23 dic. 2016

JUJUY: COMENZO EL JUICIO CONTRAVENCIONAL CONTRA MILAGRO SALA POR EL ACAMPE

En una sala de cinco por cuatro, en la que una vez más no se garantizó ni el ingreso del público ni las condiciones para que la prensa pueda cubrir adecuadamente su tarea, tal como fue solicitado hace más de un mes, se inició hoy un nuevo juicio contra Milagro Sala, en este caso por el acampe que tuvo lugar entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero, aunque ella fue detenida arbitrariamente el 16 de enero. La dirigente agradeció a los medios periodísticos la presencia “para que de una vez por todas se destapen todas las mentiras políticas que la tienen presa”.
Este proceso se trata de otra embestida por parte del gobierno jujeño contra el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. La audiencia de hoy se desarrolló en el juzgado ubicado en el primer piso de la Avenida Fascio 650. Estuvo a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado en el cargo en forma directa por Gerardo Morales en enero de este año.
Ariel Ruarte, uno de los abogados de Milagro Sala y diputado provincial dijo: “No venimos a discutir los hechos”. Y explicó: “Venimos a sostener la legitimidad de la manifestación pública. Por eso trajimos a un conjunto de militantes sociales para que expliquen como se construye el consenso de una organización numerosa por la que se llevó adelante la protesta. Las decisiones no las toma el dirigente, sino que las acata”, aseguró.
El primero en declarar fue José del Frari, secretario gremial de ADIUNJU. Luego fue el turno de Anabel Yacianci, de ATE Jujuy y por último de Fernando Acosta, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional,
En el mismo sentido que Ruarte, Luis Paz, como abogado de la Tupac Amaru, señaló que “lo importante de los testimonios que se escucharon durante la audiencia es que quedó claro que la decisión que adoptaban las organizaciones que conformaban la Red eran asamblearias y era a través de esas instancias que se le daba mandato a los dirigentes para peticionar a las autoridades que después de los comicios tuvieron diálogo con todas las organizaciones políticas y sindicales de la provincia menos con ellos. Por lo tanto lo más destacado de hoy es que a este juez Contravencional, designado por Morales para perseguir a las organizaciones sociales de Jujuy, le debería haber quedado claro que la protesta es un derecho constitucional que tiene mas de 50 años de vigencia en la República Argentina y que vamos a seguir ejerciéndolo en todo momento y en todo lugar donde existan injusticias”, expresó. El letrado también indicó que, tal como lo señaló Fernando Acosta, el acampe fue generado por el silencio de las autoridades”.
A pesar que en el acampe que comenzó el 14 de diciembre del año pasado y se extendió hasta el 2 de febrero de 2016 participaron diecisiete organizaciones sociales y decenas de dirigentes, los únicos llevados al banquillo en este proceso fueron la Tupac Amaru y Milagro Sala, en una clara muestra de la persecución a la que fueron sometidos los integrantes de la organización barrial desde la asunción de Gerardo Morales.
La defensa presentó como testigos a dirigentes gremiales y políticos del ámbito local y nacional que han participado del acampe en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, que garantizan tanto la constitución nacional como provincial. En ese contexto, justamente hoy, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch envió una carta al presidente Mauricio Macri en la que pidió por la libertad de Milagro Sala y en la que instó “una vez más a su gobierno a presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de sedición en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro”, en relación a la primera detención de la dirigente social. Si bien, el juzgado Contravencional no detuvo a Milagro Sala por este hecho, hoy la está juzgando en un caso que se ha denunciado como “doble persecución” puesto que también se le ha iniciado a la dirigente una causa penal por el mismo hecho.

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