otorgó del beneficio y después de su propio bolsillo. Cabe destacar que los precios que se pagaban eran de 300, 400 y hasta 600 pesos, por piezas de 2x3 con 2 baños para 24 habitaciones, en un estado de precariedad y abandono calamitosos.
En este contexto recientemente se enteran que tienen un juicio de desalojo por falta de pago. Maria Teresa López amiga personal de los dueños, quien regenteaba el lugar se borró y: estos le inician el desalojo a la gente.
La propiedad figura a nombre de Osores una empresa entre cuyos titulares figura Sergio Salaya, el verdadero dueño. Este Señor es un viejo militante del PRO y estrecho colaborador de Jorge Macri en la Provincia de Buenos Aires.
Lo interesante de todo esto es, que quienes se llenaron la boca en la campaña hablando de transparencia y de eliminar la corrupción en el estado, cuando pueden como este señor Salaya, hacen buenos negocios con los subsidios que la ciudad les paga a los pobres y desalojados, alquilándoles en un sitio que no esta habilitado ni cumple con ninguna norma hotelera y como ahora tienen un mejor negocio para hacer, los echan a la calle como perros.
Por eso denunciamos la brutal ola de desalojos existente, la política de la actual administración que impulsa la expulsión de los pobres de la ciudad y la hipocresía de los “Pro” que cuando pueden hacen negocios sucios con los subsidios de los pobres.

No al Desalojo de las 30 familias de Francisco A. de Figueroa 1277

Vivienda Digna Para Todos.

Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires


Vivienda digna una lucha de todos

Buenos Aires una ciudad para pocos.
En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 90.000 familias en situación de emergencia habitacional, que vivimos en lugares precarios, en situaciones de hacinamiento, en desalojo o todo a la vez. A esto debemos agregarle que el precio de los alquileres de centenares de miles de familias se triplicó en los últimos 2 años, poniéndonos a muchos en claro riesgo de perder nuestra vivienda.
En este marco hay una fuerte oleada de desalojos. Solo el año pasado 6000 familias, unas 30000 personas, en su mayoría de bajos recursos, fueron desalojadas de distintos inmuebles mediante ordenes judiciales.
En lo que va del año 2008 la tendencia es, que este número se incremente aun más, configurando así una situación que caracterizamos como de una verdadera catástrofe social vinculada a la problemática habitacional. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas familias ya no podemos volver a vivir en esta capital, por las condiciones que impone el mercado inmobiliario, estamos ante una gran ola de expulsión de los pobres de la ciudad.
Desplazamientos masivos de población de esta envergadura solo se dan en conflictos bélicos o catástrofes naturales. Dado que esto no es atribuible a la naturaleza, asistimos entonces a una guerra contra los pobres, que llevan a cabo ciertos sectores vinculados a los negociados inmobiliarios, apoyados por el estado y sus poderes.
Tristemente debemos decir que la Reina del Plata le ha declarado la guerra a sus habitantes mas desamparados.
Esta situación tiene su origen en el excesivo y usurario incremento del precio de la propiedad en la ciudad (impulsado por los grandes pulpos dedicados a los negocios inmobiliarios), detrás del cual se incrementan todos los alquileres, (desde los departamentos hasta las piezas en los inquilinatos) que ya triplican al aumento que sufrieron el resto de los bienes.
No tenemos nada, al contrario, contra quienes desarrollan su vida en otros lugares de esta república, sin embargo decimos que a aquellas familias humildes que tienen su vida estructurada en la ciudad ( el colegio de los chicos, muchas veces la beca escolar y el comedor, el trabajo o la changa de papá o mamá, los familiares que en las malas asisten y ayudan como no lo hace el estado ), expulsarlas al segundo o tercer cordón es condenarlas prácticamente al “exilio”, a comenzar de nuevo en un medio extraño y a veces hostil.
Por eso reivindicamos el derecho de los pobres a vivir en la ciudad. Por otra parte el proyecto elitista de una ciudad dedicada a los grandes negocios inmobiliarios y el turismo, donde los morochos tengamos la entrada prohibida, si bien es el sueño de cierto gorilaje tradicional, en la práctica es inviable.
Las grandes capitales del mundo que se dejaron seducir por estas ideas, terminaron pagando altísimos costos políticos, primero por la resistencia de los pobres a su expulsión y luego porque generaron modelos de ciudad-guetto, con centros de abundancia, rodeados de amplias zonas de miseria que operan como cinturones que de tanto en tanto descargan la ira contenida sobre el centro ( San Pablo y el comando Vermelo, París y la rebelión de los jóvenes inmigrantes ).
Estamos radicalmente en contra de estos modelos, estamos por una ciudad integrada, armónica, con políticas inclusivas que eviten esas polaridades producto de la injusticia.
Por supuesto que discutir que ciudad queremos, como deben ser los centros urbanos en nuestra patria y la relación entre estos y la periferia, debe estar incluida en una agenda más amplia sobre el modelo de sociedad y de país que queremos.
Nosotros nos pronunciamos abiertamente por un modelo solidario, sin explotados, excluidos o expulsados, distintas caras del mismo problema.

