ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS: MOVILIZACION AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COMUNICADO DE PRENSA

IMPUNIDAD – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Jueves 10 de julio – 9:00 hs.
Libertad 731


Los convocamos a concurrir al Consejo de la Magistratura de la calle Libertad 731 este jueves a las 09.00hs. para hacer escuchar nuestra voz ante el gravísimo hecho de injusticia a punto de concretarse en el sentido de paralizar los juicios políticos a los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 5 y al juez Torres que tiene en sus manos la megacausa Esma.
Los nombrados han sido los directos responsables de las escandalosas condiciones de detención del Prefecto Febres asesinado por envenenamiento en la unidad de la Prefectura Naval de Tigre.
La consejera del oficialismo, la diputada Conti, junto a un grupo de pares han desestimado nuestra denuncia aduciendo que los jueces no son responsables por las condiciones de detención ni de la seguridad de los detenidos bajo su orbita y han elevado al Consejo su recomendación de no continuar con el juicio político que les corresponde por la clara violación a principios constitucionales que dicen exactamente lo contrario.
Este jueves podremos concurrir al plenario de Consejo de la Magistratura a expresar nuestro enérgico rechazo a las recomendaciones de la diputada Conti y exigir que no se convierta en un cómplice mas de la impunidad con que hasta ahora nos vienen obligando a convivir.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Diario Crítica (07/07/08)

La magistratura rechaza cargos a torres y al tribunal oral 5
Consejo para no acusar a los jueces del caso Febres
Organismos de derechos humanos acusaron por “mal desempeño” a Sergio Torres y al Tribunal Oral. Dicen que fue deficiente el control al prefecto Febres, envenenado en su lugar de detención.
Martina Noailles 07.07.2008

En pleno. El jueves se reúne el plenario de consejeros para tratar el dictamen de la comisión de Acusación.
Para el Consejo de la Magistratura , ni el juez federal Sergio Torres ni los integrantes del Tribunal Oral Nº 5 son responsables de las privilegiadas condiciones de detención que permitieron el envenenamiento, en diciembre último, del represor Héctor Febres. Por eso el jueves próximo, el órgano que controla la labor de los magistrados rechazará una acusación por mal desempeño presentada por un grupo de organismos de derechos humanos.

En el dictamen que será tratado en la próxima reunión de plenario, la Comisión de Disciplina y Acusación sostiene que la supervisión de los detenidos no está a cargo de los jueces sino del Servicio Penitenciario y que ni Torres ni el TOF 5 estaban al tanto de ninguna irregularidad.

“Hicimos decenas de presentaciones en las que alertábamos sobre los beneficios que gozaban Febres y el resto de los genocidas implicados en la causa ESMA y siempre fueron rechazados. Las condiciones de detención no son menores en alguien que está siendo acusado por delitos de lesa humanidad”, indicó Myriam Bregman, abogada de Justicia Ya!, uno de los organismos denunciantes.

¿Quiénes son los responsables de que alguien pudiera envenenar con cianuro a Febres? ¿Por qué el represor vivió casi 9 años en una celda VIP? ¿Por qué la Justicia rechazó las presentaciones que exigían que estuviera en una cárcel común? En busca de alguna respuesta, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, denunciaron en diciembre al juez que instruye la megacausa ESMA y a los miembros del tribunal que llevó adelante el juicio oral contra el ex prefecto hasta que fue asesinado.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ya había relatado la “escandalosa” situación que gozaba el represor detenido en la sede de la Prefectura Zona Delta. Febres tenía una “celda” de más de 40 metros cuadrados dos teléfonos de línea, dos celulares, internet, heladera, DVD y microondas. Contaba con la llave para moverse con comodidad por todo el edificio y durante todo el tiempo que estuvo alojado en esa dependencia recibía visitas sin que se las requise ni registre.

“La sola circunstancia de su carácter de funcionario retirado de la Prefectura resultaba índice suficiente para estimar que su estadía en condición de detenido en el mismo lugar donde prestó servicios con un rango jerárquico sería, cuanto menos, irregular”, denunció la jueza. Y reconstruyó, a partir del testimonio del prefecto Rubén Iglesias, que “ningún funcionario del TOF 5 ni del Juzgado Federal 12 concurrió a la sede de Prefectura a controlar las condiciones de alojamiento de Febres”.

Ni siquiera después de que la Secretaría de Derechos Humanos le remitiera al juez Torres, en octubre de 2007, una denuncia que tres meses antes había recibido de boca de un prefecto en la que se hacía referencia a los enormes beneficios que gozaba.

Ante la denuncia de los organismos, el 12 de junio pasado, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura descartó que Torres y los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado tuvieran algún tipo de responsabilidad.

“Los magistrados no tienen a su cargo la supervisión diaria de las condiciones de detención de los sujetos privados de su libertad, sino el Servicio Penitenciario Federal”, argumentó la comisión presidida por la diputada kirchnerista Diana Conti.

