CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 493

17 de agosto de 2008.SUMARIO:
1. Las mentiras de Cristina, Aníbal y Eduardo Luis en el Caso Bulacio.
2. Córdoba: dos muestras de la industria del crimen y la tortura.
3. Propagadizando la militarización.
4. El "gobierno de los DDHH" es el gobierno de los presos políticos.
5. Entrenados por expertos en reprimir.6. Próximas actividades

LAS MENTIRAS DE CRISTINA, ANÍBAL Y EDUARDO LUIS EN EL CASO BULACIO
Supongamos que, cruzando la calle, un chofer, de una empresa cualquiera, atropella y mata a propósito a una persona. Imagínese que, 17 años después, el chofer sigue muy tranquilo en su casa, perteneciendo a la misma empresa, a pesar de que haya una orden del máximo tribunal disponible de castigarlo. Y supongamos que, para cumplir esa orden, el gerente de la empresa le ordena a alguno de sus empleados que vaya y se presente como querellante en la causa contra su otro empleado. ¿No diría usted que es ridículo y absurdo que la empresa mande a un empleado a querellar a otro por el daño que le hizo ella misma a un tercero? Pero por ridículo y absurdo que parezca, esto es lo que el ministro de justicia, seguridad y DDHH, Aníbal Fernández, anunció el martes pasado en una conferencia de prensa sobre el caso Bulacio. El ministro leyó a los periodistas el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le ordena al ministerio que se presente como querellante en la causa por la detención ilegal y muerte de Walter Bulacio, que tenía 17 años en abril de 1991, cuando murió después de ser detenido y golpeado en la comisaría 35ª de la PFA. El decreto fue sacado entre gallos y medianoche para tener algo que decir en la audiencia que el jueves pasado se hizo en Montevideo, convocada por la Corte Interamericana de DDHH para que el estado argentino explicara por qué, a cinco años de haber sido condenado en el caso, la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 sigue sin ser cumplida. En esa sentencia, la Corte internacional ordenaba dos cosas centrales a la Argentina: terminar de una vez la causa penal interna contra el comisario Miguel Angel Espósito, y eliminar de su sistema todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, es decir, sin orden judicial ni en situación de flagrancia. Entonces, para “mostrar la voluntad del gobierno nacional de cumplir la sentencia en el caso Bulacio”, como dijo a los jueces la representante del estado, el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, va a pedir ser querellante contra el comisario Espósito, y así, “garantizar los derechos de la familia Bulacio”. Como en el caso imaginario que planteábamos al principio, el ministro Fernández mandó a uno de sus dependientes, el secretario de DDHH, a querellar a otro de sus dependientes, un comisario de la policía federal. Mientras tanto, la verdadera querella, sin la cual la causa se hubiera cerrado hace 17 años, sigue separada del trámite, desde que en octubre de 2002 la cámara del crimen le quitó a la mamá de Walter el derecho a seguir siendo parte. Esa es una de las mentiras que circuló en los medios esta semana, bajo el título “el gobierno argentino va a cumplir con la condena de la Corte IDH en el caso Bulacio”. La segunda mentira, es que el gobierno haya decidido cumplir también la otra parte pendiente, la derogación de la doble A y los códigos de faltas y contravencionales. “Vamos a convocar a una comisión de notables, un ámbito de discusión e intercambio para estudiar cómo hacer esas reformas”, dijo la representación del estado el jueves en Montevideo. Y por supuesto, nos invitaron a participar de una primera reunión allí mismo, al término de la audiencia. ¿Hace falta una comisión consultiva, con personalidades “notables”, para que el gobierno le ordene a su policía que no detenga a nadie, salvo que esté cometiendo un delito o se lo pida un juez? ¿Qué hay que debatir sobre un proyecto de ley que sólo necesita decir “derógase la ley 23.950”, en el ámbito nacional, o la ley que corresponda en cada provincia? Como decía el fundador del partido de gobierno, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que ni este gobierno, ni ningún otro que defienda los intereses de los poderosos, va a deshacerse de sus más valiosas herramientas represivas, las que permiten a sus fuerzas de seguridad detener a cualquiera, en cualquier lugar, porque se les da la gana. Así se impone el control social, que todo gobierno necesita aplicar a una sociedad dividida en clases. Y para ganar tiempo, usan el cuento ya conocido de la "comisión". No hace falta aclarar que declinamos el amable convite, a pesar del tentador catering previsto, porque CORREPI no se sienta a dialogar ni acordar nada con los empleados de un gobierno represor que nos mata un pibe día por medio. El gobierno peronista de los Kirchner ya ha reclutado suficientes empleados en el histórico movimiento de DDHH. A nosotros, pueden seguir esperándonos todo lo que quieran, que no nos van a ganar nunca para que los ayudemos a lavarse la cara y las manos, teñidas con la sangre de nuestros pibes.

CÓRDOBA: DOS MUESTRAS DE LA INDUSTRIA DEL CRIMEN Y LA TORTURASe dio a conocer en los medios esta semana que tres suboficiales y un oficial, pertenecientes a la Comisaría 17ª de la ciudad de Córdoba, fueron detenidos por haber alquilado armas a delincuentes. Lo que se informaba como novedoso, sin serlo, es el modus operandi diario de la policía en todo el país para proveerse de las armas que plantan a los pibes asesinados por gatillo fácil simulando enfrentamiento y para proveer a los menores de los barrios pobres obligándolos a robar para ellos, a los que, de lo contrario, liquidan.En este caso, como en tantos, las armas se secuestraban en los allanamientos y no se reportaban a la fiscalía que había ordenado el procedimiento. Ocultadas luego en el cofre de la seccional, a cargo del comisario Rodríguez, eran alquiladas, a cambio de los botines que los "locatarios" obtuvieran en la zona de los barrios Remedios de Escalada, María Lastenia y Guiñazú. Lo que tampoco es novedoso es que se hable de "malos policías" y que la responsabilidad de estos procedimientos se adjudique solamente a cuatro subalternos, cuando en el mismo allanamiento hecho por el fiscal en la comisaría cordobesa se encontraron armas en la caja fuerte a la que sólo el comisario tiene acceso. La verdadera industria del crimen y las "olas delictivas" tienen un único promotor, el brazo armado del estado, en Córdoba y el pais entero. En tanto, en la misma provincia serrana, el padre de Milton César Lescano (20), un joven con retraso madurativo en la infancia, denunció que mientras su hijo se encontraba en la terminal de micros de la ciudad de Hernando, fue detenido y conducido a la comisaría donde le causaron heridas en rostro, cabeza y espalda al empujarlo y golpearlo contra las paredes de la dependencia, mientras tenía sus manos esposadas.Además de haberle impedido a la familia que se comunicara con el hijo, Milton fue amenazado para que no realizara ningún reclamo, el mismo miedo que le aplican a los miles de jóvenes que sufren detenciones arbitrarias luego fabricadas como contravenciones.

PROPAGANDIZANDO LA MILITARIZACIÓN Según un informe de UNICEF publicado en enero de 2008, mueren veinticinco menores de un año por día en Argentina por causas evitables, la mayoría de ellas enfermedades respiratorias y desnutrición. Son más de 9.100 bebés muertos al año por nacer en la pobreza. Ya muchos nos hemos acostumbrado a manejar la cifra de 50 niños (de 0 a 18 años) muertos diariamente por enfermedades de la pobreza en nuestro país. Sin embargo, no vemos todos los días en el noticiero a la familia de estos niños pedir trabajo, pedir cobertura médica, pedir medicamentos. No vemos a los vecinos de sus barrios reclamando alguna planificación que permita mantener con vida a los niños que van naciendo, no vemos a los intendentes pregonando la necesidad de terminar con estas muertes. A los primeros no los vemos porque los medios no los muestran, o mejor dicho los ocultan, a los últimos porque están ocupados pidiendo policía propia y combatiendo la inseguridad. Una campaña de una o dos semanas al año mostrando aborígenes tobas consumiéndose de hambre es suficiente para dar por mostrada el hambre de la población argentina. El año pasado hubo un breve espacio para los niños desnutridos. Pero los asesinatos, los robos a mano armada, los cuatro muertos en veinte días el municipio de San Martín, esas noticias sí merecen ser publicadas una y otra vez, en todos los canales de televisión, en las radios, en todos los diarios. El miedo colectivo de sufrir un robo ha superado ampliamente el miedo de perder diariamente cincuenta vidas. Ni hablar de que día por medio un chico sea fusilado o torturado por las fuerzas publicas en algún lugar del país. Nada de esto parece desvelar tanto como la inseguridad a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, alborotados por construir sus propias fuerzas represivas comunales para atender a lo que, dicen, es el principal reclamo a de la población. Con la complicidad de los medios de comunicación, hablan de la inseguridad en general, ocultando dónde se genera, quién mueve los hilos, quién vende las drogas, quién lidera las bandas de secuestradores, de piratas del asfalto... ¿No es raro que los medios de comunicación jamás hablen de “olas de gendarmes traficantes de drogas”, “olas de policías gerenciadores de prostíbulos con menores de edad”, “olas de escuadrones de la muerte”, “olas de torturas en las cárceles”? No, no es raro, si tenemos en claro cuál es la función que cumplen estos medios a la hora de seleccionar la información y el modo de publicarla: Hacer que la sociedad mansamente acepte la militarización constante del espacio público al punto de tener libertad sólo para trabajar y consumir, y quien no consuma y con su vida no esté dando provecho al bolsillo de nadie pase a poblar la lista de los eliminables por los guardianes de la seguridad.

EL "GOBIERNO DE LOS DDHH" ES EL GOBIERNO DE LOS PRESOS POLÍTICOSHabitualmente leemos o escuchamos en los medios de comunicación sobre los "aciertos y avances" del gobierno kirchnerista en materia de respeto a los derechos humanos, condenando a algún represor de la dictadura, levantando museos donde fueron torturados y desaparecidos miles de compañeros, recordando hipócritamente, muchos de sus actuales funcionarios, aquellos tiempos supuestamente ya superados en que eran perseguidos por cuestiones políticas, omitiendo descaradamente sus responsabilidades en las persecuciones, procesamientos, encarcelamientos y represiones actuales.
Desde el 8 de agosto, en otra muestra de cuál es su verdadera política de derechos humanos, el gobierno kirchnerista duplicó el número de presos políticos en sus cárceles: a los 25 presos rehenes del poder político se sumaron, de un plumazo, 23 detenidos en el conventillo Hotel Carlos V de Constitución, donde vivían 20 familias humildes que sufrieron un brutal incremento en el monto de sus alquileres –de $380 a $1.200, mientras el Indec intervenido dice que la inflación del último mes fue del 0,4%- y fueron reprimidos, desalojados y encarcelados, a pedido de sus dueños españoles, por las fuerzas de seguridad.
Mientras los inquilinos se encontraban reunidos intentando resolver su situación habitacional junto con integrantes de la Asamblea de San Telmo, y los dueños se negaban a atenderlos porque ellos “no hablan con inmigrantes”, un operativo de la policía federal, infantería y el grupo GEOF, con más de 100 efectivos, ingresaron por la fuerza al hotel derribando la puerta, arrojando gases lacrimógenos y balas de goma sobre los ocupantes entre los que se contaban mujeres, niños y ancianos. Entre los 23 detenidos, señalados por los exitosos empresarios inmobiliarios y aprehendidos por la obediente policía federal, hay siete mujeres; familias enteras permanecen hoy detenidas y alojadas en los penales de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza porque el juzgado de instrucción nº 5 rechazó, en tiempo record, las solicitudes de excarcelación aduciendo la peligrosidad de los imputados a los que se acusa de usurpación, amenazas de muerte, lesiones, daño, robo, atentado y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad, el clásico “combo” con el que se justifica el encierro de pobres y luchadores sociales.
Previamente, los dueños españoles les habían advertido a los “inmigrantes” que ellos controlaban a la policía y a los jueces porque abonaban regularmente la correspondiente “cuota”. Vemos entonces cuáles son las garantías y la seguridad jurídica con que la presidenta invita en sus giras a los inversores extranjeros que “contribuyen al desarrollo del país” para que inviertan sus euros o dólares en Argentina.

ENTRENADOS POR EXPERTOS EN REPRIMIR
Un escueto cable de la agencia oficial Telam informa que los fiscales de todo el país serán "capacitados" por agentes del FBI "en técnicas de investigación criminal". El plan fue anunciado por la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, en su carácter de presidenta del Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público, y tendrá dos años de duración.

Falbo anunció que los expertos del FBI perfeccionarán a los fiscales con las más modernas técnicas en criminalística que se utilizan actualmente en los Estados Unidos. Seguramente harán un importante aporte en materia de interrogatorios, enseñando las técnicas que utilizan en Guantánamo y las demás cárceles de la CIA, como la deprivación sensorial o el waterboarding. Aunque puede que algún fiscal con un poco de experiencia les aclare que "de eso último ya tenemos", aunque en criollo le decimos submarino o mojarrita.“La capacitación teórico-práctica organizada por regiones y sostenida a lo largo del tiempo tiene como objetivo principal fortalecer las políticas de persecución y represión de los delitos de manera eficaz y dentro del pleno respeto de las garantías de todos los involucrados en el proceso”, justificó la procuradora.

Persecución y represión de los pobres, al servicio y a semejanza del amo imperialista, de la mano de un gobierno que acrecienta cada día la entrega y la dependencia.


PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 25 de agosto, en Reconquista, Pcia. de Santa Fe, CORREPI participará de la Cátedra Libre de DDHH de esa ciudad, y previamente, por la mañana, de charlas y encuentros con estudiantes y organizaciones locales. Serán de la partida los compañeros María del Carmen Verdú, Silvia Góngora y Gustavo Filograsso.