MUERTE EN EL PENAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Denuncian al juez por irregularidades y piden el cambio de carátula de la causa
Lunes 7 de julio de 2008

Familiares de las víctimas del incendio ocurrido en el Penal de Varones de Santiago del Estero en el cual murieron 38 reclusos, elevaron un reclamo al gobernador Gerardo Zamora para que se modifique la carátula y se transforme de “Información sumaria judicial” en “Sumario delictivo”.
El escrito, presentado el 4 de junio pasado, reseña la situación actual de la causa del Penal de Varones y pone bajo la lupa la actuación del juez Ramón Antonio Tarchini Saavedra, a quien se responsabiliza por distintas irregularidades.
María Josefina y Gladys Noemí Sosa son familiares de dos internos fallecidos el 4 de noviembre de 2007 e integran la conducción de la Central de Trabajadores de la Argentina de esa provincia ocupando el rol de secretarias de Derechos Humanos y de Género, respectivamente.
Las hermanas Sosa estuvieron el jueves pasado en la sede nacional de la CTA, oportunidad en la que se entrevistaron con el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Peidro, y otros dirigentes de la Central para renovar su denuncia por la increíble morosidad que demuestra la investigación de la causa.
En declaraciones formuladas a ACTA, sostuvieron que el juez interviniente “ha mantenido el secreto del sumario impidiendo de este modo el acceso a la causa de los familiares y el conocimiento cabal de los acontecimientos, a tal punto que la demora de permitir el levantamiento del secreto sumarial ha privado a nuestra parte de constituir pruebas irreproducibles que constituyen gravedad institucional y cercenan nuestroi legítimos derechos”.
Para las dirigentes de la CTA santiagueña, por la actitud del magistrado “no hemos podido realizar, a través de nuestros letrados, el pedido de medidas que eran de vital interés para el esclarecimiento, como ser la exhumación de los cadáveres de nuestros familiares a quienes se las ha realizado un simulacro de autopsia”.
Josefina y Gladys Sosa subrayan lo de “simulacro” de autopsia: “Cinco profesionales forenses y luego otros dos que vinieron desde el interior con precisas instrucciones de dar un diagnóstico alejado de la realidad, según el cual todas las muertes habían sido provocadas por asfixia, cuando muchos de nuestros familiares en realidad habían muerto por fracturas, degollados o por balas de plomo y no por lo que aducían los médicos forenses”
Para las hermanas Sosa, que motorizan la organización barrial Madres de Pacará, el juez “ha permitido la inobservancia de la ley, quiso simular lo evidente y dilató con su actuar la instrucción de la causa a través en un principio de la Información sumaria judicial, tendiente a establecer ilícito penal, para luego terminar imputando a parte de los autores y no a las cabezas responsables de los hechos acontecidos en el Penal de Varones”.
Maniobras dilatorias
Otra irregularidad denunciada al gobernador Zamora por los familiares es que “se ha ido realizando un desmantelamiento del Juzgado interviniente a través del desplazamiento sucesivo de los instructores de la causa y sin habilitar la feria judicial para seguir investigando, aunque para el Superior Tribunal de Justicia el caso era de vital importancia”.
Las denunciantes indicaron que la situación se agrava aún más “si pensamos que los reemplazantes, tanto en la feria judicial como actualmente porque el juez Tarchini Saavedra ha salido de vacaciones, son parientes de quién hoy debería estar imputado como principal responsable de la quema del Penal de Varones que fue una masacre deliberada”.
Cabe consignar que entre los 38 fallecidos se encontraban Claudio Corvalán (27 años) y Sergio Herrera (29); sobrinos de Josefina y Gladys Sosa.
Luego de más de seis meses de ocurrido el episodio, el juez ha imputado por “abandono de persona” a diez guardiacárceles y por “homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a tres autoridades del penal.
Insatisfechas con la decisión del magistrado, Josefina y Gladys Sosa anuncian que como querellantes particulares “hemos solicitado la imputación del ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Daniel Daives y del ex subsecretario de ese ministerio, santiago Nasif, por el delito de incumplimientyo de los deberes de funcionario público, por omisión impropia y posición de garante”.
El reclamo de los familiares de las víctimas del incendio en el Penal de Varones de Santiago del Estero, presentado hace más de un mes, aún no ha merecido respuesta alguna por parte del gobernador Zamora.