En
una sala de cinco por cuatro, en la que una vez más no se garantizó ni
el ingreso del público ni las condiciones para que la prensa pueda
cubrir adecuadamente su tarea, tal como fue solicitado hace más de un
mes, se inició hoy un nuevo juicio contra Milagro Sala, en este caso por el acampe que tuvo lugar entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero, aunque ella fue detenida arbitrariamente el 16 de enero.
La dirigente agradeció a los medios periodísticos la presencia “para
que de una vez por todas se destapen todas las mentiras políticas que la
tienen presa”.
Este
proceso se trata de otra embestida por parte del gobierno jujeño contra
el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. La audiencia de hoy
se desarrolló en el juzgado ubicado en el primer piso de la Avenida
Fascio 650. Estuvo a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado
en el cargo en forma directa por Gerardo Morales en enero de este año.
Ariel
Ruarte, uno de los abogados de Milagro Sala y diputado provincial dijo:
“No venimos a discutir los hechos”. Y explicó: “Venimos a sostener la
legitimidad de la manifestación pública. Por eso trajimos a un conjunto
de militantes sociales para que expliquen como se construye el consenso
de una organización numerosa por la que se llevó adelante la protesta.
Las decisiones no las toma el dirigente, sino que las acata”, aseguró.
El
primero en declarar fue José del Frari, secretario gremial de ADIUNJU.
Luego fue el turno de Anabel Yacianci, de ATE Jujuy y por último de
Fernando Acosta, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA
Autónoma a nivel nacional,
En
el mismo sentido que Ruarte, Luis Paz, como abogado de la Tupac Amaru,
señaló que “lo importante de los testimonios que se escucharon durante
la audiencia es que quedó claro que la decisión que adoptaban las
organizaciones que conformaban la Red eran asamblearias y era a través
de esas instancias que se le daba mandato a los dirigentes para
peticionar a las autoridades que después de los comicios tuvieron
diálogo con todas las organizaciones políticas y sindicales de la
provincia menos con ellos. Por lo tanto lo más destacado de hoy
es que a este juez Contravencional, designado por Morales para
perseguir a las organizaciones sociales de Jujuy, le debería haber
quedado claro que la protesta es un derecho constitucional que tiene mas
de 50 años de vigencia en la República Argentina y que vamos a seguir
ejerciéndolo en todo momento y en todo lugar donde existan injusticias”,
expresó. El letrado también indicó que, tal como lo señaló Fernando
Acosta, el acampe fue generado por el silencio de las autoridades”.
A pesar que en el acampe que comenzó el 14 de diciembre del año pasado y se extendió hasta el 2 de febrero
de 2016 participaron diecisiete organizaciones sociales y decenas de
dirigentes, los únicos llevados al banquillo en este proceso fueron la
Tupac Amaru y Milagro Sala, en una clara muestra de la persecución a la
que fueron sometidos los integrantes de la organización barrial desde la
asunción de Gerardo Morales.
La
defensa presentó como testigos a dirigentes gremiales y políticos del
ámbito local y nacional que han participado del acampe en el ejercicio
del legítimo derecho a la protesta, que garantizan tanto la constitución
nacional como provincial. En ese contexto, justamente hoy,
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch envió una
carta al presidente Mauricio Macri en la que pidió por la libertad de
Milagro Sala y en la que instó “una vez más a su gobierno a presentar
una propuesta legislativa para modificar la definición de sedición en el
Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos
ocurran en el futuro”, en relación a la primera detención de la
dirigente social. Si bien, el juzgado Contravencional no detuvo a
Milagro Sala por este hecho, hoy
la está juzgando en un caso que se ha denunciado como “doble
persecución” puesto que también se le ha iniciado a la dirigente una
causa penal por el mismo hecho.
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