“QUEDÓ DEMOSTRADA LA PARCIALIDAD DEL JUEZ JUÁREZ ALMARÁZ”
Se
desarrolló hoy la segunda audiencia del juicio que Gerardo Morales impulsa
contra Milagro Sala por una manifestación pública en el Consejo de Ciencias
Económicas en octubre de 2009. El debate estuvo signado por la manifiesta
arbitrariedad del Presidente del Tribunal, Mario Juárez Almaraz, que se arrogó
para sí decisiones que debería haber adoptado junto a los jueces María
Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz y que constituyeron una clara
violación al derecho a la defensa de Milagro Sala. Las abogadas de la diputada
del Parlasur solicitaron también la incorporación de una nueva prueba al
expediente que demuestra que el único testigo que presentó el querellante
durante este proceso judicial en contra de la dirigente social ha mentido y
tiene un claro interés a favor del actual gobernador. Por último, se evidenció
durante esta instancia que la policía de la provincia realizó tareas de
inteligencia sobre organizaciones
sociales sin orden judicial. Los ocho testigos que prestaron declaración
confirmaron que ni Milagro Sala ni cualquier otro integrante de la Tupac Amaru
estuvo en el lugar de los incidentes. También señalaron que no escucharon
hablar de la dirigente social durante los hechos que se juzgan, salvo en boca
del senador Morales quien acusó a Graciela López de haber sido enviada por la
dirigente.
El representante
especial para asuntos de Derechos Humanos en el ámbito internacional del gobierno
de Mauricio Macri, Leandro Despouy, fue el primero en declarar. Lo hizo desde Berna
y se lo vio esperar a través de la pantalla la llegada de los fiscales y la
querella que arribaron 30 minutos después del horario fijado por el Tribunal.
Relató los hechos ocurridos el 16 de octubre de 2009.
Consultado
sobre un incidente que habría ocurrido durante la realización de una auditoría
a la Tupac Amaru pocas semanas antes de los sucesos que se juzgan en estas
audiencias y que fueran denunciados el pasado 15 de octubre por Alejandro Nieva
y Miguel Ángel Giubergia al momento de prestar testimonio con la
intencionalidad de vincular ambos episodios, Despouy aseguró: tengo que aclarar
que al poco tiempo de ese hecho la auditoría pudo continuar y que incluso fue
aprobada por el Colegio de Auditores". También señaló que durante sus años
como funcionario de la AGN vio en distintas oportunidades actitudes dilatorias
en distintos lugares del país en la entrega de documentación, restándole importancia
a aquel incidente denunciado por sus correligionarios. Y dijo: "el trabajo
del Presidente de Auditoría no es fácil, no es grato". Y confirmó, en
relación a la Tupac Amaru, que las tres auditorias realizadas a lo largo de los
años a la organización barrial habían sido aprobadas. El funcionario, al igual
que todos los testigos que fueron desfilando por el banquillo desde el inicio
del juicio, corroboró que Sala no estuvo en el lugar de los hechos el día de
los incidentes, que no había nadie de la organización barrial y que no le
constaba que Milagro Sala estuviera detrás de la manifestación.
Respecto
a la conducta del Presidente del Trámite durante el debate, Paula Álvarez
Carreras, abogada de Milagro Sala junto a Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: “Lo primero que tenemos
que decir es que en esta audiencia quedó manifestada la evidente parcialidad
que tiene el Presidente del Tribunal Oral que no ha dejado que nuestra defensa formule
la oposición a las preguntas que el Ministerio Público Fiscal realizaba y que
nosotros entendíamos que no correspondían hacerse. El Presidente del Tribunal además
de impedir formular la oposición, también impidió formular el recurso de
reposicion, única impugnación que las partes tenemos disponible durante el debate, el que
implicar pedir que una decisión que toma el Presidente sea revisada en pleno
por el resto de los jueces que integran el Tribunal. Entendemos que eso fue un
acto de arbitrariedad, ha contestado de muy mal modo y hemos hecho reserva para
manifestar esto en la instancia que corresponda. Consideramos que en este
sentido se está entorpeciendo la defensa”, reclamó.
Los
momentos de máxima tensión fueron dos. El primero, cuando el fiscal Federico
Zurueta pretendió citar un fragmento del testimonio que el entonces auditor
había expresado en la etapa de instrucción sin pedir autorización a los
magistrados. Gómez Alcorta planteó una oposición a la pregunta. Juárez Almaráz
la interrumpió a los gritos impidiéndole terminar de expresar su
cuestionamiento. La letrada interpuso un recurso de reposición frente a la
negativa del Presidente del Tribunal que lo denegó. Luego de ello, la defensora
hizo reserva de Casación “por la ilegítima actitud que está teniendo el
Presidente respecto de mi asistida y por violación al derecho de defensa”. El
juez negó el pedido y continuó el debate. El segundo hecho se produjo más tarde, cuando
declaró la Presidenta del Consejo de Ciencias Económicas, Blanca Juárez. Durante
aquel testimonio, la abogada volvió a plantear un recurso de reposición y
Juárez Almaráz otra vez le negó ese derecho. “Estoy reponiendo”, expresó la
abogada. Y agregó: “la reposición es el único recurso que tiene la defensa y
usted me está negando ese derecho sin siquiera consultarlo con el resto de los
integrantes del Tribunal cuando son los tres magistrados los que tienen que
deliberar y resolver”, le explicó. Y agregó que la actitud de Juárez Almaráz
evidenciaba una manifiesta parcialidad contra Milagro Sala y que se vería
obligada a recusarlo por esa causal. Fue ahí que el Tribunal en pleno
intercambió opiniones y el planteo de la defensora fue aceptado.
Casi al
final de la audiencia la defensa solicitó autorización para incorporar una
nueva prueba en el expediente. En este caso en relación al testigo René Orlando
Arellano que prestó declaración en la primera audiencia. A la salida del
juzgado, Gómez Alcorta explicó: “Este hombre es el único testigo en contra de Milagro
Sala a quien le hemos preguntado en dos ocasiones dónde trabajaba y respondió
que lo hacía en una cooperativa. Paula Álvarez Carreras le hizo una pregunta
específica respecto a si trabajaba en el Estado y él le dijo que no. Hoy
pudimos presentar un informe en el que consta que desde el mes de septiembre
está trabajando ni mas ni menos que para la gobernación de Jujuy. Esto viene a
corroborar lo que nosotros ya sabemos, que es que esta declarando en favor del
querellante, por quien tiene un interés particular. Lo que uno demuestra con
esta nueva prueba es que Arellano miente”.
Por último, al
declarar, Jorge Fabio Zerpa, Jefe de Trata de Personas y Leyes Especiales de la
Brigada de Investigaciones de la policía local en el 2009, una de las
defensoras de Milagro Sala le preguntó si él había firmado un acta en la que él
comisionó pocos días después de aquel 16 de octubre a personal policial de
civil a hacer tareas subrepticias de inteligencia en una movilización de
organizaciones sociales. El policía respondió que no recordaba. Entonces la
abogada le pidió que le mostraran el acta. Cuando vio su firma, reconoció el
documento. “Cuando le preguntamos al principio lo negó pero tuvo que reconocer
la firma y finalmente tuvo que aceptar que ningún juez y ningún fiscal había
ordenado aquellas. A 33 años de recuperada la democracia todos sabemos que las
tareas de inteligencia sólo las puede ordenar un juez en una actuación y por
medio de una disposición que tiene que fundamentar. Se ve que en Jujuy eso no
pasa y alcanza con la voluntad de un agente policial como sucedió en este caso.
Esto quedó demostrado y no pudo dar una sola explicación en razón de por que
había dispuesto esas actuaciones”, concluyó Gómez Alcorta.
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