Para los pobres ni justicia
En cada desalojo se reafirma por un lado el derecho de propiedad del dueño, que en el caso de los hoteles e inquilinatos, no es gente con pocos recursos económicos. Por el otro se desconoce el derecho a una vivienda digna por parte del desalojado.
Pactos internacionales como el de San José de Costa Rica y preceptos del derecho a nivel internacional, declaman que cuando entran en contradicción dos derechos de ciudadanos distintos, el estado y la justicia deben atender prioritariamente el derecho del más débil. Sin embargo en el caso de los desalojos, claramente entre el derecho de un señor a hacer un negocio inmobiliario y el derecho a tener un techo sobre nuestras cabezas, sin el cual el núcleo familiar corre serios riesgos de desintegrarse, el estado en general mira para otro lado y la “justicia” en particular (con la excusa de que aquellos derechos esenciales como el de la vivienda en realidad son formalidades porque no están reglamentados), simplemente asiste al más fuerte y desaloja sin inmutarse por la tragedia social que provoca.
La misma justicia que para actuar contra los ladrones de guante blanco que fundieron al país tarda años y años (Como ejemplo podemos poner a De La Rua que fue sobreseído luego de más de 6 años o Menem que esta eternamente enjuiciado y sin que sus causas lleguen a ningún lado) a la hora de desalojar pobres posee una extraña velocidad, hay casos en que en un mes produce el desalojo. Lo lamentable de esto, es que esa celeridad entre otras cosas se hace sobre la base de la violación de los legítimos derechos a defensa en juicio del desalojado. Esto se produce mediante la utilización de verdaderos artilugios legales que le permiten al juez producir un desalojo anticipado, articulo 680 y 684 del código procesal civil, esto es antes de que se produzca el fallo o sentencia definitiva, previo depósito de una suma de dinero por parte del desalojador llamada caución. Esta medida que debiera ser excepcional es usada en todos los casos con lo cual se desaloja a la gente sin siquiera detenerse a considerar la prueba por ella ofrecida.
En los juicios penales el desalojo se lleva a cabo últimamente antes de la declaración indagatoria de los imputados, con lo que se reproduce la situación anterior, el juez le da la razón al propietario sin siquiera escuchar al supuesto ocupante, con lo cual se producen todo tipo de arbitrariedades y estafas.
Todo esto configura una verdadera tendencia de opinión e interpretación en el derecho, de carácter francamente reaccionario, en realidad los valores en los que se sustenta esta tendencia es que el derecho de propiedad y junto con el, el derecho al lucro, a los negociados, esta por encima del derecho a la vivienda. Que los pobres por el solo hecho de serlo no podemos tener razón y que por eso ni vale la pena detenerse a escucharnos o analizar la prueba que presentamos. Este proceder configura insistimos una flagrante violación del derecho a defensa asentada en prejuicios de clase, étnicos y raciales pues muchas veces los compañeros desalojados son inmigrantes de países hermanos.