Los consejeros también indicaron que “no existen constancias de que los jueces estuvieran anoticiados de alguna de las irregularidades mencionadas por la jueza Arroyo Salgado, por lo que difícilmente podían adoptar temperamento alguno”.

Sin embargo, los querellantes habían alertado en reiteradas ocasiones –en 2003, 2005 y 2007 al iniciarse el juicio oral– que Febres gozaba de privilegios en su detención y que debía ser trasladado a una cárcel común.

En ese momento, el juez federal no realizó una inspección en el lugar. Tan sólo pidió informes que fueron respondidos por el hoy procesado Iglesias, desmintiendo lo que luego se comprobó.


Página 12 (07/07/08)

EL PAIS › EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EXCULPO AL MAGISTRADO POR LA MUERTE DE FEBRES
“El juez no es la custodia del preso”

La Comisión de Acusación desestimó una denuncia en contra de Sergio Torres y el Tribunal Oral 5. Quejas de las víctimas.

Por Adriana Meyer

A criterio del Consejo de la Magistratura , los jueces no son responsables por lo que pueda sucederles a los presos que están a su disposición para ser juzgados. Así lo estableció la Comisión de Acusación de ese organismo al desestimar la denuncia que habían presentado las víctimas del asesinado Héctor Febres contra el juez Sergio Torres y los jueces del Tribunal Oral Federal 5, que no pudieron dictar sentencia contra este represor de la ESMA porque apareció envenenado cuatro días antes, el 10 de diciembre de 2007. “El juez no es la custodia del detenido”, expresaron los consejeros, y recomendaron al plenario del Consejo que no impulse el proceso de acusación y remoción de estos magistrados ni les aplique sanciones disciplinarias. “Los denunciantes sólo expresan su disconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces cuestionados sobre el lugar de detención del fallecido Héctor Febres”, argumentaron los miembros de esa comisión. En el lugar donde estaba alojado habría sido víctima de sus propios pares, quienes –según estableció la jueza que investigó el caso– lo silenciaron antes de su alegato final.

La noticia se conoció el mismo día de la asunción del nuevo gobierno, y el primer juicio por hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se quedó sin su único imputado. La investigación reveló que el prefecto Febres, alias “Gordo Selva”, detenido en la base que su fuerza tiene en Tigre, disfrutaba de visitas ilimitadas, uso de celulares, computadora, departamento privado y chofer; tenía salidas a veranear en la base naval de Azul y podía utilizar las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso.

Esta situación ya había sido advertida por uno de los querellantes, Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA , acompañado por Justicia Ya!, quienes pidieron el cambio de lugar de detención. Por su parte, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada , Gendarmería y Prefectura. El juez Sergio Torres pidió informes, constató la situación denunciada, pero adujo “riesgos” y negó el pedido de traslado a una unidad penitenciaria. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, Torres esgrimió otro argumento: “El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos”, léase torturas y asesinatos, pondría en riesgo su permanencia en una cárcel común. El juez invocó la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales y fallos de la Corte , y expresó que “el artículo 18 de la Constitución responsabiliza de manera directa al juez que adopte una medida, que aun buscando una finalidad de precaución para el detenido, produzca a éste una mortificación innecesaria”.

Si es así, ¿cómo es posible que la decisión de no trasladarlo, que le causó a Febres la mortificación definitiva de perder la vida, no tenga consecuencias para el magistrado?, se preguntaron las víctimas del represor cuando conocieron la resolución del Consejo.

“Estos privilegios han redundado en el homicidio del imputado por las condiciones de detención inexplicables e inadmisibles, muerte por la cual los señores jueces no pueden dejar de responder, y que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando”, escribieron Adolfo Pérez Esquivel y varios organismos de derechos humanos en su denuncia. Esto fue en diciembre, y dos meses después pidieron que fuera escuchado un integrante de la Prefectura que en julio de 2007 había denunciado las privilegiadas condiciones de detención de Febres en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto tampoco ocurrió.

En su resolución, la Comisión de Disciplina y Acusación dice que “no hay constancias” de esas irregularidades, a pesar de los avisos de los querellantes. Y las pone en duda, cuando dice que “de ser ciertas” tampoco son responsabilidad de los jueces sino “del Servicio Penitenciario o del organismo a cargo de la custodia”. Tal es la evidencia de estas privilegiadas condiciones que la jueza Sandra Arroyo Salgado las calificó de “escandalosas”, y este diario publicó las fotos de Febres en pleno disfrute vacacional en la base de Azul, flotando en una pileta y cabalgando con la familia.

Respecto del TOF 5, dijo la comisión que “a la fecha en que Febres es puesto a disposición de ese tribunal, 28 de marzo de 2006, se encontraba ya alojado en la base de Prefectura, zona Delta”.

“Esto es una barbaridad jurídica, los jueces sí son responsables de los presos que mandaron a detener, lo dice la Constitución y de ahí para abajo todo lo referido al deber de guarda y seguridad de los detenidos. Esto sienta una jurisprudencia terrible también para los presos comunes”, se quejó Myriam Bregman, abogada de Enrique Fukman, otra de las víctimas de Febres.