LEY DE EMERGENCIA SOCIAL - NINGUNA TREGUA

LEY DE EMERGENCIA SOCIAL Y COMPROMISO POLÍTICO

Ninguna tregua

La reciente firma de parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Movimiento Evita, entre otras organizaciones (más el apoyo de la CGT),  con los ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca, y el titular del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, dio cierto oxígeno al gobierno nacional para encarar con un poco más de aire el temido para todo el arco de clases dominantes, diciembre argentino.

Esta ley implica declarar en situación de emergencia social al país por tres años y aumento de algunos planes sociales (como “Programa Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Trabajo Autogestionado”) y un aumento y bono a las familias beneficiarias de la AUH, entre otros puntos.  La firma del acuerdo cuenta con una cláusula adjunta que las organizaciones firmantes no difundieron públicamente que reza, textual: “habiendo alcanzado un acuerdo de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes del acuerdo con la representación que ostentan, y estas se obligan en su propio nombre y en el de sus representados”. 

La firma de este convenio no sorprende de lado del gobierno nacional que así descomprime en parte la conflictividad latente. En cambio sí genera controversia al ser firmada por dirigentes sociales cuando ellos mismos habían llamado a la ley de Emergencia Social un paliativo urgente (secretario general de la CTEP, Esteban Castro). Además los números resultan altamente  insuficientes sobre todo teniendo en cuenta la transferencia generosa de recursos a los sectores monopólicos del campo, la industria y las finanzas  y al incierto panorama para la economía del país y los futuros índices de inflación; desempleo en alza, etc.

Más allá del acuerdo económico y de necesidades perentorias, esta firma supone un compromiso político en nombre de una ‘gobernabilidad’ ajena a los trabajadores, a su bienestar y a sus luchas; y por encima de cualquier bendición.

En todo este período, el triunvirato de la CGT se abstuvo de manera grotesca de convocar al PARO NACIONAL para poner freno a tarifazos, despidos y otras variables del ajuste. En las vísperas del comienzo del  diciembre argentino, buscan lavarse la cara siendo parte de una negociación para una base que le es ajena, oficiando de mediador e imprimiéndole cláusulas de no-conflicto cual si fuera una paritaria sindical. Y  no es una paritaria. Se trata de un aumento en el monto de planes sociales, cuyos beneficiarios exceden a quienes hoy puedan estar militando en las organizaciones firmantes; que se colocaron en el lugar de jueces de una “paz social” asentada en la inequidad social.

En los ya casi doce meses de gobierno del PRO, las luchas populares no han disminuido su pulso, por el contrario; uno de los sectores que ha sostenido mayor protagonismo callejero que años anteriores ha sido el movimiento de desocupados,  el mismo movimiento piquetero nacido en los años 90 y protagonista de las jornadas que se abrieron post rebelión popular de diciembre de 2001 como lo fue el Puente Pueyrredón. A ese movimiento piquetero, compuesto por trabajadores desocupados cuyas organizaciones en algunos casos cumplen más de 20 años, no se lo encierra en una cláusula de “paz social”. Los meses venideros nos darán la razón, pero nos animamos a decir que es posible que ese corsé no le entre al pueblo argentino que sabe rebelarse cuando el hambre es ley. 

02/12/2016