Las políticas de vivienda en la ciudad
En la ciudad existe la ley 341 mediante la cual el estado otorga créditos a familias en emergencia habitacional en formas individual, o colectiva a quienes se organizan en asociaciones civiles cooperativas etc. La ley es un instrumento interesante y es el resultado de muchos años de lucha de los sin techo de la ciudad, sancionada en un contexto muy particular como fue el año 2001, año de grandes luchas que “convenció” a algunos legisladores, de que algo había que hacer para no seguir avivando el incendio social. Esta ley por primera vez financia a grupos sociales y cooperativas en vez de a grandes empresas constructoras, que eran y siguen siendo las grandes beneficiadas, cuando el estado desarrolla planes de vivienda. Por eso la reivindicamos a pesar de sus falencias, sin embargo este que parecía un instrumento interesante estuvo permanentemente desfinanciado y su reglamentación y operatividad concreta es fabulosamente burocrática y pensada para desalentar a sus beneficiarios. Aun así el actual gobierno de la Ciudad quiere desmontar esta operatoria pues sus planes de vivienda apuntan de la “clase media alta” para arriba.
De esta forma los pobres de la ciudad otra vez no tenemos ninguna posibilidad de acceder a un techo propio y digno.

El subsidio de la vergüenza
También existe un subsidio para quienes son desalojados, 6 cuotas de $ 450 y un segundo tramo para quienes demuestran que siguen en emergencia habitacional de 4 cuotas más. Este instrumento en realidad se va convirtiendo lentamente en otra “realidad virtual”, pues en la práctica todos los requisitos que se ponen lo tornan incobrable para la mayoría de las familias. Independientemente de esto los inquilinos y los desalojados nos hemos cansado de decir que no queremos subsidios, luchamos por soluciones, para poder acceder a una vivienda digna pagándola, siempre que se contemple nuestras posibilidades económicas.
Pero ahora además nos salen con el cuento de que la clase media esta en contra de los subsidios porque supuestamente serian para “vivos” que no quieren trabajar.
Que nadie se engañe ni se deje engañar por las campañas de los medios de comunicación, que son grandes empresas monopólicas y evidentemente están con la cámara inmobiliaria en su cruzada por echar a los pobres de la ciudad. Nosotros luchamos por tener la posibilidad de acceder y pagar un techo digno, luchamos por el derecho de todos a vivir en Buenos Aires y para que esta no sea una ciudad sólo para ricos.

Una Lucha de Todos
Esta es una lucha de todos, no solo de los más pobres, también de los inquilinos de los sectores medios, que ya no podemos pagar los alquileres usurarios que nos cobran y que seguramente muchos ya ni podremos renovar contratos cuando caduquen, engrosando las filas de los expulsados de la ciudad. También estamos en esta pelea los que con mucho sacrificio pagábamos nuestra casa y la crisis nos tiro todo al diablo y la perdimos o la estamos a punto de perder en un remate hipotecario. Esta es una pelea de todos los que creemos que es posible una ciudad sin excluidos en una patria para todos.

Nuestro programa

Ley de suspensión de los desalojos de la vivienda única y familiar.

Ley de regulación de los alquileres que fijen un precio máximo para los mismos acorde al salario mínimo vital y móvil.

Implementación de un seguro en vez de las actuales garantías

Que se castigue fiscalmente la vivienda ociosa, que se estimule su venta o alquiler.

Impuestos inmobiliarios racionalmente elaborados para que paguen más los propietarios de viviendas suntuosas.

Que el suelo de la ciudad, fundamentalmente el de la propiedad estatal, se ponga a disposición de las necesidades populares y no de los negociados inmobiliarios. Tierras fiscales para las cooperativas.

250 millones anuales para financiar la ley 341, y una nueva reglamentación de la misma no burocrática y que agilice realmente su funcionamiento.

Vivienda transitoria para los desalojados a cargo del estado, mientras se construyen las viviendas definitivas.

Planes de construcción de viviendas por parte del estado, creación de una empresa estatal de construcción de viviendas para los sectores más humildes, cogestionada por las organizaciones de vivienda y sus trabajadores

Por el derecho a vivir en Buenos Aires

Vivienda digna para todos

Luchando construiremos una ciudad y una patria más justa
C.I.B.A.
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires