La decisión de YPF de bajar 33 equipos petroleros del campo,
dando pie al despido de 1.700 trabajadores, representa una declaración de
guerra contra todo el pueblo neuquino.
De concretarse los despidos, no sólo serían golpeadas las
1.700 familias que se quedan sin una fuente de ingreso. Miles de otros trabajadores,
profesionales y comerciantes sufrirán el coletazo del aumento de la
desocupación y la caída del consumo.
Los despidos los genera YPF, que cuenta con un director
ejecutivo (CEO) designado por el gobierno de Macri y con otro miembro del
directorio designado por el gobernador Gutiérrez.
Las recientes medidas adoptadas por la empresa de bandera
nacional, del mismo modo que el pacto secreto cerrado con Chevron, revelan la orientación capitalista que el
actual y el anterior gobierno le han impreso a YPF. Ésta, busca obtener la tasa
media de beneficio con la que cuentan los monopolios petroleros internacionales.
Por su parte, Guillermo Pereyra, el burócrata del Sindicato
petrolero, se ha revelado como un lobista de las empresas petroleras.
No sólo reclama, al unísono con las patronales del sector,
el aumento del precio de gas en boca de pozo (tarifazos). También, firmó una
adenda flexibilizadora del convenio colectivo de trabajo de petroleros, la que
oficia de punta de lanza para la implementación de un plan de flexibilización laboral
contra el conjunto de los trabajadores argentinos.
Ahora, de antemano, entregó la defensa de los puestos de
trabajo por el reclamo de subsidios.
El acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de
la dirección del Sindicato, levantando el paro, contrasta con la actitud de las
empresas. YPF SA, violando la conciliación obligatoria, mantiene en la calle a
centenares de trabajadores de la rama Servicios Petroleros.
Es claro, entonces, que la conciliación obligatoria emitida
por el Ministerio de Trabajo, cumplió el objetivo de desactivar una incipiente
rebelión obrera, que no sólo cuestiona el accionar patronal sino también a la
propia dirigencia del Sindicato.
Como se ve, la lucha por la defensa de los puestos de
trabajo no vendrá de la mano de los partidos que gobernaron y gobiernan para
los monopolios petroleros.
Tampoco de la mano de Pereyra, que ha quedado expuesto como
el mejor alumno de las patronales. Su planteo de que la entrega del convenio
colectivo era necesaria para defender los puestos de trabajo, se ha revelado
como completamente falsa.
Poner un coto a la masacre social en curso es una tarea que
ha quedado enteramente reservada a los trabajadores y el pueblo neuquino. Para
eso, es necesario impulsar la lucha y levantar un programa claro: ningún
despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario de bolsillo,
estatización sin pago bajo control obrero de toda empresa que cierre.
La huelga de inversiones petroleras que se avizora para el
año próximo, en un cuadro de déficit energético en nuestro país, pone en
evidencia la incompatibilidad de la ganancia capitalista con las necesidades de
los trabajadores y del pueblo argentino.
Como parte de un plan económico y político de los
trabajadores, es necesario proceder a una nacionalización sin pago de toda la industria
hidrocarburífera, bajo la gestión y el control de sus propios obreros. Es la
única salida racional a la presente crisis.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda se pone al
frente de la lucha por este programa e invita al conjunto de los trabajadores a
hacerlo propio.
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