Hugo Yasky, Horacio Pietragalla e Ines Peña declararon en el juicio contravencional
"EL DERECHO A LA PROTESTA ESTÁ EN LA CONSTITUCION NACIONAL"
Hugo
Yasky, secretario general de la CTA; Horacio Pietragalla, secretario de
Derechos Humanos de Santa Cruz e Ines Peña, de Madres de
detenidos-desaparecidos de Jujuy declararon hoy
en la segunda audiencia del juicio contravencional que se realiza
contra Milagro Sala y la Tupac Amaru por el acampe que tuvo lugar en la
Plaza Belgrano entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero.
Todos
los testigos presentados por la defensa coincidieron en que el acampe
fue originado por la falta de respuestas por parte del entonces
gobernador electo a los pedidos de apertura de una instancia de diálogo
que realizaron en tres ocasiones las organizaciones sociales; que las
decisiones se tomaban en asambleas y que la consecuencia de esa legitima
medida de fuerza, garantizada por la Constitución Nacional, fue la
detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala y el desmantelamiento de
la organización barrial y de sus obras.
Tras conocerse los resultados electorales el 25 de octubre
de 2015, los dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales
presentaron tres notas al entonces gobernador electo con el fin de abrir
una instancia de dialogo ante la preocupación por la continuidad de las
fuentes laborales de 20 mil cooperativistas. La primera se entregó el 24 de noviembre,
la segunda el 30 de ese mismo mes y otra posterior a la asunción de
Morales en el Poder Ejecutivo provincial. Denunciaron entonces que
llamaba la atención "que el gobernador, que planteó que iba a tener una
política de diálogo no responda a los pedidos realizados por quienes
representamos a un amplio sector de la sociedad Jujeña. Estamos
utilizando los canales formales para la resolución de conflictos, sin
tener por parte del nuevo gobierno provincial una actitud de la misma
naturaleza", denunciaron en diciembre.
Al
momento de declarar, Hugo Yasky reclamó ante Matias Ustarez Carrillo,
funcionario administrativo designado por Gerardo Morales en enero y que
lleva adelante el proceso contravencional contra Milagro Sala, que la
detención de la diputada del Parlasur "constituyó un acto de gobierno
impropio de la democracia porque no se puede detener a alguien por
protestar pacíficamente". En ese marco, recordó todas las resoluciones
internacionales, entre las que nombró las de las Naciones Unidas, la de
la Comision Interamericana de Derechos Humanos y las de la OEA, entre
otras, además de la de primeros mandatarios como Evo Morales o Justin
Trudeau, que repudiaron la medida y exigieron la inmediata libertad de
la dirigente social.
"El
acampe se realizó ante la falta de respuestas al pedido a una
entrevista para el inicio de un dialogo que permitiera tener claro
cuales iban a ser los ámbitos de interlocución y los canales para
garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo. El acampe es una
medida pacífica, de resistencia, que en la cultura social de los
argentinos tiene un voltaje menor que otras acciones que se realizan
habitualmente y que no generan la detención de una persona", explicó el
secretario general de la CTA. Y señaló que en diciembre "había una
situación nueva en Jujuy, con la incertidumbre que vivian todas las
organizaciones. En las distintas provincias esas incertidumbres se
fueron canalizando con reuniones con las nuevas autoridades, pero acá no
había interlocución y, a partir de la falta de respuestas, en asamblea y
aprobado por unanimidad, se resolvió hacer el acampe", aseguró.
Yasky
también recordó: "un efecto del acampe que nos produjo estupor fue la
decisión intempestiva de detener a Milagro. Yo, personalmente, participe
de la Carpa Blanca y estuvimos mas de tres años. Nunca sufrimos una
detención, a pesar que ocupábamos el espacio público y hacíamos
actividades".
Luego,
fue el turno de Horacio Pietragalla. En el mismo sentido que Yasky, el
secretario de Derechos Humanos mencionó que en Plaza de Mayo, desde hace
mas de siete años, hay un acampe, que hubo reuniones con los distintos
gobiernos y a nadie se le ocurrió reprimir o detener a nadie por esa
medida. "Está en la Constitución Nacional el derecho a ejercer la
protesta para ser oído
por los representantes", dijo. Tambien indicó que las decisiones se
tomaban en asamblea, y que eso era algo que siempre le había llamado la
atención respecto a las organizaciones sociales que integraban la Red. A
su vez, y en el mismo sentido que los otros testigos, ratificó que la
causa de la protesta fue la falta de dialogo por parte del gobierno
provincial.
Ines
Peña, que se definió como "una compañera de lucha de Milagro Sala",
participó activamente del acampe que tuvo lugar en Plaza Belgrano desde
el inicio. "Uno de los motivos que ocasionó la medida fue la
preocupación de los cooperativistas por la continuidad de las fuentes de
trabajo porque no había respuestas del gobierno. El acampe lo llevó a
cabo la gente que estaba ahí y que decidía en asamblea sobre la
continuidad o no de las medidas", aseveró en línea con lo expresado por
todos los testigos. Consultada sobre el rol de Milagro Sala por parte
del departamento contravencional, Peña dijo que la dirigente social
"conciliaba posiciones para que no haya violencia y sea pacifico".
También destacó que tanto las movilizaciones, los acampes, así como
también los escarches son medidas legitimas y valederas en la lucha que
fueron implementando los organismos de derechos humanos en su lucha por
la memoria, la verdad y la justicia y que quedaron instalados como
practicas en la historia de la sociedad argentina.
Pasadas las 20 horas, la audiencia paso a un cuarto intermedio, hasta el próximo jueves 29 de diciembre a las 17 horas, momento en que se escucharan los alegatos, palabras finales de Milagro Sala y luego el veredicto.
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