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La plata de los jubilados cubre el déficit
Desde que asumió Cristina, la ANSES ya le prestó $ 5.440 millonesa la Nación. Las subas para los abuelos llegarán recién en 2009

por Damián Glanz
11.08.2008

El anuncio de la modificación de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones provocó una inmediata reacción de la oposición y de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (Télam)
Un aumento considerable de las jubilaciones será este año sólo una promesa. Aunque haya enviado al Congreso el proyecto para establecer la movilidad de los haberes de la clase pasiva, la Presidenta tiene otros planes para el dinero que acumula la Administración Nacional de la Seguridad Social. El Ejecutivo utilizará esos fondos para cubrir parte del déficit fiscal nacional. En lo que va de su gestión, Cristina Fernández de Kirchner ya autorizó el desvío de 5.440 millones de pesos de la ANSES hacia la Secretaría de Hacienda. Apenas unos días antes del anuncio de la modificación de la ley, enviaron 890 millones de pesos de los jubilados para el Ministerio de Planificación que maneja Julio De Vido. El anuncio de la modificación de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones provocó una inmediata reacción de la oposición y de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Por qué esperar hasta 2009 para implementar los aumentos cuando la ANSES acumula actualmente un superávit que supera los 23 mil millones de pesos? La respuesta –no admitida públicamente por el Gobierno– es que la caja no cierra. El programa para 2008 y 2009 de la Secretaría de Finanzas de la Nación prevé que los jubilados le presten al Estado más de 28 mil millones de pesos que serán destinados principalmente al pago de deudas. En el bienio, entre vencimientos de capital e intereses, el Ministerio de Economía debe afrontar obligaciones por 36.300 millones de dólares, que en parte serán cubiertos con los fondos de la ANSES. La última mejora en los haberes que recibieron los poco más de 5,5 millones de jubilados y pensionados nacionales fue dictada en febrero y en dos cuotas:un 7,5% en marzo y otro 7,5% en julio. Un aumento adicional del 10% –para acercar la suba al estimado de 25 % de inflación para este año–, representaría un desembolso de unos 1.500 millones de pesos para los próximos cinco meses, menos del 7% del dinero que reserva la ANSES. Pero ni siquiera esta opción figura en el plan de gobierno, sino una probable suba antes de fin de año de un nuevo 7,5%, que será financiada con los ingresos adicionales que tendrá la Administración como consecuencia del aumento de los sueldos tras la suba del salario mínimo. Esa opción implicaríael reparto de poco más de 1.100 millones de pesos. No sólo para pagar deudas irá el dinero de los jubilados. En marzo último, Crítica de la Argentina advirtió que desde el Ministerio de Planificación presionaban a la ANSES para que liberara ahorros de los jubilados para financiar obra pública. Puntualmente, De Vido reclamaba 890 millones de pesos para realizar obras de agua potable y cloacas que serían ejecutadas desde Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La nota de este diario, sumada a un informe interno del Ministerio de Economía que alertó acerca de la “improbabilidad” de que AySA reintegrara aquel aporte, paralizaron la operación. La parálisis fue temporal. En la semana más ruidosa de la guerra gaucha, un día antes de la votación de las retenciones móviles en la Cámara de Diputados, Economía aprobó por resolución una modificación en el presupuesto 2008 de AySA e incluyó los 890 millones de pesos que había pedido De Vido. La modificación evidenció al menos dos contradicciones: • Al parecer se diluyó la “improbabilidad” de repago. “Obra en el expediente el informe favorable sobre la medida propiciada por la Oficina Nacional de Presupuesto”, escribió Carlos Fernández en la resolución. • Las obras que financiarán los jubilados (Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas, Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales y Sistema Cloacal Riachuelo) figuraban en el presupuesto de la Administración Pública Nacional para este año financiadas con recursos propios de AySA y del Ministerio de Planificación. Ahora, ese dinero ya no es suficiente. Por esos días, el director ejecutivo de la ANSES, Amado Boudou, afirmó en un Congreso Internacional de Economía y Gestión organizado por la UBA que no puede haber un sistema previsional superavitario y al mismo tiempo un Estado que deba financiarse a un costo elevado. Es decir que el novedoso sistema de jubilados como prestamistas de De Vido es apenas el inicio de una tendencia. Al parecer, cambió de opinión. Unos días atrás le aseguró a Crítica de la Argentina que “no hay una política oficial de financiarse con la caja de la ANSES”. El 12 de julio de 2007, el entonces titular de la ANSES, Sergio Massa, festejó la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). “Nunca más en la Argentina los jubilados y pensionados sean la variable de ajuste ante dificultades financieras”, dijo. El Fondo tenía como propósito “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones” y estableció que esos recursos podrían ser invertidos en “cuentas remuneradas del país o del exterior, la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia y/o cualquier tipo de inversión habitual en los mercados financieros”. La norma no menciona la financiación de obra pública como alternativa financiera. “Nunca más en la Argentina los jubilados y pensionados sean la variable de ajuste ante dificultades financieras”, dijo. El nunca más del actual jefe de Gabinete duró apenas un año. En lo que va de gestión cristinista, la ANSES ya le prestó 5.440 millones de pesos a la administración pública. Y siempre a tasas inferiores que la inflación. Es decir que, incluso emitiendo títulos –una opción estimulada por la norma–, tampoco se preserva el dinero de los actuales y los futuros jubilados del sistema de reparto. Las tasas de interés de esas Letras oscilan entre el 8,35 % y el 8,85 % anual, mientras que el estimado de la inflación para este año supera el 20%. Hace más de un mes la diputada nacional de la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez, le solicitó a la ANSES –mediante un pedido de acceso a la información pública– que le comunicara el detalle de los “criterios y procedimientos que elaboró para diseñar y ejecutar la política de inversión”. La respuesta del director ejecutivo Boudou llegó un día antes del anuncio de la modificación de ley. Pero de la “política de inversión” no mencionó una sola palabra. El disimulo del estado de las cuentas públicas en la bonanza de la ANSES no es una novedad. Un informe del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) de cuenta de que desde 2001 la incidencia del ahorro de los jubilados en el superávit fiscal primario es cada vez más importante. El paper, firmado por el economista Alberto Barbeito, establece que mientras que en el 2001 la caja de la ANSES representaba el 3,3% del superávit (1,83% del PBI), el año pasado llegó al 38,6% del superávit (3,16% del PBI).