Mañana
se cumple el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se
expida en la causa contra Belén y resuelva la apelación presentada por
su abogada, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a
Decidir. Las organizaciones que nos presentamos como amicus curiae ante el tribunal consideramos que Belén debe ser absuelta y su condena, anulada.
Belén es hoy
un caso paradigmático de cómo la criminalización del aborto recae de
manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y
cómo la política penal cercena su derecho a la salud. Belén llegó a un
hospital público de Tucumán sin saber que estaba embarazada, con un
dolor de panza que no sabía que era un “aborto espontáneo incompleto sin
complicaciones”, como anotó el médico en su historia clínica. Lo que
ocurrió con ella después de ese momento fue una larga cadena de
violaciones de sus derechos por parte del Estado. Belén salió del
hospital hacia una cárcel, en la que estuvo más de dos años con prisión
preventiva. A fines de abril de 2016 fue condenada a ocho años por
"homicidio agravado por el vínculo". El fallo de la Sala III de la
Cámara Penal de Tucumán basó parte de sus argumentos en que la
defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron,
antes que afirmarse en la existencia de pruebas.
La Corte tucumana, con su decisión, puede sentar las bases para que no existan otros casos como el de Belén y dar un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas, a quienes integran los servicios de salud y al sistema de justicia, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres sean centrales en sus acciones. También puede convocar a modificar las prácticas que son contrarias a los derechos humanos. Ese mensaje ayudaría a que las mujeres, niñas y adolescentes confíen en los servicios de salud y no sean sometidas a decidir entre la vida o la cárcel.
La Corte tucumana, con su decisión, puede sentar las bases para que no existan otros casos como el de Belén y dar un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas, a quienes integran los servicios de salud y al sistema de justicia, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres sean centrales en sus acciones. También puede convocar a modificar las prácticas que son contrarias a los derechos humanos. Ese mensaje ayudaría a que las mujeres, niñas y adolescentes confíen en los servicios de salud y no sean sometidas a decidir entre la vida o la cárcel.
Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales - ANDHES
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH
Asociación de Abogados de Buenos Aires - AABA
Asociación Pensamiento Penal - APP
Amnistía Internacional Argentina - AI
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA
Innocence Project Argentina - IP Argentina
Diputados del Partido Obrero - Bloque Frente de Izquierda y APEL
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH
Asociación de Abogados de Buenos Aires - AABA
Asociación Pensamiento Penal - APP
Amnistía Internacional Argentina - AI
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA
Innocence Project Argentina - IP Argentina
Diputados del Partido Obrero - Bloque Frente de Izquierda y APEL
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